La decisión que tomó esta semana la Secretaría de Comercio, liberando a la exportación un cupo de 7,5 millones de toneladas de la nueva cosecha de maíz, podría ser la última dentro del actual sistema de comercialización, cuestionado por propios y extraños al Gobierno. El miércoles próximo, el Gobierno recibirá una propuesta conjunta que elevarán representantes de la producción, la molinería, acopiadores y otros eslabones de la cadena para reformular la comercialización del trigo y el maíz. El nuevo sistema reemplazará al actual esquema, en el que los exportadores controlan el mercado mediante los cupos de exportación, por otro que le da el manejo de los excedentes –por encima de las necesidades para el mercado interno– a los productores. La propuesta también contempla la creación de un fideicomiso financiero solventado por el Estado que podrá intervenir en un mercado secundario de certificados de venta, de modo de sostener el precio y evitar maniobras monopólicas en contra del productor. El plan ya cuenta con el visto bueno del Ministerio de Agricultura. El miércoles último, Guillermo Moreno, secretario de Comercio, pidió que le hagan llegar la propuesta para elevársela a la Presidenta, que se prevé que la aprobará en la medida en que garantice el abastecimiento interno, que los técnicos dan por descontado.

En la reunión mensual de la Mesa del Maíz del miércoles último –exportadores, productores de aves y de ganado en corral, molineros, y las secretarías de Agricultura y de Comercio– se había informado la resolución de abrir el cupo de exportación para el maíz de la nueva cosecha –recién se inició la etapa de siembra– por 7,5 millones de toneladas. Esta cifra representa un 50 por ciento más que los 5 millones correspondientes a la apertura del cupo de la temporada anterior. Pero hay que considerar que se hace sobre una cosecha que también se estima un 40 por ciento superior a la anterior (30 millones de toneladas contra 21 millones de la campaña 2010/11).

Este cupo, como los anteriores, se reparte entre las principales exportadoras, con lo cual mantienen el control monopólico del mercado y, por lo tanto, están en condiciones de fijar el precio. Como consecuencia de ello, los productores reciben un precio inferior en 40 dólares por tonelada al que informa Agricultura como valor de referencia.

La corrección a este defecto vendría de la mano de un nuevo sistema de comercialización, inicialmente propuesto por Agricultores Federados (cooperativa ligada a Federación Agraria), que ya logró el consenso de los demás integrantes de la cadena comercial, incluida la demanda. Cada productor, una vez que declare la producción disponible para ofrecer en el mercado, recibiría dos certificados, uno para la venta de los granos al mercado interno (en la proporción de la cosecha que se quiera preservar para consumo local) y otro para venta de libre disponibilidad (para exportación u otro destino). El sistema se aplicaría tanto al maíz como al trigo.

Los especialistas sostienen que el régimen es similar al que existía con la Junta Nacional de Granos, con un stock para consumo y otro para exportación. Para completar el esquema, se creará un fideicomiso financiero con fondos para poder intervenir en el mercado secundario de certificados de libre disponibilidad que se forme, para impedir que se negocien en contra de los intereses de los productores.

Aun quienes se oponían, dentro y fuera del gobierno, terminaron aceptándola como “una solución que sin ser óptima, es la mejor posible”. El miércoles, organizaciones y entidades empresarias harán la presentación formal de la propuesta. En Agricultura ya están convencidos, pero la última palabra es de Cristina.