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Después de hacer pie en la Unidad de Reestructuración del Sistema Financiero, Roberto Lavagna les apuntó a los bancos públicos. Ayer se refirió al ajuste que deberán hacer esas entidades, aunque en una forma elíptica. Al mismo tiempo, desestimó la privatización de esos bancos. Concretamente, adelantó que aquellos bancos que soliciten mayores plazos para ponerse al día con el Banco Central –básicamente los estatales– estarán obligados a “implementar reformas estructurales”. Esa definición coincidió con la designación de Felisa Miceli al frente del Banco Nación. La funcionaria forma parte del círculo íntimo de Lavagna, una clara señal de que el ministro considera estratégica a esa entidad y quiere tener bajo su estricto control los cambios que allí se produzcan.
En una rueda de prensa, Lavagna fue tajante al responder sobre el futuro de las entidades financieras controladas por el Estado: “Descarten todo lo que tenga que ver con la privatización de la banca pública”, enfatizó. De esta manera, el ministro volvió sobre sus propios pasos: hace unos meses había propiciado la privatización de una pequeña porción del paquete accionario de los bancos estatales a través de una oferta pública en la Bolsa de Comercio. En su momento se mencionó el pase a manos privadas del 10 por ciento del capital de esas instituciones.
Sin embargo, y pese a las últimas declaraciones de Lavagna, la semana pasada Economía dio un paso formal hacia la reestructuración de las entidades financieras públicas. Fue a través de la publicación de una solicitada convocando a un concurso de consultoras para realizar un “diagnóstico integral” de la banca estatal. Ante las resistencias del Ciudad de Buenos Aires y el Provincia, el análisis se iniciará con el Nación. La contratación de la consultora independiente forma parte del acuerdo firmado con el FMI a comienzos de año. La iniciativa generó el rechazo de los empleados del Nación, quienes ya presentaron un recurso de amparo ante la Justicia.
Desde que asumió, Lavagna dejó entrever que su idea era profesionalizar la banca pública: hacerla más eficiente y al servicio del sector productivo. De todas formas, existe una pulseada con los criterios del FMI, organismo que defiende los intereses de los bancos privados extranjeros. Desde Washington se pretende una banca pública que no les haga sombra a los privados y preocupan los últimos datos del sistema financiero: la participación de los bancos estatales en el volumen de depósitos creció del 35 al 44 por ciento, porción ganada a la de los bancos privados, que cedieron 6,3 puntos en el caso de los extranjeros y 2,3 en el de los privados nacionales.
Sobre el futuro de la banca pública, los funcionarios tanto de Economía como del Banco Central fueron cautelosos. Mencionaron algunos datos a tener en cuenta: el 80 por ciento de los gastos del Banco Nación corresponde al pago de salarios. Según los últimos datos oficiales, en la entidad trabajan 16.000 empleados distribuidos en 650 sucursales. “Eso no significa que necesariamente haya una racionalización, pero obliga a diseñar un proceso de reingeniería en las funciones del banco. Saber a cuáles negocios dedicarse y a cuáles no. Esas son decisiones políticas que habrá que tomar rápidamente”, señaló a Página/12 un director del Central. En este contexto, no es casual que Lavagna haya designado a una funcionaria de su más estrecha confianza como presidente del Nación. Un puesto habitualmente reservado para un hombre (o mujer) del Presidente.