El gobierno argentino denunció a España ante la Unión Europea por su decisión de restringir las compras de biodiesel desde la Argentina. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner le hizo llegar una carta al director general de Comercio de la UE, Jean Luc De Marty, en la que expresó su “gran preocupación” por la decisión del gobierno de Mariano Rajoy, justificada oficialmente como respuesta a las barreras a la importación aplicadas por la Argentina, pero que en el fondo respondió a la decisión de recuperar YPF. El Gobierno también señaló la posibilidad de iniciar acciones ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). Las ventas de este biocombustible representan el 30 por ciento del total de las exportaciones a España y el 10 por ciento de las destinadas al bloque regional. Por otro lado, José Manuel García-Margallo, canciller español, reconoció que su gobierno no se opone a la decisión de la Argentina de buscar la “soberanía energética” ni la decisión de expropiación, aunque sí reclamó un pago justo para Repsol.

A través de un comunicado, la Cancillería argentina, a cargo de Héctor Timerman, sostuvo que las medidas adoptadas por el Reino de España “no debieron ser permitidas por la Unión Europea, ya que serían incompatibles con compromisos asumidos por dicho bloque en acuerdos de comercio internacional y con la normativa dictada por la OMC”.

Desde el anuncio de expropiación de YPF, el gobierno español inició una serie de gestiones diplomáticas, con amenazas constantes de aplicar represalias contra la Argentina en el ámbito comercial. Pero como un país particular del bloque no puede aplicar sanciones económicas por su cuenta –es la Comisión de la UE quien las aplica–, decidió suspender las compras de biodiesel para privilegiar a otros compradores.

La balanza comercial entre ambos países resultó, en 2011, superavitaria para la Argentina en 1512 millones de dólares, principalmente por las exportaciones de biodiesel, harina de soja y aceite. El año pasado, el 38 por ciento de las exportaciones lo fueron del biocombustible, con 1106 millones de dólares, según datos del Ministerio de Industria. “Si quieren pagar el biodiesel más caro, allá ellos”, había sido la respuesta de Fernández de Kirchner luego de conocer la decisión española.

La medida de La Moncloa había establecido penalizaciones y multas a las empresas que importasen el producto argentino en desmedro del que generan países comunitarios. La decisión del gobierno de Rajoy no es nueva, sino que había sido redactada en mayo de 2011, tras un estudio previo de más de un año pero que había quedado sin efecto luego de que la objetara la Cancillería argentina. Por eso, la carta enviada al representante de comercio de la UE mencionó que la Argentina ya había realizado gestiones ante España “para evitar la aplicación de una sanción discriminatoria contra países no miembros de la UE, impulsada por las petroleras del bloque”.

Frente a este contexto, la Argentina decidió reclamar ante la UE utilizando argumentos similares a los españoles cuando se conoció el envío del proyecto de ley para recuperar YPF. “Es una medida que discrimina”, indicó la misiva presentada a las autoridades europeas. El reclamo también podría extenderse a la OMC.

Por otro lado, el canciller español, José Manuel García-Margallo, reconoció que su país no discute la decisión de “soberanía energética” adoptada por la Argentina ni la decisión de recuperar YPF a través de un proceso de expropiación. “Yo no discuto la capacidad o posibilidad de Argentina de abogar por la soberanía energética. Me parece un error en el siglo XXI, pero están en su derecho. Tampoco discuto la expropiación si se hace siguiendo el procedimiento establecido en la ley”, indicó Margallo. Pero aclaró que debería haber una “indemnización justa”.