El fallo en contra de la Argentina del juez de Nueva York, Thomas Griesa, en el litigio entre el país y los fondos buitre, arrastró ayer los precios de los títulos públicos nominados en dólares y bajo legislación extranjera. El desplome de esos papeles alcanzó al 7 por ciento, principalmente por ventas realizadas en Wall Street, mientras que en la Bolsa porteña las acciones y el resto de los bonos finalizaron en positivo. El fallo de Griesa, que se conoció anteayer, obliga a la Argentina a conformar un depósito de garantía por 1330 millones de dólares, monto equivalente a lo demandado por estos fondos buitre, mientras se aguarda por la decisión de la Cámara de Apelaciones, al tiempo que elevó la propuesta de que se abone a estas entidades especulativas el nominal de sus tenencias en efectivo y en una sola cuota. Los abogados que representan a la Argentina presentarán este lunes la apelación al fallo ante la Cámara, argumentando que la decisión de Griesa atropella las leyes argentinas y genera riesgo sistémico dentro del mecanismo de reestructuración de deuda y de pago de los compromisos con los acreedores.

El fallo de Griesa, en respuesta al pedido de la Cámara, sostiene que la Argentina debe tener el mismo grado de cumplimiento con los bonistas que ingresaron al canje de deuda que con los fondos buitre, que la rechazaron en dos oportunidades. El fallo no hace más que reiterar puntos de la presentación de febrero de NML Capital, propiedad de Paul Singer, en donde se esgrimió una supuesta discriminación del país para con estos fondos, argumento que fue concedido en octubre por la Cámara. Este tribunal solicitó a Griesa que disponga una fórmula para salvar esta “inequidad”, sin que afecte a los bancos intermediarios. Unas 48 horas después de que las partes presentaran sus argumentos, el controvertido magistrado determinó que se liquide en un solo pago, y como parte de un supuesto “panorama excepcional” –ante la negativa explícita del Gobierno a pagarles a los buitres– que se haga un depósito a cuenta junto con el pago del cupón de PIB del 15 de diciembre próximo.

En Wall Street, en las pocas operaciones que se realizaron en una sesión abreviada por el inicio del período de ventas navideñas en los Estados Unidos, los bonos argentinos en dólares con legislación de Nueva York se desplomaron. El Bonar 2017 retrocedió 7 por ciento, mientras que el PAR y el Boden 2015 cedieron ambos un 4 por ciento –con legislación local avanzó 2 por ciento–, el Global 2017 retrocedió un 2 por ciento. De todos modos, las mejoras que se registraron en las emisiones en pesos lograron equilibrar el promedio, dando como resultado incluso una baja en el riesgo país, a 1250 puntos, luego de la escalada de 10 por ciento en la rueda previa. El precio de los cupones evidenciaron la preocupación porque puedan existir trabas para su pago el 15 de diciembre. La emisión en dólares y legislación extranjera bajó 6 por ciento, y bajo ley argentina, 3 por ciento. La serie en pesos subió 0,3 por ciento.

El pago del Global 2017, que se realizará el 2 de diciembre, fue exento en el fallo de Griesa, pero el del cupón de PIB dependerá de la respuesta de la Cámara y de cómo se mueva el bufete de abogados argentinos. El ministro de Economía se mostró confiado en que no habrá problemas para cumplir en tiempo y forma con ese compromiso. La posición argentina recibió apoyo de funcionarios, economistas y representantes de distintos sectores de la actividad privada, aunque alertaron sobre el riesgo que genera esta situación en materia de inversión y crédito. Desde el exterior, el representante legal de la Asociación de Consumidores Bancarios de Italia, Tulio Zembo, señaló que “el gobierno argentino tiene razón” al no querer negociar con los fondos buitre, y consideró que la posición del país en la causa judicial “es correcta”. “Los pagos efectuados por la Argentina en el exterior a favor de los poseedores de bonos no tienen vuelta atrás, no pueden ser pensados como reserva plausible de embargar”, argumentó Zembo.

“Es inaceptable que fondos buitre se lleven como carroña nuestra propia soberanía como país”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. El diputado (FpV) sostuvo que estos fondos “sólo buscan alterar el proceso y no reconocen las condiciones aceptadas por la mayoría, porque su negocio es vivir de la carroña”. “Mientras los principales líderes mundiales están intentando sacar al mundo de las crisis de deuda, estos tipos son la antítesis de una nueva economía con rostro humano que debemos impulsar e instalar como valor”, agregó Domínguez. Por su parte, el diputado por Nuevo Encuentro, Carlos Heller, consideró que el fallo es de una “brutalidad que lo torna absolutamente inviable”. “Parece un fallo de un juez de colonias”, dijo Heller, en sintonía con los dichos de Lorenzino, quien opinó que “se estaría en presencia de un colonialismo judicial”. “Son cosas que exceden notablemente la administración de Justicia, y que le dan cierto aire de tutor de la cosa pública, de ordenador de las conductas”, se explayó Heller.

Desde el sector privado manifestaron su apoyo a lo actuado por el gobierno representantes de la Confederación General Empresaria (Cgera), la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (Aiera) y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme). Más temprano, el titular de la Unión Industrial, José Ignacio de Mendiguren, sostuvo que un fallo adverso para el país implica un “antecedente por el cual no habría más reestructuraciones de deuda”. “La gente se quedaría afuera para pedirles después a los jueces que les den el ciento por ciento”, sostuvo el empresario textil, en sintonía con lo que será la médula de la presentación argentina ante la Cámara.