El gobierno de Mauricio Macri defendió ayer, ante la Corte Suprema de Justicia, los límites temporarios que aplica a la asistencia habitacional a personas sin techo, cuestionó las medidas judiciales que lo obligan a mantener los subsidios al menos hasta que los afectados resuelvan su situación, volvió a quejarse por la “presión de demanda” que, en materia de vivienda, se ejerce en la Ciudad “por efecto de las migraciones”, tanto “de provincias” como “de extranjeros”, y cuestionó la falta de aportes a la Ciudad del Plan Federal de Vivienda, del gobierno nacional. Lo hizo en la audiencia convocada por el máximo tribunal para tratar uno de los 37 litigios que llegaron hasta allí para determinar cómo y durante cuánto tiempo el Estado debe asistir a las personas en situación de calle o a las que están en emergencia habitacional. La gestión PRO estuvo representada por la ministra de Desarrollo Social y vicejefe electa, María Eugenia Vidal, y el procurador, Ramiro Monner Sans.

Para la Corte, éste puede ser un caso testigo. Debe resolver casos similares, planteados por limitaciones para acceder al derecho a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Según datos que aportó la defensora adjunta de la Ciudad, Graciela Chiste, en la audiencia, hay otros 1200 casos en juzgados de primera instancia porteños y otros 200 en Cámara de Apelaciones. Un indicio de que el máximo tribunal, además de expedirse sobre el caso, podría establecer un criterio general, es el tenor de las preguntas a los funcionarios porteños. “¿Entonces, si no se actúa por demanda judicial, se termina el subsidio y la gente queda en la calle?”, preguntó sin rodeos la jueza Elena Highton de Nolasco. La ministra Vidal admitió que era así.

La Corte eligió tal vez el caso más dramático, el que involucra a Sonia Quisbeth Castro, una inmigrante boliviana que vive en el país desde hace once años, y a su hijo de seis, que padece una discapacidad. Ella trabajó en un taller de costura hasta que nació el niño; su pareja no se hizo cargo y la mujer con su hijo quedaron en situación de calle. Estuvo alojada en hogares, paradores y hoteles, hasta que, por la aplicación del decreto 690/06 que fija un límite de diez meses para la asistencia, dejó de percibir un subsidio de 450 pesos, que tampoco le alcanzaba para pagar un hotel. Quedó literalmente en la calle, con su pequeño hijo que por entonces tenía dos años. El chico padece una encefalopatía congénita que le afecta la visión, la audición, la motricidad y, como consecuencia, toda su vida social.

Vivía en Brasil y Pichincha cuando recibió la asistencia legal de la Defensoría del Poder Judicial de la Ciudad. Con su patrocinio logró que la jueza Alejandra Petrella le ordenara al gobierno la renovación de la asistencia. La Ciudad apeló y la Cámara volvió a fallar a favor de Sonia. La gestión PRO, entonces, recurrió al Tribunal Superior de Justicia porteño que, esta vez sí, dictaminó a favor del Ejecutivo, afirmando que la asistencia habitacional no podía ser indefinida. Por esa razón, la Defensoría porteña presentó un recurso extraordinario ante la Corte, en virtud del cual se convocó a la audiencia pública de ayer.

La defensora adjunta, Graciela Chiste, tras hacer una reseña del caso de Sonia, cuestionó “la tergiversación que el Gobierno de la Ciudad hace del derecho a la vivienda cuando da respuestas mediante programas del Ministerio de Desarrollo Social que apuntan a atender contingencias”, como desalojos, que “no constituyen soluciones para personas en situación de pobreza estructural”, como en el caso de Sonia. Relató que el subsidio que recibía la mujer “era insuficiente para el pago de un hotel, ya que los hoteleros suelen subir las tarifas cuando los que concurren son familias con niños” y precisó que tras la demanda la Justicia fijó la suma en 1700 pesos mensuales, después de pedir tres presupuestos. Afirmó que Sonia no tiene posibilidades de tener un trabajo estable, ya que debe atender a su hijo en forma casi permanente. Este año acudió al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), y presentó una solicitud pero le exigían un ingreso de 2000 pesos.

Luego expuso Julián Langevín, defensor oficial ante la Corte, en representación del niño. Contó que visitó el lugar donde vive Sonia con su hijo, “un cuarto de tres metros por tres, sin ventanas, con baño, pero sin cocina ni lugar para jugar. Ambos defensores reclamaron que Sonia y su hijo deben acceder a una vivienda digna. En su defecto, al menos, se le debe mantener el subsidio, con el monto actual, que le permita seguir viviendo bajo techo.

Cuando llegó el turno de los funcionarios porteños, Vidal habló de una “creciente demanda de vivienda” en la ciudad, que atribuyó a que “la población en villas creció en un 20 por ciento, mientras que en toda la ciudad el aumento fue de un 4 por ciento”. Agregó que de acuerdo con el último censo “el 30 por ciento de la población no es oriunda de la ciudad”, que “el 26 por ciento proviene de distintas provincias y el 10 por ciento son extranjeros”. Respecto del caso de Sonia, defendió el cumplimiento de los plazos de diez meses de subsidios, dijo que se le ofreció ir a un parador y que se le otorgó el crédito solicitado, aunque no aclaró sus términos.

Los jueces Juan Carlos Maqueda, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti, presidente del tribunal, efectuaron numerosas preguntas a la funcionaria: si el gobierno porteño equiparaba paradores con viviendas; cómo se compadece el aumento de la demanda de viviendas con la subejecución presupuestaria –en 2010 se gastó sólo el 44 por ciento del dinero previsto para el IVC– y si, ante los límites de los subsidios, a las familias necesitadas no les quedaba otra que judicializar el reclamo.

Vidal respondió que la vía de los amparos representaba “una enorme inequidad con quienes no acceden al sistema judicial”. Probablemente se haya sentido agobiada, ya que, tras contestar la pregunta, dio media vuelta y ya se iba cuando el presidente del tribunal le advirtió que el cuestionario seguía. Fue entonces cuando Lorenzetti deslizó: “Usted dice que no se debe judicializar, que hay bastante judicialización, pero esto indica que hay un problema, que la gente está insatisfecha” con el programa tal como funciona.

Vidal argumentó que la Ciudad es el único distrito del país con “oferta social más amplia” para personas sin techo, admitió que los programas sociales no son sólo de esta gestión sino de gobiernos anteriores, pero advirtió que su vigencia “genera mayor demanda” y reclamo que “el cumplimiento “del derecho (a la vivienda) sea compartido con otras jurisdicciones”, en especial alusión a la Nación. “Pero mientras no se ponen de acuerdo (Nación y Ciudad) hay una situación de inmediatez, la gente recurre a un juez porque no puede esperar”, concluyó el presidente de la Corte. Luego pasó a un cuarto intermedio. Según voceros del tribunal, los ministros no se tomarán demasiado tiempo para dar a conocer su resolución.