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Presentado alguna vez como la esperanza joven del poskirchnerismo, el salteño Juan Manuel Urtubey confirmó que en cuestiones de la vida cotidiana su apuesta es ser un político distinto que, en principio, va contra las corrientes mayoritarias en la Argentina en materia social. Su cambio de ayer, que supone un cumplimiento parcial y envenenado del fallo de la Corte Suprema sobre el aborto en caso de violación pero ya no una resistencia abierta, revela dos cosas. Una, que sigue pensando lo mismo. Otra, que en derechos civiles la Argentina no permite hacer cualquier cosa.

Anteayer cuestionó a la Corte Suprema y ayer admitió que Salta reglamentará los protocolos de atención, pero que los hospitales requerirán una declaración jurada con participación de funcionarios judiciales.

La voltereta parcial desde la oposición abierta al anuncio de un sistema de trabas dejó sin libreto a su colega de Mendoza, Francisco Pérez, que ayer dijo estar de acuerdo con el Urtubey del miércoles.

“Nosotros nos regulamos por las normas y no podemos ante cada fallo de la Corte estudiar si se aplica una modificación”, dijo ayer Pérez en declaraciones públicas. “El gobernador de Salta ha dicho exactamente lo mismo que yo: no somos competentes nosotros para decidir en este punto. El fallo de la Corte únicamente sentó un precedente frente a otros eventuales pedidos judiciales”, afirmó. Y dijo que “lo que se aplica o deja de aplicar son leyes, no fallos de la Justicia. Nosotros nos regimos por normas”. Sobre el derecho al aborto en general sólo dijo: “Soy pro-vida”.

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, había aclarado que el fallo “sólo interpreta el artículo 86, inciso 2, del Código Penal, vigente desde 1921”.

Urtubey y Pérez pusieron reparos al fallo de la Corte en la misma semana en que 53 diputadas y diputados de todos los bloques se comprometieron a promover no ya la no punibilidad del aborto a las violadas, sino el derecho de las mujeres a un aborto libre, gratuito y seguro.

No es la primera vez que un dirigente salteño se diferencia de una mayoría de la sociedad con una postura sobre derechos civiles. En 2010, dos de los tres senadores salteños votaron en contra de la Ley de Matrimonio Igualitario: Sonia Escudero y Juan Pérez Alsina. Y el tercero, Juan Carlos Romero, se ausentó antes de votar. El diputado salteño Alfredo Olmedo se hizo famoso al declarar: “Yo tengo la boca cerrada y la cola también”.

El gobierno de Salta libra en estos días una batalla judicial en favor de la educación religiosa.

En junio de 2010, la Asociación por los Derechos Civiles patrocinó a un grupo de nueve personas que presentaron un recurso de amparo contra la provincia de Salta. Sostenían que la ley 7546 de Educación Provincial contemplaba la desigualdad y la discriminación. También decían que el artículo 49 de la Constitución salteña es inconstitucional. Dice ese texto que “los padres y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Ante un fallo judicial concesivo pero no tajante, el Estado provincial, a través del fiscal de Estado Ramiro Simón Padrós, elevó un recurso para que el juez aclare y defina el alcance de la medida. Según Padrós, debe mantenerse la posibilidad de rezar en las escuelas, bendecir alimentos, asistir a misa o que los alumnos participen en horario de clases de procesiones o fiestas patronales.

No es difícil imaginar qué instrucciones dará Padrós a los subordinados que deban acompañar a una mujer que declare haber sido violada y se presente al hospital para que le practiquen un aborto seguro.

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