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La crisis financiera internacional profundiza su impacto sobre el mercado laboral de las economías avanzadas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que será necesario crear 80 millones de puestos de trabajo durante los próximos dos años para regresar a las tasas de empleo que existían antes de la crisis. Sin embargo, el organismo estimó que dada la reciente desaceleración en el crecimiento global es probable que la economía mundial genere sólo la mitad de ese número de puestos de trabajo. En vísperas de la Cumbre de Presidentes del G-20 en Cannes, Francia, la OIT cuestionó las medidas de ajuste fiscal aplicadas por las economías avanzadas y señaló que el deterioro del panorama laboral y social afecta el crecimiento económico.

“Existe un círculo vicioso en el cual el debilitamiento de la economía tiene repercusiones sobre el empleo y la sociedad, lo que a su vez afecta la inversión real y el consumo. Este proceso debilita aún más la economía, dando paso a una espiral negativa. El consumo doméstico, uno de los principales motores del crecimiento, se ve directamente afectado por las perspectivas de empleo”, explica el organismo que conduce Juan Somavía en el Informe sobre el trabajo en el mundo 2011: Los mercados al servicio del empleo, publicado ayer.

La OIT advierte que “los programas públicos de apoyo al empleo y a los ingresos, que a principios de la crisis mundial habían demostrado ser muy efectivos amortiguando la pérdida de puestos de trabajo, podrían ser reducidos drásticamente debido a las medidas de austeridad fiscal que cada vez más países están adoptando”. En ese sentido, el documento sostiene que un aumento del gasto en políticas activas del mercado laboral de sólo 0,5 por ciento del PIB podría incrementar el empleo entre 0,4 y 0,8 por ciento, dependiendo del país. A su vez el organismo señaló que “mientras que en 2008-2009 se observaba un esfuerzo de coordinación de políticas, sobre todo entre los países del G-20, hoy en día cada país está abocado a actuar de manera aislada. Debido a las cuestiones de competitividad que este fenómeno genera, las políticas se están volviendo más restrictivas, lo cual podría tener consecuencias negativas sobre las medidas de retención de empleos”.

El organismo sostiene que la volatilidad de los precios de los alimentos se duplicó a lo largo del período 2006-2010 en relación con los cinco años anteriores, afectando de esta manera las perspectivas de trabajo decente en los países en desarrollo. Los inversionistas financieros se benefician más de la volatilidad de los precios que los productores de alimentos, en particular los pequeños productores. En ese sentido, el documento recomienda aplicar controles de precios, como hizo Argentina con algunos bienes.