El jefe de Gobierno porteño puede sumar otra causa penal a su ya creciente colección de problemas legales, gracias a una denuncia ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional. El juzgado 34 de ese fuero investiga el potencial incumplimiento de los deberes de funcionario público por violentar una ley del año 2000 que crea un fondo para reparar edificios patrimoniales. Contando lo presupuestado para este año, el gobierno porteño lleva ignorados casi 200 millones de pesos, que terminaron en rentas generales y no en el fondo especial.

La historia, y el delito, comienzan con el nuevo Código de Planeamiento Urbano que la Legislatura porteña aprobó en 2000. El Código es la ley marco que regula nada menos que toda la construcción en Buenos Aires. La reforma de ese año de grave crisis es recordada en particular por haber sido de las más amigables a la industria, permitiendo un gran crecimiento en densidades y alturas que originó el boom de las torres.

Pero el nuevo Código también tuvo un capítulo dedicado al patrimonio edificado. La ley mandaba la creación de un Fondo de Recuperación de Edificios Catalogados, Ferec, que ayudara a restaurar y mantener edificios preservados, con la prioridad de hacer obras para crear vivienda social. De hecho, la idea era tanto reparar con criterios de conservación edificios con otro uso o con ninguno para destinarlos a vivienda popular, como ayudar a restaurar los muchos edificios históricos en mal estado donde ya viven porteños de bajos recursos.

Dado que en 2000 los edificios catalogados eran relativamente pocos, el financiamiento del Fondo era más que generoso. El Código contempla partidas especiales, que deben ser aprobadas cada año, con lo que dependen de las prioridades políticas de cada administración. Pero la Legislatura también agregó recursos “genuinos”, que deberían ser automáticos y no precisan ser votados en el presupuesto de cada año.

Así, el Código indica que el quince por ciento de la recaudación por tasas de delineado y construcción debe ser destinado sin discusión al Ferec. Estas “tasas” son impuestos obligatorios, a pagar de antemano al tramitar los permisos de obra, y son asumidos como costos básicos del mismo comienzo de los trabajos. Calcular el monto recaudado por estas tasas es muy difícil dada la enmarañada manera en que el gobierno porteño publica sus cifras. Pero dos cifras permiten tener una idea de la escala económica del tema:

Q Entre 2000 y 2010, años en que se aplicó el nuevo Código, el boom de la construcción significó que se erigieron 18.500.000 metros cuadrados de edificios nuevos.

Q En el proyecto de Ley de Presupuesto, el mismo gobierno porteño estima que las tasas de delineado y construcción le reportarán 125 millones de pesos.

Si se cumpliera la ley, el Ferec debería recibir sólo 18.725.000 pesos. Otra cifra da una idea de la revolución cultural que significaría cumplir la ley: el Ministerio de Cultura porteño recibe en ese mismo presupuesto 12.216.947 pesos, que se destinan en un 80 por ciento a salarios y gastos fijos. Toda la actividad cultural generada por la Ciudad se paga con menos de tres millones de pesos.

En diciembre del año pasado, un funcionario de la Justicia porteña presentó ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La denuncia detallaba que muchos millones de pesos no habían sido destinados a los objetivos determinados por ley –lo que constituye en sí mismo un delito grave– y que no era aceptable la excusa de que la creación del Ferec no había sido reglamentada por el mismo Poder Ejecutivo que debía aplicarla. Como prueba, se adjuntaba en la denuncia una columna del suplemento m2 de Página/12 publicada el 27 de noviembre.

Uno de los elementos clave es, justamente, delimitar responsabilidades directas en el delito. Mientras que está claro que Mauricio Macri queda involucrado como jefe de Gobierno, la cadena de incumplimientos sigue hacia abajo. Una pista del rumbo es que el único intento de subsanar el problema y dejar de incumplir la ley sucedió en 2006. El entonces subsecretario de Planeamiento Urbano porteño, arquitecto Mario Sabugo, elaboró un proyecto de decreto reglamentando la creación del Fondo. El decreto jamás fue firmado y debe estar guardado en alguna carpeta de alguna computadora.

El actual subsecretario de Planeamiento Urbano, Héctor Lostri, y su jefe y socio comercial en emprendimientos constructivos Daniel Chaín, ministro de Desarrollo Urbano, serían entonces los siguientes eslabones en la cadena. Es que Desarrollo Urbano y sus dependencias son el órgano natural de aplicación del Código de Planeamiento Urbano, y en sus oficinas se recaudan las mismas tasas que deberían alimentar el Ferec.

Queda por determinar la responsabilidad del Ministerio de Cultura porteño, hoy a cargo de Hernán Lombardi, que recibiría recursos del Fondo. Y también si se considera incurridos en incumplimiento también a los que ocuparon la Jefatura de Gobierno desde 2000, Aníbal Ibarra y Jorge Telerman. Quien sea que termine con su nombre en reemplazo del “NN” de la actual carátula, deberá responder ante la Justicia nacional y en lo criminal. Es que el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público figura en el Código Penal de la Nación y alcanza a todo el que en cualquier función “no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.