La vicepresidenta de España, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciando el otro ajuste fiscal, además de la medida sobre el biodiésel argentino.
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La vicepresidenta de España, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que su país priorizará el biocombustible europeo sobre el argentino en represalia por la expropiación del 51 por ciento del paquete de YPF en manos de Repsol. La funcionaria confirmó en una conferencia de prensa que ofreció al mediodía, luego de una reunión que mantuvo con el Consejo de Ministros, que aplicará cuotas para el ingreso de biodiésel argentino, que el año pasado representó 1106 millones de dólares. Si bien esa medida se toma en medio de los cruces generados a partir de la expropiación de YPF, data de 2010, por pedido de las cámaras españolas productoras de biodiésel. Fuentes consultadas por este diario coincidieron en que se trata de una respuesta política, con casi nulo impacto económico para la Argentina. “Si el gobierno de España quiere pagar más caro el biocombustible, es una decisión soberana”, respondió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien adelantó que no harán ninguna presentación por este tema ante la Organización Mundial de Comercio. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, dijo que el mercado interno está en condiciones de absorber ese sobrante.

Desde el anuncio de expropiación de YPF, el gobierno español inició una serie de gestiones diplomáticas, con amenazas constantes de aplicar represalias contra la Argentina en el ámbito comercial, energético e industrial. El jefe de Gobierno español, Mariano Rajoy, había señalado que existían medidas estudiadas, pero que no era conveniente revelarlas. Ayer su vice anticipó la primera: el Boletín Oficial del Estado español publicará un decreto para reducir las importaciones de biodiésel procedentes de Argentina. “La iniciativa pretende favorecer a empresas españolas o comunitarias buscando colocarlas en una situación adecuada para poder prestar este biodiésel en condiciones que lo hagan competitivo”, argumentó Sáenz de Santamaría.

El sistema de cuota establece penalizaciones y multas a las empresas que importen el producto a la Argentina en desmedro del que generan países comunitarios y beneficios a las compañías que elijan un proveedor de la región. Sin embargo, la medida, propuesta a Rajoy por su ministro de Industria, José Manuel Soria, no es nueva, sino que había sido redactada en mayo de 2011, tras un estudio previo de más de un año. Había quedado sin efecto luego de que la objetara la Cancillería argentina junto con los ministerios de Planificación y de Agricultura. Según reconocieron a este diario fuentes de Cancillería, “la idea tiene por lo menos dos años y surgió a pedido de las cámaras de hidrocarburos, que anunciaron la construcción de nuevas plantas de producción, a partir de la reforma en la legislación de la Unión Europea”. La Eurozona exigió un mínimo de 10 por ciento de fuentes renovables en combustibles antes de 2020.

La balanza comercial entre ambos países el año pasado fue superavitaria para la Argentina en 1512 millones de dólares, principalmente por las exportaciones de biodiésel, harina de soja y aceite. España es además el quinto destino de exportación del país, con un incremento del 41 por ciento entre 2007 y 2011, que se explica principalmente por los mayores envíos de biodiésel. El año pasado, el 38 por ciento de las exportaciones fueron del biocombustible, con 1106 millones de dólares, según datos del Ministerio de Industria. La harina de soja es el segundo producto exportado, con 550 millones de dólares.

Fuentes oficiales y privadas coincidieron en descartar la posibilidad de un impacto económico para la región. “Una economía que crece a los niveles que lo hace la Argentina puede absorber el volumen de biodiésel que España nos va a dejar de adquirir”, opinó Lorenzino desde Washington, donde participa de la asamblea anual del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Desde el Gobierno también evalúan la posibilidad de que ese remanente pueda ir hacia otros mercados, aunque en el largo plazo prevén que España continuará comprando un volumen equivalente al actual, ya que si decidiera cambiar de proveedor no tiene muchas opciones. En el mundo no existe una gran oferta de soja disponible: Estados Unidos utiliza su producción de biodiésel para autoconsumo y Brasil, que tiene un excedente, tuvo este año una menor producción sojera. La economía española cuenta además con apenas 15 productoras de biodiésel operando actualmente.

Una opción que tiene el país ibérico es importarle a otros en la región, como Holanda o Bélgica, quienes también le compran a Argentina. En ese caso, lo único que habría es una triangulación en la compra de España y de ventas de las grandes cerealeras argentinas. “En ese caso, las que se verían perjudicadas en el corto plazo son la empresas medianas, que tienen algún saldo exportable y tendrán que buscar otro mercado. Las más chicas abastecen el mercado local con un mejor precio”, dijo a este diario Mariano Lamothe, analista de la consultora Abeceb.com. Para las grandes sólo habrá un efecto de muy corto plazo, vinculado con la prima diferencial que pueda aplicar España. Otro interrogante se abre ante un efecto contagio a otros miembros de la Unión Europea, cuyo bloque compra en conjunto a Argentina 1,4 millones de toneladas de biodiésel. “En este caso, el bloque debería importar mayor cantidad de materia prima, que importará como poroto o aceite de soja. Para lo cual, también tendrán que recurrir a la Argentina”, agregó Lamothe.