El Gobierno pretende quitarle a las calificadoras internacionales de riesgo el oligopolio del mercado local de las emisiones de deuda, de modo que nuevos actores como universidades, instituciones públicas o entidades profesionales de ciencias económicas también puedan ofrecer el servicio de calificación a las firmas. El Ministerio de Economía está trabajando sobre esa iniciativa, que se plasmaría en un proyecto de ley a presentar antes de fin de año, según el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli. “Existe una necesidad a nivel mundial de ir reduciendo la fuerte dependencia que existe en torno de las calificaciones de riesgo. Esto tiene que ver con el impacto de las fallas de la calificación, el costo de la calificación y el de financiamiento”, señaló el funcionario.

Empresas y gobiernos a nivel municipal, provincial o nacional son clientes cautivos en todo el mundo de las calificadoras de riesgo, mercado dominado por las firmas Standard and Poor’s, Moody’s y Fitch. Si alguna de esas agencias no proporciona su veredicto sobre el nivel de riesgo de un título, los grandes inversores institucionales desechan esa opción.

Sin embargo, las calificadoras no se destacan por su rigurosidad metodológica. Fueron activos partícipes del crecimiento de la burbuja de las hipotecas subprime cuyo estallido provocó el comienzo de la actual crisis internacional: horas antes de la caída del banco Lehman Brothers, las agencias lo continuaban calificando con la nota más alta (AAA), similar a lo acontecido con Enron previo a su gigantesca quiebra. En los países europeos con problemas de deuda, las agencias son cómplices de las presiones de ajuste fiscal.

“Hay una misión muy clara desde el Grupo de los 20, sobre la necesidad de profundizar una transformación de la arquitectura financiera internacional, para evitar que las fallas de mercado y de regulación del pasado terminen en nuevas crisis como la que afrontamos en todo el mundo a partir de 2008”, dijo ayer Vanoli en la reunión anual del Consejo de Reguladores de Valores de las Américas donde participa la CNV. Allí adelantó que el Gobierno busca regular por ley el mercado de la calificación de riesgo. La intención es cambiar la actual normativa de regulación de la oferta pública, basada en la Ley 17.811, que data de 1968 al incorporar un capítulo destinado a las calificadoras.

Según explicaron fuentes oficiales a este diario, “el proyecto amplía el abanico de instituciones que pueden realizar la calificación. Otros actores podrán calificar riesgo, como universidades o entidades profesionales. Eso supondría salir del oligopolio que opera en forma internacional e introducir competencia, que puede hacer bajar los costos de calificación y hacer más atractiva la emisión para las pymes”. En el país operan Standard and Poor’s, Moody’s, Fitch y Evaluadora Latinoamericana. Obtener una calificación no es obligatorio para realizar una emisión, salvo en casos puntuales en que la CNV lo especifique. Sin embargo, otorga un determinado status al título que se pretende vender.

El esquema sobre el que trabaja Economía tendría una importancia relativa en el corto plazo, dado que en otras plazas bursátiles no ha habido modificaciones sustanciales en el modo de calificación. “Esto se está discutiendo en todo el mundo”, responde el titular de la CNV. Sin embargo, la entrada de nuevos actores que califiquen riesgo sí tendría relevancia en la operatoria nacional. La nueva regulación no modificaría la calificación de los títulos de deuda soberana, que no están bajo la órbita de la CNV.

Vanoli también criticó que “los honorarios a las calificadoras sean pagados por los propios emisores que están sujetos a la calificación”, situación que supone la presencia de incentivos perversos. “Las agencias están tentadas de inflar las calificaciones y generan el shopping de calificaciones en proceso de booms, que luego acelera la caída cuando estalla la burbuja.” “A pesar del crecimiento económico de la Argentina, la magnitud de las reservas internacionales en el Banco Central y el bajo peso de la deuda en relación al PBI, las agencias siguen calificando los bonos soberanos con una nota inferior a países con indicadores de solvencia mucho más frágiles”, agregó Vanoli.

Por otro lado, el Ministerio de Economía está trabajando sobre una norma que le permitirá a la CNV suscribir acuerdos multilaterales de intercambio de información bancaria o bursátil con otras entidades reguladoras. Ello responde a una exigencia de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco, por sus siglas en inglés) y del GAFI.