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En debates políticos, sociales y económicos que recorren el espacio público se desarrolla una peculiar dinámica, en la cual el agresivo manifiesta ser agredido por quien él está agrediendo. Se presenta así un marco de discusión desigual que busca subordinar al otro que piensa diferente. En materia económica, en estos días de inauguración de la 125ª Exposición Rural de Palermo la actividad agropecuaria convoca a una de esas grandes controversias del desarrollo nacional. Con la premisa de “discutir y acordar políticas”, cuatro secretarios de Agricultura de los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Eduardo Duhalde, imitando a sus colegas de Energía de esos gobiernos, se reunieron y emitieron un documento titulado “La agroindustria para el desarrollo argentino: Aportes para una política de Estado”. Esa invitación, que se presenta abierta para pensar el futuro del sector y de la economía, ofrece las siguientes muestras de convivencia con el que tiene ideas distintas a lo largo del documento: “visión arcaica y equivocada”; “concepciones erróneas”; “percepciones erróneas”; “hechos innegables”; “se carece de una visión de largo plazo”; “carece de sustento racional”. Es un marco conceptual con un sesgo de desconsideración que no favorece el intercambio de propuestas, escenario que precisamente reclaman como carencia de a quienes critican. En esas condiciones, es un esfuerzo doble.

Los secretarios de Agricultura Lucio Reca (1983-1986), Marcelo Regúnaga (1991-1993; 2001), Jesús Leguiza (2001) y Rafael Delpech (2002) elaboraron un primer documento conjunto. Claudio Scaletta, en su columna que se publica hoy en el suplemento Cash de economía, señala como un oportuno recordatorio que haber ocupado funciones de gobierno durante esos períodos de profundos desequilibrios macroeconómicos “es un pobre pergamino para argumentar desde la presunta autoridad”. Esos funcionarios escribieron en el último párrafo de las reflexiones finales de un documento de 26 páginas que “el propósito de esta propuesta es dar lugar a un intenso debate sobre la visión y las políticas públicas sectoriales, como instrumento para el de- sarrollo equilibrado y sustentable de Argentina”. La lectura de este plan programático refleja nula autocrítica y una consideración elogiosa a las políticas agropecuarias de la década del noventa, desdeñando cualquier referencia al período alfonsinista pese a que uno de los miembros del club de ex secretarios integró ese gobierno radical.

En términos generales reivindican el modelo agroalimentario y agroindustrial exportador como el adecuado para el desarrollo nacional. Proponen entonces revisar “la visión arcaica y equivocada” que estiman que se ha “incorporado al imaginario popular” respecto de la agricultura. Dicen que ese imaginario popular “no percibe adecuadamente la importancia estratégica de su sistema agroalimentario para el crecimiento económico y social sin subsidios”. Afirman que “la producción agropecuaria ha sido, y es, uno de los pilares de la economía argentina”, pero cargan culpa a circunstancias nacionales e internacionales, que ubican a mediados del siglo (el peronismo), la instalación de una imagen distinta en el pensamiento económico y en la sociedad. Se quejan de que “a la agricultura le quedó reservado el papel de sector dudoso y hasta perjudicial en el escenario político de nuestro desarrollo económico y social”. Consideran, en una insólita posición de víctimas, que es un sector no reconocido pese a ser “el principal conglomerado productivo y altamente competitivo del país en su conjunto y de la mayoría de sus regiones”. Todo eso pese “a todas las dificultades generadas por políticas desacertadas”.

Con la obsesión de trasmitir que el complejo agropecuario es el principal creador de riquezas y de empleo en el país, reiteran ese análisis forzado de las tablas de insumo-producto de las Cuentas Nacionales que señala que el sistema agroalimentario y agroindustrial “genera en forma directa no menos del 20 por ciento del PBI” y “del 20 al 30 por ciento del empleo total del país, según las metodologías de cálculo del empleo indirecto”. Cifras que ya han sido refutadas por investigaciones académicas. Remarcan que “son hechos innegables” que la producción agropecuaria constituye “una de las mejores opciones de crecimiento y desarrollo equilibrado del país”. Carece el documento, sin embargo, de referencias a experiencias internacionales de países desarrollados o de nuevas potencias que hayan alcanzado esa categoría eligiendo esa opción. Insisten con esa idea de proveedor no reconocido al indicar que “el sistema (el campo) ha subsidiado y subsidia al resto de la economía y de la sociedad”, y que la agroindustria incluye a más de 400 mil empresas, en su mayoría pymes.

En un audaz rescate al período menemista, destacan que en 1993-99 “el crecimiento y las nuevas formas de organización de la agricultura implicaron un aumento notable de las inversiones, del área cultivada y la producción, y generaron 200 mil empleos directos adicionales”. No hacen referencia a que ese proceso de expansión motorizó una acelerada concentración de tierras y de producción, además de expulsión de mano de obra rural, como lo reflejan los censos agropecuarios. Además, sumergió a miles de productores en deudas impagables, que muchos padecieron el remate de sus campos en esos años, y otros recién fueron rescatados por el Banco Nación luego del cierre de esa etapa económica celebrada por esos cuatro ex funcionarios. En todo el documento no es mencionada la producción de soja que derivó en el desplazamiento de la ganadería, en la pérdida de puestos de trabajo, la expulsión violenta de sus tierras de campesinos y la transformación del chacarero en rentista por el alquiler de sus campos. El club de ex secretarios de Agricultura convoca el enfrentamiento Agro versus Industria, debate que representantes de ambos sectores dicen que debe ser superado para pasar a un estado de convivencia y complementación productiva. Calculan que “un incremento del 50 por ciento de la producción de cereales y oleaginosas generaría entre 220 y 240 mil empleos en los distintos eslabones de esas cadenas en el término de una década”, para agregar que esa cifra “puede ser contrastada con los 11.000 empleos adicionales que generó la industria automotriz (terminales y autopartes) durante el período 1998-2008, cuando la producción aumentó también 50 por ciento”.

En ese marco conceptual, las políticas propuestas son previsibles:

n La eliminación gradual de las retenciones, definidas como impuestos y no como aranceles a las exportaciones, y su sustitución por los impuestos aplicados al resto de la economía (Ganancias e IVA). No precisaron las medidas necesarias para convencer a los diferentes protagonistas de la cadena agropecuaria de la obligación que tienen con sus actuales compromisos tributarios, que no se destacan por su cumplimiento.

n Eliminar las restricciones a las exportaciones. Estiman que si se liberara el comercio de cereales y oleaginosas, la producción podría aumentar un 50 por ciento y así llegar a los 150 millones de toneladas en una década. No hacen mención a garantizar el abastecimiento interno, lo que hace suponer que el mercado local quedaría subordinado al internacional, tanto por precios como por cantidades disponibles.

n Firmar Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Europa, China, Japón. No desconocen esos ex funcionarios que esa estrategia viola los acuerdos con los países socios del Mercosur. Esto implica romper con el proyecto de integración regional, sin evaluar que países como Chile y México por su asociación de libre comercio con Estados Unidos han padecido un mayor costo económico en la reciente crisis internacional.

Estas medidas, como las observaciones críticas a la intervención estatal en la comercialización interna, son expuestas “a partir de la experiencia acumulada durante nuestra gestiones”, afirman ex secretarios de Agricultura de fuerzas de la oposición. Dicen que se presentan para revisar una “visión arcaica y equivocada”. A ese club se le rompió el espejo.

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