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Los ministros de la Producción, Aníbal Fernández, y de Trabajo, Graciela Camaño, ratificaron ayer ante los gremios aeronáuticos la intención del Gobierno de crear una aerolínea que pueda absorber a los actuales empleados de LAPA y operar algunas de sus rutas. Pero para que el proyecto de crear una compañía con el presunto objetivo de privatizarla en el corto plazo no resulte a priori inviable, el Gobierno prevé otorgarle a la actividad aeronáutica una serie de prerrogativas que aquella paralizada línea privada no pudo conseguir.
Entre las condiciones previstas para poner en marcha la futura compañía estatal figurarían algunas formas de subsidio hasta el momento resistidas por Roberto Lavagna, pero que el ministro de Economía se avendría a considerar. Entre ellas, una subvención para abaratar el precio del combustible aéreo, la modificación de la banda tarifaria para permitir el aumento de pasajes y otra serie de ventajas fiscales contenidas en un proyecto de ley de emergencia aeronáutica que sería enviado al Congreso en los próximos días, quizás antes de la segunda vuelta electoral.
Sin incentivos especiales, la creación de una nueva aerolínea cuando el mercado local e internacional se achica casi al punto de colapso, sería poco sustentable, en particular porque la presunta intención oficial es privatizarla a poco de ponerla en marcha. Lo cierto es que aún otorgándole las prerrogativas previstas tampoco hay certeza de que pueda aparecer algún interesado genuino y solvente.
Todo el trabajo de aquellas carteras y de los gremios se está realizando sobre la hipótesis de que el próximo presidente será Néstor Kirchner y, por lo tanto, que habrá continuidad de políticas. En función de esto, Fernández y Camaño son especialmente cuidadosos de no cometer algún error que entrañe costo político para el oficialismo, por ejemplo, ordenando mediante decreto algo que requiere aprobación parlamentaria.
Con ese argumento, los funcionarios de aquellas carteras justificaron ante los gremios la demora para ejecutar el proyecto, prevista en no menos de dos meses. Pero también en virtud de esos recaudos, Producción prevé convocar a una “audiencia pública”, tal como impone el Código Aeronáutico: en ese encuentro, las otras compañías aéreas que operan en el mercado pueden plantear sus objeciones al proyecto o a las condiciones en que está previsto opere la nueva compañía, convite que seguramente aceptará gustosa Aerolíneas Argentinas.
La nueva empresa se conformaría como una sociedad de derecho privado, a operar sobre la estructura de la reestatizada Intercargo, y además de transportar pasajeros también haría cargas “con aviones de gran porte”, según prometió ayer Fernández. Aún no está claro cómo el Estado la dotará de capital, pero el gobierno ya hizo gestiones para contratar eventuales leasings de aviones, que podrían reforzar la flota de LADE, también a disposición de la nueva firma pública.
Lo cierto es que aún en el caso que esa compañía finalmente no viera la luz, la promesa de reocupar a 870 trabajadores de LAPA tiene para el Gobierno el rédito concreto de evitar un conflicto gremial antes del ballotage. De no mediar esta esperanza, el pleito con los sindicatos sería casi inevitable, a pesar de que la mayoría de sus conducciones simpatizan con la opción Kirchner.