La Legislatura porteña empezó a debatir la reglamentación de los abortos no punibles. Después de cajonear sistemáticamente en los últimos tres años las iniciativas de la oposición que buscaban evitar la judicialización de los casos contemplados en el artículo 86 del Código Penal, el macrismo cambió de posición a la luz del histórico fallo de la Corte Suprema del 13 de marzo y ya presentó tres proyectos. Pero pretende imponer por ley más requisitos que los que estableció el máximo tribunal, para que sea más restrictivo el acceso y exigir a las adolescentes menores de 18 años que soliciten la interrupción legal de embarazo el consentimiento de los padres. Estas son las principales diferencias con la propuesta que impulsan el kirchnerismo, Nuevo Encuentro, la Coalición Cívica, Proyecto Sur y otras fuerzas de la oposición, que han consensuado un texto. “No nos vamos a prestar al juego de aprobar una ley que contenga más exigencias que las que dice el fallo de la Corte, porque sería inconstitucional”, advirtió la diputada Gabriela Alegre, del Frente para la Victoria, al ser consultada por Página/12.

El tema se empezó a tratar hace algunas semanas en la Comisión de Salud de la Legislatura. Ayer, los asesores de los diputados siguieron analizando los distintos proyectos para ver si es posible limar diferencias y llegar a un texto consensuado. Pero hay puntos que para el Frente para la Victoria y sus aliados, por ejemplo, no serían negociables. Después la discusión deberá seguir en la Comisión de Mujer y luego en la de Justicia.

En debate hay cinco proyectos, cuyas principales diferencias son las siguientes:

• El de Alegre y los diputados Laura García Tuñón, Fernando Sánchez, Edgardo Form, María Elena Naddeo, Virginia González Gass y María José Lubertino, entre otros, sigue los lineamientos del fallo de la Corte Suprema. En relación con las menores de edad –un tema que no aborda el fallo de la Corte–, plantea que “será válido el consentimiento (de la paciente) a partir de los 14 años de edad”. Es decir, en esos casos no se requiere autorización de los padres. En los casos de niñas menores de esa edad, el consentimiento será otorgado por su representante legal. En cuanto a los plazos para efectivizar la práctica, plantea que “se debe garantizar la realización del diagnóstico en el menor plazo posible y de las prácticas médicas necesarias para la interrupción segura del embarazo en un plazo no mayor a los 10 (diez) días corridos desde el consentimiento de la mujer o de su representante legal”.

• El macrismo unificó el viernes en un texto las propuestas presentadas por Helio Rebot, por un lado, y Carmen Polledo y Lía Rueda, por el otro. El proyecto apunta a establecer un protocolo de atención, pero con más restricciones que el fallo de la Corte: por ejemplo, le da al médico interviniente la posibilidad de pedir la opinión a un equipo interdisciplinario sobre cada pedido de un aborto no punible. En los casos de menores de 18 años, se requerirá el consentimiento de los padres. No establece ningún plazo para la realización de la práctica. En el caso del permiso previsto en el inciso 1 del artículo 86, que tiene que ver con el riesgo para la salud o la vida de la mujer gestante, exige que se constate que no haya otro “tratamiento alternativo” (el Código Penal dice “si no puede evitarse por otros medios”). También establece que la declaración jurada donde la mujer deje constancia de que fue víctima de violación se firme “con intervención del servicio” (no solo ante el médico tratante, como dice el fallo, sino con alguien más del servicio de obstetricia) y contempla la posibilidad de que en un hospital todos los profesionales de salud se declaren objetores de conciencia (con lo cual la objeción sería institucional y no individual), ante lo cual el Ministerio de Salud tiene que resolver adónde manda a la mujer para que le realicen la práctica.

• Hay otro proyecto del PRO, de José Luis Acevedo y Daniel Lipovetzky, que se presentó en las últimas horas, que busca brindar atención y asistencia a las víctimas de violencia sexual, y que incluye la atención de los abortos no punibles. Pero no se refiere a los casos de aborto cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer.

• La diputada del FpV María Rachid tiene otra propuesta de protocolo, cuya mayor diferencia con los demás es que contempla la sanción a los profesionales de la salud que pongan trabas al acceso al aborto no punible.

• El diputado Alejandro Bodart (MST) propuso directamente la despenalización total del aborto en las primeras 12 semanas de gestación y más allá de ese plazo en los casos contemplados en el Código Penal y cuando hay malformaciones fetales graves.

“Los abortos no punibles son apenas un puñado y la Corte ya desde el 2000 los acepta en caso de anencefalia y ahora en caso de violación. Regular lo que ya está, como consensúan el PRO y los K, no les resuelve nada a las 40.000 mujeres que abortan cada año en la Ciudad. Para avanzar de verdad hay que despenalizar”, señaló Bodart al defender su iniciativa. En realidad, la Legislatura no tiene facultades para reformar el Código Penal.

A pesar de la posición del gobierno de Mauricio Macri a allanar el acceso a los abortos no punibles, en distintos hospitales de la ciudad se vienen practicando desde hace varios años a partir del compromiso de algunos equipos médicos. Hay un protocolo vigente por resolución ministerial, que se firmó durante la gestión de Jorge Telerman, pero es más restrictivo que los lineamientos que estableció el fallo de la Corte, del 13 de marzo.

“En el PRO estamos de acuerdo en que el tema tiene que salir por ley, a la luz del fallo de la Corte Suprema”, dijo ayer a este diario la diputada Polledo, vicepresidenta de la Comisión de Salud. La edad a partir de la cual a las adolescentes se les exige el consentimiento de los padres o tutores es una diferencia que marca una gran brecha entre las propuestas del macrismo y de la oposición (ver aparte). “Llegaremos con un texto consensuado o con dos despachos”, señaló Polledo. En 2010 Polledo fue una de las macristas que pidieron el archivo de los proyectos en las comisiones de Salud y Mujer que habían llegado a tener dictamen en esas comisiones en dos oportunidades. Pero nunca se discutieron en el recinto por la férrea negativa del PRO de avanzar con una ley para garantizar el acceso de la interrupción legal de embarazo en el ámbito porteño. Ahora el macrismo está dispuesto a votar una ley, pero manteniendo barreras para las mujeres que soliciten abortos legales.