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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), órgano que controla las normas aplicadas en los países sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, “respaldó los avances alcanzados por la Argentina en la materia”. Así lo informó ayer a Página/12 el ministro de Justicia, Julio Alak, luego de exponer, ante el plenario del organismo en París, los avances respecto del plan de acción aprobado en junio último. El plan fue delineado sobre la base de las recomendaciones que recibió el país por parte del organismo el año pasado y que le valieron pasar a integrar la lista de jurisdicciones con “seguimiento intensivo”. “Hemos avanzado en un 80 por ciento con lo solicitado. Nos quedan deberes por hacer, pero sabemos cuáles son y que vamos bien en esta dirección”, aseguró Alak.

El GAFI difundió el año pasado un duro reporte respecto de la gestión de la Argentina contra operaciones sospechosas de lavado de activos durante el período 2004-2009. En la evaluación se concluyó que el país no cumplía con 47 de las 49 recomendaciones que consideraba necesarias para hacer un seguimiento exhaustivo. El Gobierno presentó un plan de acción, que incluía esos señalamientos, tras lo cual logró un período de gracia hasta este mes para que los pusiera en práctica, mientras se le realizan revisiones trimestrales. La comitiva, encabezada por Alak, expuso ayer los avances realizados. Lo acompañaron el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, y el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena.

“El organismo reconoció el enorme esfuerzo realizado por la Argentina y destacó una vez más el compromiso al más alto nivel político demostrado por el gobierno nacional y la Presidenta”, sostuvo Alak. Según lo informado por el ministro, el intercambio entre los funcionarios argentinos y los representantes del GAFI fue cordial y “no hubo puntos conflictivos”. “Nos reconocieron la trascendencia institucional de las reformas normativas y administrativas llevadas a cabo por el país”. En el primer semestre del año se aprobó en el Congreso una ley que tipifica el lavado como delito autónomo, mientras que a mediados de este mes el Ejecutivo presentó dos proyectos de reforma del Código Penal. La primera de esas iniciativas se refiere a los delitos con finalidad terrorista y financiamiento del terrorismo, y la segunda incorpora las figuras de manipulación de mercado e información privilegiada, entre otras, bajo el título de “delitos contra el orden económico y financiero”.

Estas medidas deberán ser aprobadas antes del próximo encuentro con el GAFI, que será en febrero próximo. “Estamos siempre a contrarreloj –debido al receso parlamentario que se inicia el 30 de noviembre–, pero somos optimistas en que se podrán tratar antes de fin de año”, reconoció Alak.

El GAFI presentará, a más tardar la semana próxima, el diagnóstico para la Argentina. Sin embargo, según Alak, todo parece indicar que no habrá cambios en la condición de la Argentina. El país seguirá bajo “seguimiento intensivo”, pero sin recibir alguna de las sanciones previstas en las recomendaciones especiales del organismo. En tal sentido, el país mantiene la membresía plena y se lo consideró “cooperante”, con lo que las transferencias financieras desde las instituciones locales no requerirán controles adicionales.