El ex presidente del grupo Marsans Gerardo Díaz Ferrán, quien administró Aerolíneas Argentinas desde 2001 hasta su expropiación, en 2008, fue detenido ayer en Madrid por presunto blanqueo de capitales y ocultamiento de bienes a sus acreedores mayoristas. La empresa de turismo Marsans adeuda cerca de 45 millones de euros. La causa se remonta a 2010, cuando el empresario y otros nueve imputados vendieron a Posibilitum las acciones de Marsans, con el objetivo de ocultar el patrimonio de la empresa y evitar hacer frente al pago de pagarés a los socios acreedores. Díaz Ferrán enfrenta además otras dos causas ante la Justicia española, una de los cuales se remite a la compra de Aerolíneas Argentinas. El juicio por este último hecho será en febrero próximo. Se lo acusa de malversación de fondos, apropiación ilícita de dinero y hasta de provocar el vaciamiento patrimonial de la compañía aérea, dejando un pasivo de unos 4000 millones de dólares.

La expropiación de Aerolíneas Argentinas, en 2008, se produjo luego de un duro enfrentamiento entre Díaz Ferrán y el gobierno nacional sobre el monto pretendido por el grupo español como resarcimiento. El gobierno ofreció el precio simbólico de un dólar, el mismo valor con el que Díaz Ferrán adquirió la compañía en 2001, situación que todavía está por dirimirse en los tribunales del Ciadi, donde la Argentina argumentó un vaciamiento, producto del desmanejo del grupo durante su gestión, similar a lo que hoy enfrenta por la quiebra de Marsans.

La detención de Díaz Ferrán forma parte de la Operación Crucero, que investiga en varias provincias de ese país la quiebra del grupo turístico español, ocurrida en 2010. En la causa fueron detenidas nueve personas, entre ellas el actual dueño de Nueva Rumasa y de Marsans, Angel de Cabo, a quienes acusan junto a Díaz Ferrán de “supuesto ocultamiento de parte de su patrimonio con el fin de evitar posibles embargos”. La causa comienza cuando los directivos vendieron las acciones de Marsans a la empresa Posibilitum. La operación se realizó presuntamente para ocultar el patrimonio real y evitar hacer frente a los pagarés sin fondos que Marsans venía entregando desde 2009 a sus mayoristas, acumulando una deuda de 45 millones de euros. La investigación sobre el entramado de empresas incluye el envío de exhortos a la Justicia de Liechtenstein, Suiza, Irlanda, Chipre, Panamá y Colombia, con la intención de encontrar el dinero con origen en el vaciamiento patrimonial de empresas como Marsans y AirComet.

El empresario siempre culpó de sus males a la Argentina. Marsans “compró Aerolíneas Argentinas” al precio simbólico de un dólar y recibió de la Sociedad Estatal de Participación Industriales (SEPI) de España, en 2001, un aporte de capital de 753 millones de dólares para reflotar la compañía. Sin embargo, el grupo comandado por Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual (fallecido en junio último) no utilizó el dinero para capitalizar la compañía, sino para adquirir el 90 por ciento de las deudas presentadas al concurso de acreedores en diciembre de 2002, con el objetivo de controlar los derechos de voto. La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España solicitó una pena de dos años por la evasión de 99 millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades, un gravamen por el dinero recibido de la SEPI como “beneficio”.

“Esto es como cuando llevás muchos números de la Lotería; tienes muchas más posibilidades de que te toque que si sólo llevas uno. Bueno, es que como son muchas empresas en las que participo, pues me ha tocado un número malo.” Así se justificaba Díaz Ferrán luego de la quiebra de AirComet, que dejó en tierra a miles de pasajeros sin previo aviso. La empresa presentó bancarrota un año después de que el gobierno de Cristina Kirchner decidiera expropiarle al grupo Marsans la administración de Aerolíneas Argentinas. Las denuncias por vaciamiento del gobierno incluyen la transferencia de combustible, dinero y aeronaves de A A a AirComet. Sin embargo, no hay nada de azaroso en el accionar de Díaz Ferrán, aunque sea cierto que tiene participación en más de una compañía. El empresario de 69 años, además de ser dueño de Aerolíneas Argentinas, Viajes Marsans y AirComet, se desempeñó como presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la cámara patronal más importante del país.

“Nuestros problemas vienen de Argentina”, aseguró el empresario respecto del pedido de la Fiscalía de España, rechazando que haya incurrido en desvío de fondos de la SEPI y desde Aerolíneas Argentinas a AirComet. Para el investigado, todo se debió a un problema de tarifas, que llevó a Aerolíneas a evidenciar constantes pérdidas operacionales, un argumento de uso frecuente en medios periodísticos con cercanía al grupo español. El grupo recurrió al tribunal internacional de arbitraje (Ciadi) para demandar al Estado argentino por la expropiación.

Las cadenas hoteleras AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y del grupo Orizonia denunciaron a Marsans por la apropiación indebida de depósitos de clientes de la agencia para la reserva de viajes, una maniobra similar a la utilizada en Aerolíneas Argentinas, por “sobreventa de pasajes aéreos”. La Oficina Anticorrupción de España aseguró que “el número de acreedores es superior a 10.000”, luego de que Marsans declarara hace dos años el concurso de acreedores, Junto con las detenciones se realizaron dos allanamientos. En el primero, en la casa de Díaz Ferrán, la policía encontró 150.000 euros en metálico y un kilo de oro, equivalente a 43.000 euros, y en la de De Cabo, un millón de euros. En un establecimiento de este último, en el parque industrial de Valencia, los allanamientos dieron con once autos de alta gama; una Ferrari, un Volkswagen Tuareg, cinco Mercedes berlina, un Mercedes-Benz deportivo biplaza, un Mini Cooper, un Audi y un BMW 750.

Pero el bolillero le sigue jugando una mala pasada a Díaz Ferrán, quien fue condenado por el Juzgado en lo Mercantil de Madrid, junto al fallecido Pascual, por la quiebra de la compañía de Seguros Mercurio, inhabilitándolos para administrar bienes ajenos durante los próximos quince años y el pago de 12,1 millones de euros para cubrir las deudas de la aseguradora. La sentencia condenaba además a los ocho administradores de Seguros Mercurio, entre los que se encontraban dos hijos de Díaz Ferrán y otros dos de Pascual. El Juzgado de Madrid además imputó a Díaz Ferrán por la aprobación de un crédito de 26,6 millones de euros que la Caja Madrid concedió al empresario. Siendo aún presidente de CEOE, en diciembre de 2010, fue interrogado como imputado en la operación Mar Blau, como propietario del conglomerado de empresas Trapsayates, que investigaba una presunta trata de concursos amañados a través de la Autoridad Portuaria de Baleares.