“Señoras, sobre mi cadáver van a obtener la tenencia de esos niños”, cuentan las Abuelas de Plaza de Mayo que les advirtió la jueza de Lomas de Zamora, Marta Delia Pons, cuando en pleno terrorismo de Estado buscaban a sus nietos, hijos de sus hijos desaparecidos. Pons falleció hace más de diez años, pero su juzgado siguió siendo territorio infranqueable en las investigaciones sobre la apropiación de hijos de desaparecidos, igual que muchos otros tribunales de menores, a pesar de las sospechas sobre su papel esencial en la entrega en guarda de chicos nacidos en cautiverio y arrancados de los brazos de sus padres. Ese disfraz de legalidad que tuvo el plan sistemático de robo de niños empieza a desmoronarse. El emblemático juzgado de Lomas fue allanado dos semanas atrás. De sus oficinas y dos depósitos ubicados en otros edificios, los abogados de Abuelas y un equipo de la fiscalía de Alberto Gentili pudieron rescatar más de mil expedientes dudosos de menores que fueron a parar a hogares o familias adoptivas entre 1976 y 1983 sin que mediara investigación alguna para rastrear a sus familias. El procedimiento pudo realizarse después de muchas resistencias y obstáculos originados en el propio tribunal, que impedían saber siquiera adónde estaban las causas.

Las sospechas sobre el ex juzgado de Pons tienen su génesis en comentarios que la propia magistrada les hacía a las Abuelas en pleno terrorismo de Estado. “Personalmente estoy convencida de que sus hijos eran terroristas. Para mí, terrorista es sinónimo de asesino. Y a los asesinos no pienso devolverles los hijos. Porque no sería justo hacerlo. Porque no sabrían criarlos y porque no tienen derecho tampoco a criarlos”, es una frase que le dijo a una abuela, publicada en el libro Botín de guerra, de Julio E. Nosiglia. Con el correr de los años, se sumó la corroboración de seis casos de menores cuyos padres habían sido secuestrados, a quienes la jueza envió a hogares e institutos.

“Pons directamente los internaba en lugar de buscar a la familia, que es la obligación de todo juez de menores. O si los familiares se presentaban buscando a los niños, ella ponía escollos. Presumimos que si investigamos los expedientes de su juzgado podríamos encontrar a algunos de los 400 chicos que aún no fueron restituidos”, explicó a Página/12 Luciano Hazan, abogado de Abuelas. “También pediremos que se investigue al ex juez Raúl Donadío, que estuvo a cargo del juzgado hasta hace dos meses”, anunció.

La historia de los hijos de Julio Ramírez y la denuncia que ellos mismos harían años más tarde fue la que abrió la puerta para que hoy se estén analizando todos los expedientes que pasaron por el juzgado de Pons. Los chicos (de dos, cuatro y cinco años) fueron llevados al hogar Belén, en Banfield, por orden de la jueza, que los hizo internar como “NN” después de que su madre, Vicenta Orrego, fuera secuestrada en marzo de 1977. El padre estaba preso a disposición del Poder Ejecutivo. La pareja que manejaba el hogar (Manuel Maciel y Dominga Vera de Maciel) les puso a los niños su apellido. Su papá reclamó desde la cárcel que los entregaran a su hermana, Lucila, pero Pons se lo negó. Estuvieron hasta 1983 en el hogar, donde –relataron ante la Justicia– fueron sometidos a abusos sexuales, físicos y psíquicos constantes por parte de Manuel Maciel y de dos militares apodados “Flaco Darío” y “Gordo Marcelo”. Ese año, con un fallo de la Corte Suprema, fueron restituidos a su papá, con quien se fueron a vivir a Suecia. Su mamá está desaparecida. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que Pons mandó a internar a los chicos como NN “a pesar de que conocía sus datos filiatorios” y sus decisiones implicaron “la negación de sus lazos afectivos con su familia biológica” y su complicidad con “el ocultamiento a los menores de su verdadera identidad”.

La causa penal por la sustracción y la supresión de la identidad de los Ramírez no llegó demasiado lejos hasta ahora. Manuel Maciel murió y los militares no fueron identificados. Pero el juez Daniel Rafecas dio pie para que se investigue el papel del tribunal de menores de Pons en el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos. Rafecas fue el primero en toparse con escollos de parte de los herederos del juzgado de Pons. Rara vez contestaron sus pedidos de documentación y expedientes.

Ahora, la investigación está a cargo del juez federal Carlos Alberto Ferreiro Pella y delegada en la fiscalía de Gentili, con el impulso de Abuelas. Pons falleció en 1999, aunque al frente del tribunal ya había quedado en los ochenta Donadío, quien había sido asesor de menores en la misma jurisdicción durante la última dictadura. Desde la segunda mitad del año pasado la fiscalía notificó en buenos términos el pedido de todos los libros y expedientes de entrega en guarda y adopción correspondientes al período del terrorismo de Estado. Las respuestas, relataron allegados a la pesquisa, han sido desde el silencio absoluto hasta excusas como que son causas que no están digitalizadas, lo cual es una obviedad, tratándose de papeles de hace más de treinta años con mínimas chances de estar en buen estado. El intríngulis para dar con los expedientes se destrabó llamativamente después de la renuncia de Donadío, quien se jubiló. Fueron incautadas más de mil carpetas, que están en la fiscalía. Ahora viene la tarea fina de analizar una por una y cruzar datos con casos sospechosos.