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Cuando el Gobierno dispone medidas económicas de trascendencia genera corrientes de apoyos y rechazos en el momento álgido del debate sobre sus implicancias inmediatas. La expropiación de acciones de YPF fue uno de esos casos. Para algunos ha sido el camino de recuperación de la soberanía energética, y para otros, el avasallamiento de la propiedad privada. Existen costos y beneficios visibles que involucran a protagonistas directos de una iniciativa tan importante. Si sólo fuera eso, la cuestión sería bastante manejable en términos políticos y económicos. Sin embargo, existen impactos no visibles que exceden el hecho en sí, pues alteran relaciones de poder en la economía. Empieza a sucederse entonces una serie de mensajes contundentes del mundo financiero y empresario acerca de que el desplazamiento de un actor del poder económico, en este caso una multinacional española con sus socios financieros, no será gratuito. Y el establishment lo hace notar. Uno de esos mensajes advierte que la economía argentina será pertinazmente cuestionada por agencias y foros internacionales para dejar en claro que pasó a ocupar el lugar de mal ejemplo y que recibirá los consiguientes castigos en el mercado financiero. El objetivo último excede la cuestión argentina, siendo lo principal evitar el efecto contagio.

El atolladero en que se encuentra las economías europeas, en especial las de los países periféricos, y la insistente mención al caso argentino como solución exitosa de la crisis, con default y devaluación (la salida del euro sería equivalente), ha derivado en la profundización de la estrategia de aislar la experiencia argentina, mostrándola como excepción y señalando que ese camino tendría elevados costos para quienes evalúen imitarla. Declaraciones como las del líder de izquierda, segunda fuerza política de Grecia, Alexis Tsipras, elogiando la forma de resolución de la crisis argentina 2001-2002, repetidas por miembros del movimiento de indignados de otros países europeos, ha provocado esa reacción. Más aún cuando dos premio Nobel de Economía, Paul Krugman y Joseph Stiglitz, han ponderado algunas características del sendero argentino para superar la crisis de deuda y de competitividad.

No se trata de una cuestión de conspiraciones o de una confluencia planificada de intereses en contra de Argentina, sino de algo más ordinario, que no es otra cosa que la respuesta del mundo financiero por la afectación de negocios y privilegios, que pretenden preservar, si ya no aquí, en otros países. El objetivo es obturar la posibilidad de emulación de la experiencia argentina, consistente en una política heterodoxa construida a partir de diferentes urgencias que desorienta a más de uno porque ha sido, por ese distintivo comportamiento del kirchnerismo, imprevisible y, a la vez, con resultados positivos.

El control estatal sobre la petrolera nacional YPF, como antes fue la renegociación de la deuda con una elevada quita de capital, el pago al FMI, el fin de las AFJP, usar reservas para pagar deuda, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la administración del comercio exterior y el control sobre la disponibilidad de moneda extranjera, no fueron medidas del agrado del mundo empresario y financiero, local e internacional. Cada una de esas iniciativas tuvo su origen en diferentes urgencias surgidas por la propia dinámica local o por shocks externos, como la crisis económica en Estados Unidos y Europa.

La oposición a esas medidas no se ha limitado a la fuerte crítica en el momento de instrumentarlas, sino que se ha extendido en el tiempo. La fracción del poder económico perjudicada no se ha quedado de brazos cruzados, sino que va cobrando las pérdidas de diversas formas. Una de ellas es la persistente censura a la política económica. En este año se han intensificado las observaciones críticas desde varios frentes del exterior, con la correspondiente amplificación en la plaza local. El voto en contra de potencias económicas para conceder al país créditos del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo. Presentaciones formales ante la Organización Mundial de Comercio por medidas proteccionistas dispuestas por Argentina, acusaciones realizadas por países centrales cuya principal característica es la de tener una política proteccionista de sus mercados. Las presiones para el pago de juicios con fallo en contra en el Ciadi, exigiendo la renuncia a la jurisdicción de la justicia local. También la pretensión de cerrar el capítulo del default con el Club de París en condiciones desventajosas para el país. Las críticas del Banco Mundial al nuevo papel del Banco Central en la economía local, cuestionando la nueva Carta Orgánica que abandonó el postulado neoliberal de independencia del poder político y sumisión al poder financiero. La campaña de desprestigio de la economía argentina por parte de los fondos buitres que quieren cobrar el ciento por ciento del capital, más intereses y punitorios, de bonos de deuda en default no ingresados a las dos rondas del canje.

En esta semana también hubo dos movimientos que parecían coordinados, pero que involuntariamente operaron a destiempo. El lunes, el FMI iba a difundir un comunicado criticando la labor del Indec, observación que finalmente se difundió al día siguiente. En la fecha prevista de esa nota del organismo financiero, la agencia Moody’s Investors Service, cambió la perspectiva de la calificación de los bonos argentinos en moneda local y extranjera de estable a negativa. No hubo ningún hecho puntual en estos días que hubiera merecido el retroceso en esa evaluación. Por el contrario, si esas agencias son contratadas para estudiar la capacidad de repago de la deuda de países y empresas, luego de la cancelación total del Boden 2012, en dólares, y el compromiso de pagar con reservas del Banco Central los próximos vencimientos, incluyendo casi 3500 millones de dólares por el Cupon del PBI a fin de año, la calificación debería haber subido y no bajado. Pero los argumentos de Moody’s revelan la motivación política, más que el análisis sobre la solvencia de las variables macroeconómicas, de la decisión de castigar a la economía argentina.

El reporte explica que la reducción de la calificación fue porque se “tuvo en cuenta recurrentes y crecientes preocupaciones sobre la calidad y la verosimilitud de los datos oficiales, particularmente los índices de inflación y cifras del PIB que continúan divergiendo de los reportados por fuentes del sector privado”. La misma línea argumental expuesta en el comunicado del FMI sobre el Indec, demorado un día su difusión debido a negociaciones políticas entre el gobierno y la conducción del Fondo, perdiendo así la posibilidad del impacto conjunto. Este flanco es el más débil de la posición argentina porque no ha resuelto la crisis de legitimidad de la producción de estadísticas del Indec, y porque, ante el desorden provocado en el sistema nacional de estadísticas, ha caído en la trampa de ganar tiempo de la mano del FMI. Se sabe que el Fondo se muestra inicialmente como un grupo de técnicos amable dispuesto a colaborar, en este caso con asesoramiento técnico para mejorar las estadísticas, para convertirse finalmente en un grupo de lobby del sector financiero.

El contenido del comunicado de Moody’s expresa los motivos de la sanción a la Argentina, al señalar que la mala calificación es por el “persistente entorno de políticas desordenadas, evidenciada entre otras por la nacionalización de YPF, la petrolera más importante de Argentina, sin el pago de una indemnización, y por diversos controles a las importaciones que han provocado un estancamiento del crecimiento económico del país”. Para Moody’s, Argentina se caracteriza “por políticas económicas inconsistentes”.

El mensaje es cristalino. El mundo financiero difunde que la política económica heterodoxa argentina es un mal ejemplo, y los países que la imiten sufrirán el mismo castigo.

El análisis de Moody’s es el insumo necesario para conocer cómo presionan para retener a los países en el corralito de la ortodoxia. Ya se sabe entonces qué debe seguir haciendo el país mal ejemplo. Continuar andando a contramano.

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