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“La Secretaría de Comunicaciones (Secom) y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) accionaron de modo ineficaz e ineficiente respecto del seguimiento y control de las obligaciones de la empresa Nahuelsat”, afirma la Auditoría General de la Nación tras analizar lo actuado en un período que abarca el último año del gobierno de Carlos Menem y los dos años de la Alianza. Nahuelsat es la empresa de capitales extranjeros a la que en 1991 se le adjudicó la provisión, puesta en marcha y operación de un sistema satelital argentino, integrado por dos satélites. El primero (Nahuel C) fue lanzado en enero de 1997, y el segundo (Nahuel F) debería ser colocado en el espacio no después del próximo 19 de octubre. Pero el F faltará a la cita, entre otras razones porque ni siquiera comenzó su construcción, que insume no menos de 27 meses. La gravedad de este incumplimiento reside en que no afectará sólo a la compañía, en manos de un consorcio europeo, sino al país mismo ya que la Argentina corre el riesgo de perder la posición orbital de 81 grados oeste, otorgada en reserva por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
El 27 de noviembre de 1998, la Secom asignó a Nahuelsat el uso de la mencionada posición orbital, previéndose el lanzamiento para octubre de 2003 como máximo. Pero aunque la empresa, que opera el Nahuel C, no presentó el plan de acción –el llamado “camino crítico”, o PERT– que seguiría para cumplir con su compromiso, desde el Estado sólo le fue reclamado con más de ocho meses de demora. Según lo previsto, la Secom debió haber convocado a la compañía para iniciar de inmediato la discusión del Acuerdo Adicional. Así fue establecido en 1991, cuando se prefirió dejar para después del lanzamiento del primer satélite todos los aspectos referidos al segundo. Sin embargo, la Secretaría no hizo nada de esto.
Una de las consecuencias de no haber firmado ese Acuerdo es que el Estado carece ahora de potestad para sancionar a la empresa. Por otro lado, la AGN indica que la CNC, ente regulador del estratégico sector, no realizó ninguna auditoría a la firma, desconocía su situación financiera y patrimonial, y por tanto no podía determinar si cumpliría con los compromisos asumidos. La impresión que tienen los auditores es que los órganos del Poder Ejecutivo recién empezaron a dar algún signo de acción cuando tomaron conciencia de que su conducta estaba siendo examinada por los auditores parlamentarios y de que el informe final les sería muy adverso.
En la Auditoría se menciona que uno de los socios de Nahuelsat, G.E. Capital Global Satellites Inc., ofertó en 2000 proveer y lanzar el artefacto con un valor estimado en 265 millones de dólares, pidiéndole a la Secom que respondiera a su propuesta dentro de los 90 días, pero no recibió ninguna contestación. Los auditores pudieron establecer que, contrariamente a lo que les dijeron en la Secretaría sobre el particular, no se había efectuado en el organismo análisis alguno de la propuesta.
Nahuelsat acaba de pedir a la UIT, a través del Estado argentino, una prórroga hasta octubre de 2005 en la reserva de la posición orbital, pero según sus voceros debe aún conseguir financiamiento de largo plazo –hablan de 15 años– para el proyecto por unos 200 millones de dólares. La empresa, mientras tanto, sigue amenazando con la posibilidad de demandar al Gobierno por rompimiento de contrato a raíz de la pesificación de su contrato.
El Nahuel F, o como termine llamándose, apto para comunicaciones de voz, datos e imágenes, cubrirá toda Latinoamérica, a diferencia del C, que sólo abarca el territorio nacional y porciones de países vecinos. La adjudicación del negocio a Nahuelsat fue considerada “arbitraria y apresurada” en un pronunciamiento de la Cámara de Diputados, dos años y medio atrás. Por iniciativa de la Comisión de Comunicaciones, se pidió entonces declarar de nulidad absoluta e insanable esa adjudicación, pero la iniciativa no prosperó. La controversia, que atravesó sucesivos gobiernos, cae ahora en las manos del de Néstor Kirchner.