El proyecto que el Poder Ejecutivo bonaerense presentó para instaurar en la provincia el sistema de juicio por jurados ya generó polémica: fue cuestionado por las dos asociaciones que lo propusieron. “Ha sido tan deformado con retazos de legislaciones contradictorias que será imposible aplicarlo si se sancionara como se presentó”, indicaron desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). En la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) advirtieron que los jueces podrían desnaturalizar el objeto del proceso si, como dice el proyecto, se les permite plantear al jurado interrogantes previos al veredicto, más allá de las dos preguntas clásicas: ¿es culpable? o ¿es inocente? “Estamos abiertos a debatir porque estas cuestiones no son esenciales para la iniciativa”, indicó a Página/12 César Albarracín, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Seguridad y Justicia bonaerense.

El sistema de juicios por jurado en materia penal, propuesto el viernes pasado a la Legislatura bonaerense, es parecido al vigente en Estados Unidos. Involucra doce jurados civiles, elegidos por sorteo, quienes siguen las audiencias y tras deliberar dan un veredicto, que escriben en un papel y luego lo leen en la audiencia. Luego, el juez determina qué sentencia le corresponde a la persona acusada, es decir, el monto de la pena en el caso de que hubiera condena. Según el proyecto, para los delitos que involucran reclusión perpetua se precisa un acuerdo total de los jurados para que haya un veredicto de culpabilidad; para el resto de los casos se requieren diez votos para una condena.

“En general es un proyecto adelantado, que incluso involucra la igualdad de género en la conformación del jurado, pero tiene serios inconvenientes”, dijo Andrés Harfuch, vicepresidente de la AAJJ y asesor de Inacip. El más importante es que el juez introduzca “interrogantes sobre determinaciones fácticas y probatorias” al jurado, luego de consultar a los abogados de las partes. “En una cultura como la nuestra, donde los jueces tienen tanto poder e injerencia, puede confundir o empañar el proceso”, comentó.

Otro punto de discordia es la inclusión del “jurado estancado”, utilizado en Estados Unidos, donde esta participación de la sociedad civil en la Justicia lleva muchísimos años. Por esta figura se le permite al fiscal o al particular damnificado volver a acusar cuando hay siete votos afirmativos para el veredicto sobre los doce. “Se tiene la mayoría necesaria o se absuelve. Es repudiable la alternativa que plantean”, indicó Héctor Granillo Fernández, titular de la AAJJ. Los jurados deben votar tres veces, según el proyecto enviado, y si siguen estancados “se dispondrá la realización del juicio con otro jurado”. Y si este último jurado no reúne los votos necesarios, el procesado será absuelto.

“Esto viola el principio de in dubio pro reo (en caso de duda, se beneficia al sospechoso). El jurado estancado se usa en otros países y siempre implica un retroceso”, señaló Harfuch. Por otra parte, en el proyecto confeccionado por el Ministerio de Seguridad y Justicia bonaerense también permite que el juez revise y deje sin efecto un veredicto cuando “resulta manifiestamente contrario a la prueba producida en el proceso o fuera incompatible con el sentido en que se votaron los interrogantes” planteados por el juez al jurado. En este supuesto, también se debe conformar otro tribunal.

Que el juez pueda revisar el veredicto, observaron en la AAJJ, es inaceptable porque “se introduce peligrosamente la posibilidad de hacer prevalecer la opinión del juez sobre la del jurado soberano”. Albarracín aseguró que esta cláusula se incluyó para salvaguardar las garantías del imputado. “Puede pasar que haya pruebas de que el acusado sea inocente y haya arbitrariedad en la decisión del jurado. Se va a utilizar en situaciones extraordinarias”, comentó el funcionario bonaerense.

“Se optó por un modelo de jurado clásico; estamos abiertos al debate y a que se planteen modificaciones”, dijo Albarracín al ser consultado sobre otro puntos, como los interrogantes a los jurados. “Sobre esa objeción, creemos que cualquier ciudadano puede hacer una valoración de la prueba”, comentó e insistió en que estas cuestiones “no son esenciales en la estructuración del proyecto”.

De momento, sólo en Córdoba se aplica este modelo, aunque en forma “escabinada”: esto quiere decir que se mezclan jueces y jurados para dar el veredicto. “El tribunal se divide en tres jueces y ocho legos. Uno de los magistrados no vota, salvo en casos que precisen desempate. Es un modelo contraindicado en el mundo, pero fue valioso como experiencia en la Argentina”, dijo Granillo Fernández. En Neuquén se acaba de aprobar el juicio por jurados y en Río Negro está en debate.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó en 2004 y 2006, sin éxito, dos proyectos de alcance nacional para establecer este mecanismo, definido por el titular de AAJJ como “el camino para terminar con la cultura procesal inquisitoria, heredada de la monarquía española”. Mientras los poderes Ejecutivo y Legislativo se integran por la votación popular, agregó, la Justicia sigue siendo un ente que carece de la participación ciudadana: “Y ésa es una de las principales causas de la desconfianza que la sociedad tiene hacia el sistema judicial”.

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