El gobierno nacional autorizó otras 450.000 toneladas de trigo para exportación de la cosecha 2010-2011. La medida fue adoptada un día después de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, le reclamase al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, una mayor transparencia en el mercado. Según datos del Ministerio de Agricultura, el saldo autorizado para venderse en el exterior, luego de garantizar el abastecimiento interno, llega a las 8,8 millones de toneladas, teniendo en cuenta el resultado de la actual campaña y un remanente de la anterior. De ese total, los exportadores ya efectuaron compras a futuro por 7,6 millones de toneladas, que fueron distribuidas dentro de la Cámara de Exportadores, en acuerdo con la Secretaría de Comercio. Por otro lado, el Ejecutivo también apuntó contra el mercado en negro.

El cuestionamiento de los productores agropecuarios y de los integrantes de la Mesa de Enlace apunta contra el sistema de comercialización, que les permite a los exportadores realizar operaciones a futuro sin tener la mercadería disponible, y de esa manera congelar la cotización de los granos y evitan pagar el FAS teórico a los productores, que es el precio que publica diariamente el Ministerio de Agricultura. Esta situación es la misma que se vivió a principio de año, cuando la Mesa de Enlace realizó un tenue lockout. Desde la cartera que dirige Julián Domínguez están evaluando la posibilidad de acortar los plazos entre que se cancela una operación y se entrega la mercadería.

La producción de la actual cosecha sería de 14,7 millones de toneladas, a las que se le suman 1,2 millón de la campaña anterior. En total, son 15,9 millones de toneladas disponibles, de las cuales 7,1 millones están reservadas para el mercado interno y el resto formarían parte del saldo exportable (8,8 millones). Según Agricultura, los exportadores ya adelantaron la compra de 7,6 millones de toneladas, al mismo tiempo que los productores tienen sin declarar aproximadamente tres millones de toneladas. “Una vez que las blanqueen, podremos abrir otras 400.000 toneladas”, señalaron a este diario desde el Ejecutivo.

En el Gobierno persisten dos miradas sobre la compleja situación del mercado del trigo. Por un lado existe un reconocimiento de que el sistema de comercialización está liderado por las seis grandes exportadoras (Nidera, Bunge, Cargill, Dreyfus, Noble y ADM), quienes pueden congelar precios y evitar el pago del FAS teórico. Esta es la postura más cercana al Ministerio de Agricultura. Por otro lado, está la visión que apunta hacia el mercado en negro.

En febrero de este año, días después del lockout granario, un alto funcionario del Ministerio de Economía explicó a Página/12 el funcionamiento del mercado informal. “Cuando están cerradas las exportaciones, el precio del cereal en negro es similar al valor de abastecimiento interno, y cuando hay apertura de exportaciones, el trigo en negro puede venderse al precio de exportación. Por eso muchos productores eligen esta modalidad y evitan pagar el Impuesto a las Ganancias y no tienen que declarar cuántas hectáreas poseen”, había explicado la fuente consultada.

Con este análisis, la Secretaría de Comercio Interior realizó un convenio con los grandes jugadores del sector –molinos y exportadores– para que pagasen el precio pleno del trigo e intentar cerrar el circuito en negro. Como contrapartida, los molinos reciben importantes compensaciones (aproximadamente 120 dólares por tonelada) y los grandes exportadores la posibilidad de vender el saldo que queda luego de que el Estado garantice la seguridad alimentaria.

Sin embargo, muchos molinos dejaron de comprar trigo momentáneamente, ya que existe un retraso en el pago de las compensaciones, según indicaron a este diario fuentes oficiales. Por ejemplo, de las 6,5 millones de toneladas destinadas a la molinería, se vendieron solamente 3,9 millones y restan por comercializar 2,6 millones. Los molinos trabajan con stock, por lo tanto no necesitan adquirir el trigo mes a mes, y como tienen garantizado un cupo en concepto de seguridad alimentaria, saben que podrán acceder al grano cuando lo soliciten.

Desde Agricultura tienen intenciones de finalizar con el convenio entre los molinos y los exportadores y reducir el plazo entre que el exportador cierra una venta y el productor le entrega la mercadería, y así favorecer a este último con el pago del FAS teórico al momento de concretar la operación. El otro eje sería aumentar la capacidad de exportación de las cooperativas. Según Domínguez, esto se lograría fijando por ley un mayor cupo de venta para las actuales 1200 cooperativas del sector, que en el marco del Plan Estratégico Agroalimentario podrían ascender a 2000.

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