Sorpresivamente, el presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica, convocó a una reunión para debatir los proyectos sobre aborto para el 27 de septiembre, a menos de un mes de las elecciones. Y a la vez presentó una iniciativa que restringe aún más el acceso a la interrupción del embarazo, ya que propone regular los abortos no punibles contemplados en el artículo 86 del Código Penal, pero imponiendo un plazo máximo para realizarlos de 12 semanas, tope que actualmente no existe. La decisión de Vega lo deja prácticamente solo. Ningún bloque pretende avanzar con el debate de un tema tan polémico, que divide a las fuerzas mayoritarias, en el medio de la campaña electoral. Las organizaciones que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito salieron a cuestionarlo por impulsar un texto “más restrictivo”. Ven detrás de esta convocatoria una maniobra para obturar que se avance con la despenalización del aborto.

“El Congreso no trató ni un solo tema conflictivo en un proceso electoral. A todas luces es una trampa”, analizaba ayer una diputada firmante del proyecto de la Campaña, que también está en la Comisión de Legislación Penal. En países donde recientemente se discutió y aprobó la legalización del aborto, como España –y el Distrito Federal en México–, el debate no se pegó a una agenda electoral, señalaba otra legisladora. Este año, por otra parte, no se trató ningún tema de gran trascendencia en el Parlamento.

Vega integra el bloque de la Coalición Cívica, pero es un extrapartidario y en esta convocatoria se cortó solo. A diputadas de la CC les había dicho que haría el llamado a la reunión de Legislación Penal recién después de los comicios del 23 de octubre. En diciembre, Vega se queda sin banca, al culminar su mandato. “Yo termino el 10 de diciembre, gracias a Dios y a los Santos Evangelios”, dijo a este diario. Y continuó: “Quiero que el pueblo argentino sepa cuál es la posición de cada diputado sobre un tema tan lacerante antes de votar. Me parece que es un error decir que en los años electorales no debe haber debates profundos”, desafió Vega. Pero su proyecto no pretende ampliar el acceso al aborto. Y fundamentó su posición así: “No son razones políticas ni religiosas, sino morales. No me convence la despenalización hasta las 12 semanas. Por lo pronto se terminaría con la judicialización”, dijo a este diario. Sus declaraciones sorprenden, porque en privado apoyaba la despenalización en el primer trimestre de gestación.

Vega convocó dos audiencias públicas para debatir sobre aborto, la primera el 30 de noviembre de 2010 y la segunda el 13 de julio último, en las que expusieron como únicas oradoras en cada jornada una experta de la organización internacional Human Right Watch, Marianne Mollman, y la abogada venezolana Luz Patricia Mejía, relatora especial para los Derechos de las Mujeres y para la Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA). Tanto Mollman como Mejía dieron argumentos jurídicos, de salud pública y de derechos humanos que avalaron el proyecto de la Campaña que propone despenalizar y legalizar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación y más allá de ese plazo en algunas circunstancias: si corre riesgo la salud de la mujer, si el embarazo es producto de una violación o en caso de que haya malformaciones graves en el feto. El otro proyecto similar es el del bloque Nuevo Encuentro, que se diferencia solamente en que pone como tope las 14 semanas. Todos los integrantes de Nuevo Encuentro apoyan además el texto de la Campaña.

Al finalizar la segunda jornada pública en la Comisión de Legislación Penal, el 13 de julio, Vega anunció a un grupo de periodistas que tenía previsto llamar a otra reunión similar en los próximos meses, donde hubiera expositores de prestigio como Mollman y Mejía, y mencionó la intención de invitar al ex presidente Tabaré Vázquez, quien durante su mandato vetó una ley que despenalizó el aborto en Uruguay, para “que nos explique por qué lo hizo”. Luego aseguró que la Comisión se abocaría a discutir el proyecto de la Campaña, que es la iniciativa con más respaldo político sobre el tema, ya que cuenta con alrededor de 50 firmas de legisladores de un amplio arco político. Pero apuró los tiempos. Y además, presentó su propia iniciativa, que ingresó a la Cámara baja el 28 de agosto.

Ese proyecto pretende regular la atención de los abortos no punibles y evitar su judicialización, pero termina siendo más restrictivo, porque en el caso de que se trate de un embarazo producto de una violación impone como límite para la interrupción de la gestación un plazo máximo de 12 semanas. Hoy no existe ese tope. “Modificar la redacción del actual artículo 86 del Código Penal es un sinsentido, que no generará ningún cambio en la situación de interferencias provocadas por sectores de Justicia o del sistema de salud”, señaló a Página/12 Estela Díaz, integrante de la Campaña. “El proyecto de Vega y otros que sólo intentan aclarar los alcances del artículo 86 representa un retroceso en el campo de los derechos de las mujeres: no aportan solución para el actual incumplimiento de los abortos legales, tampoco resuelven los problemas relacionados con el aborto clandestino –cada año unas 450 mil mujeres recurren a esa práctica–, y menos aún el de las 3000 mujeres que han muerto desde la reinstauración democrática y el drama para sus familias. Mientras el aborto siga siendo clandestino y, por lo tanto, peligroso para las mujeres más pobres y menos informadas, que no tienen acceso a servicios de calidad, habrá muertes por aborto en nuestro país. La penalización del aborto es ineficaz para prevenir los abortos que prohíbe. Vulnerabiliza injustamente a las más jóvenes, pobres y con menor nivel educativo”, puntualizó Estela Díaz.

El proyecto de la Campaña lleva las firmas de diputados y diputadas del Frente para la Victoria, la UCR, el socialismo, la Coalición Cívica, Nuevo Encuentro, Peronismo Federal y una legisladora del PRO, entre otros.