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La petrolera española Repsol demandó al Estado argentino por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). En el escrito presentado ante el tribunal del Banco Mundial, la multinacional afirma que el gobierno de Cristina Kirchner violó el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre España y Argentina el 3 de octubre de 1991. Hasta que se concretó la nacionalización, Repsol era el máximo accionista de YPF, con el 57,4 por ciento del capital, una participación que su presidente, Antonio Brufau, valoró en 10.500 millones de dólares. Sin embargo, en la demanda por ahora no hay cifras. La petrolera aclaró que precisará el monto a reclamar en concepto de compensación en los escritos que presentará en el Ciadi una vez que este proceda al registro de la solicitud y se constituya el tribunal de arbitraje, lo que puede llevar de tres a seis meses.

Repsol sostiene que la expropiación violó el acuerdo bilateral de inversiones porque se concretó de manera “ilícita” y “discriminatoria”, ya que no se efectuó oferta pública de adquisición ni se realizó pago alguno y sólo se afectaron las acciones de los españoles. Apenas se intervino la compañía, a mediados de abril, el secretario de Política Económica, Axel Kicillof, cuestionó el monto que ya por entonces reclamaba Repsol y desestimó las críticas por no haber hecho una oferta pública. “Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar la empresa según las reglas de YPF. No les vamos a pagar lo que ellos quieran, esos 10.000 millones de dólares”, sostuvo. “Estamos en condiciones de anticipar que los números que mencionan (en España) sobre el valor de la compañía van a ser revisados a medida que vayamos conociendo los vericuetos y la información secreta que la empresa manejaba”, agregó.

Repsol había enviado en mayo una carta a Cristina Fernández de Kirchner en la que declaraba la existencia de la controversia entre la compañía y el Estado argentino, primer paso para llevar el caso ante el Ciadi. Según el acuerdo mutuo de protección de inversiones, el plazo para resolver discrepancias antes de presentar formalmente la solicitud de arbitraje es de 18 meses, pero Repsol entendió que es de seis, en virtud de una cláusula que le permite acogerse al plazo menor que figure en los tratados similares que Argentina ha firmado con otros países. Los procedimientos ante el Ciadi comprenden una etapa de actuaciones escritas y una fase oral posterior. La constitución del tribunal puede demorar hasta seis meses y el proceso suele tener una duración media de entre tres y seis años a partir de ese momento. Por lo tanto, será el próximo gobierno el que deba responder por la expropiación.

En España saben que los tiempos son largos y no descartan llegar a un acuerdo con el gobierno argentino mientras se lleve adelante el proceso. “Es difícil. Una negociación depende de la voluntad de las dos partes y de que ambas reconozcamos el justo valor de lo expropiado. ¿Soy optimista? Más bien razonablemente realista. Vamos a usar todas las vías jurídicas hasta el límite y acudiremos al Ciadi cuando lo veamos más conveniente, pero la demanda se puede retirar si hay acuerdo”, afirmó Brufau el 18 de noviembre en una entrevista concedida al diario español El País. Fuentes de la empresa reiteraron ayer esta posición.

Repsol además tiene abiertos otros frentes judiciales por la expropiación de YPF; en Argentina interpuso una demanda de inconstitucionalidad y ante la Justicia estadounidense presentó otra por vulneración de la normativa del regulador bursátil de ese país. En España, por su parte, un juzgado mercantil admitió a trámite en noviembre una demanda presentada por la petrolera española contra la estadounidense Chevron al considerar que realizó “competencia desleal” al pactar con el gobierno argentino su participación en el proyecto de Vaca Muerta.