La reunión que Sergio Schoklender mantuvo por cinco horas con los diputados opositores en la Cámara baja finalmente fue “reservada”, al menos en el título. El argumento para no abrirle las puertas a la prensa fue la vigencia del secreto de sumario en una de las causas que tienen al ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, donde el invitado de los legisladores es el principal imputado por “lavado de dinero” y “estafa”. Para muchos diputados el relato de Schoklender fue un déjà-vu de todo su prolongado raid mediático previo. El núcleo duro opositor (Peronismo Federal, UCR y PRO), en cambio, dio por ciertos todos los dichos de Schoklender, brindó una rueda de prensa donde afirmó que hay elementos para abrir una comisión investigadora, denunciar otros delitos ante la Justicia y “la actividad ilegal de los servicios de inteligencia del Estado”. También anticiparon que citarán a Hebe de Bonafini y a funcionarios del Gobierno.

Reservada

Schoklender llegó al Congreso poco antes de las diez de la mañana y subió hasta el segundo piso del anexo de la Cámara baja, donde lo esperaban los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, la duhaldista Graciela Camaño, y el de Vivienda, el radical Hipólito Faustinelli. Allí le informaron la decisión que habían adoptado: el encuentro sería “de carácter reservado” para no desafiar la decisión del juez Norberto Oyarbide de prorrogar el secreto de sumario en la causa en la que Schoklender está imputado por lavado de dinero y estafa. Las posturas entre los diputados opositores estaban divididas.

Media hora después, Camaño ordenó abrir las puertas de la sala para dejar tomar algunas imágenes e informarles a los periodistas que no podrían presenciar la reunión. El diputado del Frente Progresista Eduardo Macaluse intentó terciar, preguntó quiénes lo habían decidido y pidió que se vote. Camaño le cerró cualquier camino: le respondió “ya está decidido” y “no permitiré ninguna votación”.

Con la ausencia del oficialismo y sus aliados, en las sillas había sentados apenas una veintena de diputados de los 66 que integran las dos comisiones legislativas. La mayoría pertenecientes al Peronismo Federal, la UCR y el PRO, además de algunos del FAP, la cívica Patricia Bullrich y Jorge Cardelli, de Proyecto Sur. La reunión no contaba con quórum pero sí con directivas precisas.

Parole, parole

Sin Schoklender frente a los periodistas, el relato del ex apoderado de las Madres quedó librado a la interpretación de cada uno de los diputados que asistieron al encuentro. “Quienes dicen que hubo cosas nuevas es porque no siguieron las entrevistas que Schoklender concedió en la última semana. No agregó nada a lo que dijo por TV”, aseguraron algunos de los legisladores que afirmaron haberlo hecho atentamente.

Antes, Macaluse ironizó sobre la convocatoria a un imputado y lo de tratarlo como si fuera un testigo. “Llamar a Schoklender para hablar de viviendas, es como llamar al Gordo Valor para hablar de piratas del asfalto”, señaló. “Si puede mentir ante la propia Justicia para no autoincriminarse, por qué nos va a decir la verdad a no-sotros”, señaló otro diputado, incrédulo de los dichos de Schoklender. Según agregó, el invitado “trató de mostrarse siempre como una víctima” y que “no movió un músculo de más a la hora de responder las acusaciones contra él o deslindar responsabilidades y acusar a otros”.

En cambio, desde el sector opositor que comandó la reunión y brindó luego una rueda de prensa para hacer una evaluación “altamente positiva”, afirmaron todo lo contrario. “Hay funcionarios involucrados en los dichos y en la documentación. Es imprescindible que la Justicia le dé a esta causa el impulso que le debe dar y no el impulso que el Ejecutivo le está fijando”, dijo Camaño ante los periodistas.

El radical Faustinelli insistió con que iban a continuar la investigación e invitarían a Hebe de Bonafini como presidenta de la Fundación, al responsable de Inspección General de Justicia, Marcelo Mamberti; al subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; al subsecretario de Viviendas de la Nación, Luis Bontempo, y, en caso de ser necesario, al secretario de Obras Públicas, José López.

Otro radical, Ricardo Gil Lavedra, afirmó que de los dichos de Schoklender se desprende la posibilidad de una serie de delitos: “Malversación de caudales públicos, administración infiel calificada, una violación grosera en materia de financiamiento electoral”.

Espías y campañas

“Ha quedado absolutamente acreditado el rol de la SIDE en el intento de control y de injerencia en la Justicia. Es gravísimo, es un tema muy, muy fuerte y creemos que los intentos de dormir las causas muestran que los servicios de inteligencia están haciendo una tarea totalmente ilegal”, sentenció Bullrich casi como una jueza. “Ha quedado muy claro que hay operaciones de la SIDE en los dichos del señor Schoklender en cuanto a las posibilidades de que esta investigación no se active antes de las elecciones”, había dicho antes Camaño.

Las intervenciones de Bullrich y Camaño apuntaban al momento en que Schoklender relató que un miembro de la SIDE que –según dijo– envió el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para proponerle que se calme porque lo iban a ayudar en la causa judicial. Aquí, las versiones también difieren de acuerdo con el relato de quienes participaron en la reunión “reservada”. “Lo apretaron en un bar”, decían unos. “El encuentro fue pactado en un bar de la esquina de su casa”, contaban otros.

Lo mismo pasaba sobre el espía que lo habría entrevistado. Algunos afirmaron que había señalado así, con nombre y apellido, a Fernando Pocino. Otros, que cuando le preguntaron por Pocino, se refirió a “ese del balcón”, en referencia a una foto en que el supuesto espía era señalado en una nota periodística cuando de-salojaron las viviendas de Castañares que los obreros había tomado en reclamos de pago de sueldos tras conocerse la intervención de la Justicia sobre el programa Sueños Compartidos.

Las interpretaciones volvieron a cruzarse en otros temas. “Dijo que en la imprenta de las Madres se hicieron los afiches de una campaña difamatoria contra periodistas”, afirmaban los diputados que comandaron la reunión. Otros interpretaron que allí, en realidad, se reprodujeron los argumentos que las Madres utilizaron en “el juicio ético” contra jueces, periodistas y empresarios que “colaboraron” con la dictadura militar y que realizaron públicamente en Plaza de Mayo.

Un mismo personaje, un único relato y diferentes interpretaciones. Queda claro que Schoklender pasó por el Congreso, convenció a algunos, que dijeron ver en sus dichos argumentos para cargar contra el Gobierno, y aburrió a otros, que creyeron que el imputado por lavado de dinero y estafa sólo busca mejorar su situación judicial.