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El Parlamento Europeo aprobó el jueves pasado una resolución presentada por la mayoría neoliberal que integra ese cuerpo, donde se cuestionó la decisión del gobierno argentino de expropiar el 51 por ciento de las acciones de YPF en poder de Repsol. Los europarlamentarios no tienen poder de decisión en cuanto a las sanciones comunitarias, por eso el texto insta al Consejo y la Comisión Europea a que “adopten cuantas medidas sean necesarias” contra el país, incluida la posibilidad de una suspensión parcial de las preferencias arancelarias unilaterales (SPG). También reclamó a los órganos de la UE llevar adelante medidas ante la OMC por las supuestas “trabas a las importaciones”. Si bien esta resolución nucleó una amplia mayoría, el PE aprobó otra resolución en minoría que destacó la capacidad de la Argentina para adoptar políticas soberanas en temas relacionados con los recursos naturales. En este contexto, el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, le envió una carta al canciller Héctor Timerman en la que expresó su preocupación por la situación.

El PE cuenta con 736 miembros de los 27 países de la UE, elegidos directamente por los ciudadanos. La mayoría de sus integrantes pertenecen a los partidos más conservadores de la región. “El PE pide a la Comisión que responda a esas restricciones (a las importaciones) recurriendo a todas las herramientas apropiadas de resolución de conflictos disponibles en la OMC. Solicita que las autoridades intervengan ante los funcionarios argentinos en defensa del interés comunitario y de la salvaguarda del principio de la seguridad jurídica. E insta a la Comisión Europea y al Consejo a que estudien y adopten en defensa de los intereses europeos cuantas medidas sean necesarias para evitar que se reproduzcan situaciones como las actuales, incluyendo la expulsión parcial de los SGP”, puede leerse en la resolución.

El objetivo de las preferencias arancelarias –establecidas en 1968– fue mejorar la competitividad de las exportaciones de los países en desarrollo en los mercados de los países desarrollados, por medio de aranceles más bajos que los negociados en el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) y, por lo tanto, más bajos que los aranceles correspondientes al trato Nación Más Favorecida (NMF).

“Las importaciones totales bajo las distintas variables de SGP tienen una participación de alrededor del 4 por ciento en las importaciones comunitarias totales, mientras que las importaciones totales originarias de los 178 países con acceso a estas preferencias representan el 53 por ciento del total”, explican Graciela Molle y Ana Laura Zamoran, en su trabajo Argentina y el sistema de preferencias generalizadas de la UE.

¿Cómo es la situación en el país? Para las autoras, la participación de las importaciones preferenciales en el total es “algo menor al 20 por ciento. La mayor parte de las ventas corresponde a posiciones exentas de aranceles y a posiciones que no están incluidas en el SGP”. El documento fue publicado en 2009. Es decir, la amenaza de suspender parcialmente a la Argentina del régimen preferencial no afectaría en gran medida al comercio con la UE. “Es mayor el impacto relativo que tuvo la decisión de Estados Unidos de quitarle a la Argentina unas preferencias, estimadas en 400 millones de dólares”, sostuvo Mauricio Claveri, de la consultora Abeceb. Sin embargo, los españoles hablan de 2400 millones de euros.

En el PE también hay voces a favor de la decisión adoptada por la Argentina. “Se respeta el derecho de todos los países a ejercer su soberanía para administrar sus recursos naturales y para regular sus economías en función del interés público; apoya la decisión del Gobierno de nacionalizar YPF, privatizada como consecuencia de políticas puramente neoliberales”, indicó el grupo parlamentario denominado GUE/NGL. En 2010, el propio Parlamento emitió una resolución en la que sostuvo que “la Declaración de Madrid reconoce, de manera explícita, el principio del derecho soberano de los países a administrar y regular sus recursos nacionales”.

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