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La muerte de cuatro jóvenes de entre apenas 16 y 17 años a raíz de un incendio –presuntamente provocado por ellos mismos– en el lugar donde se hallaban privados de su libertad en Catamarca, por hechos absolutamente leves, nos lleva a reflexionar, una vez más, sobre la problemática de los muchos otros que, como ellos, se encuentran detenidos en instituciones totales.

Seguramente habrá quienes, como tantas veces, intenten minimizar la gravedad de esta tragedia diciendo que se trató de muertes autoprovocadas. Muy lejos de ello. Estas cuatro vidas adolescentes que acabamos de perder son el triste reflejo de una realidad de la que las autoridades estatales deberán –esperemos más temprano que tarde– hacerse cargo.

En la misma Alcaidía de la capital catamarqueña otros jóvenes fueron torturados el año pasado por personal policial. A pesar de haberse iniciado una causa para investigar esos hechos, ninguna autoridad estatal fue imputada hasta ahora.

La tragedia ocurre hacia el final de una semana en la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer oficialmente su informe emitido el 13 de julio de 2011 sobre “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas”, donde instó a los países de la OEA a que tiendan a abolir la privación de la libertad de niñas, niños y adolescentes. Además, exhortó a abolir las prisiones perpetuas aplicadas a menores de 18 años, con o sin libertad condicional. Vale recordar que Argentina fue denunciada por la Defensoría General de la Nación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muy factiblemente resulte condenada en esa sede en los próximos meses.

Mientras tanto, el Estado sigue enviando a prisión a jóvenes fundamentalmente pertenecientes a familias desmembradas, de muy bajos recursos y privados del goce de la mayoría –si no todos– de sus derechos económicos, sociales y culturales. No solamente fracasa en garantizarles el acceso a condiciones de vida dignas sino que, luego, los envía a prisión y, una vez allí, los tortura o los deja morir. Aunque sería bueno que hechos como éste jamás ocurrieran, al menos deberíamos pensar si, a la luz de todas estas evidencias, alguna de las tantas justificaciones que el Estado esgrime para encerrar a nuestros jóvenes se mantienen vigentes o, en cambio, será tiempo de idear verdaderas alternativas donde, desde luego, la privación de la libertad ya no sea una opción.

* Secretario del Programa de DD.HH. de la Defensoría General de la Nación. Secretario general de la Asociación Pensamiento Penal.