El paro escalonado en los subtes se convirtió ayer, inesperadamente, en un paro prácticamente total cuando un grupo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato enfrentado a los metrodelegados, irrumpió en una de las estaciones al comenzar la jornada de huelgas de tres horas por línea y, alegando querer trabajar, se cruzó con los metrodelegados con gritos, forcejeos y golpes. Los incidentes no resultaron especialmente violentos, pero tuvieron un alto impacto porque fueron transmitidos en directo por la televisión que estaba ahí para cubrir el inicio de la medida de fuerza. Luego, a media mañana, la UTA llamó a un paro general por “falta de seguridad” y bloqueó las vías. Hoy los servicios volverán a funcionar, pero el miércoles los metrodelegados podrían retomar sus medidas.

La posibilidad de que el conflicto reflote es lo más probable, porque aunque los dos sindicatos y Metrovías tuvieron una audiencia en la Secretaría de Trabajo porteña, no llegaron a un acuerdo. Los metrodelegados reclaman que se dé marcha atrás con dos puntos que la empresa arregló con la UTA: uno es un aporte obligatorio de todos los trabajadores al gremio cegetista, consistente en el 1 por ciento de sus sueldos, una medida que resulta especialmente irritativa para los trabajadores porque muchos se fueron de la UTA por no sentirse representados. El otro es que deberán devolver una suma que habían recibido por los diez días caídos de agosto, es decir por los días no trabajados en el último conflicto.

Fuentes de la Subsecretaría de Trabajo porteña que encabeza Ezequiel Sabor aseguraron que hay negociaciones avanzadas para que el aporte compulsivo del uno por ciento a la UTA sea dejado sin efecto, pero no en el segundo punto del reclamo.

El clima en los túneles está enrarecido porque a la disputa entre los dos sindicatos –una pelea histórica, que acompañó los últimos diez años de la vida gremial del sector– ahora se suman nuevos elementos de tensión, de carácter político. El macrismo, que en teoría va a hacerse cargo del subte el 1º de enero, quiere otro modelo de gestión para el principal medio de transporte de la ciudad, y en el proyecto de ley que mandó a la Legislatura recorta el derecho de huelga –declarando al subte como servicio esencial– y habilita la suba en el precio del boleto sin audiencia previa. Esto puso en alerta al gremio de los metrodelegados –la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (Agtsyp)–, que iniciaron una ronda de conversaciones con los bloques de la Legislatura para tratar de frenar el proyecto.

Este es el fondo en el que surgió el nuevo conflicto entre la UTA y la Agtsyp. Hace poco más de una semana, los dos sindicatos reanudaron la negociación paritaria del 2012, que no había podido ser cerrada porque el Gobierno de la Ciudad no aceptaba el traspaso del subte. La semana pasada, cuando la discusión paritaria parecía a un paso de llegar a un acuerdo, Metrovías y la UTA firmaron, con el aval de la Secretaría de Trabajo porteña, el acuerdo que perjudicó a los metrodelegados, con la cuota “solidaria” del uno por ciento para la UTA y la cláusula por la cual los trabajadores debieron devolver la suma fija, que había sido conseguida por la Asociación Gremial.

Así las cosas, la Agtsyp inició el plan de lucha con los paros escalonados de tres horas por línea, una modalidad que busca afectar menos a los pasajeros. Ayer, cuando los de la UTA aparecieron en la estación Congreso de Tucumán para romper la medida (ver aparte), comenzaba el tercer día de paros escalonados.

La trifulca obligó a actuar a la Policía Federal, que hizo un cordón para tratar de que las cosas no pasaran a mayores, mientras los de la UTA trataban de ganar el terreno para poner en marcha los trenes y los metrodelegados sostenían el paro. Como la duración de la medida era sólo de tres horas, pronto el enfrentamiento dejó de tener sentido, pero el grupo de la UTA se trasladó a la línea donde tocaba el siguiente turno de paro, la A, mientras el titular del sindicato, Roberto Fernández, anunciaba que iban al paro total por falta de “seguridad”.

“Los metrodelegados no le permiten a nadie trabajar”, fue el argumento del dirigente, que acusó a sus adversarios en la interna gremial de querer “manejar el subte con artimañas”.

La Subsecretaría de Trabajo porteña llamó entonces a las partes a una audiencia –estuvieron Metrovías, un funcionario de Hacienda del Gobierno de la Ciudad y representantes de los dos gremios, aunque en oficinas separadas– y dictó la conciliación obligatoria, que fue acatada sólo por la UTA. De todas maneras, voceros de Metrovías aseguraron que durante la mayor parte del día sólo funcionaron servicios limitados en las líneas D y E. En un comunicado de prensa, la concesionaria repudió “los hechos de violencia” que, dijo, “afectan a todos por igual”.

Sobre cómo seguirán las cosas, la Agtsyp anticipó que si bien hoy no hará paros escalonados, decidirá en un plenario de delegados cómo seguir. Néstor Segovia, secretario adjunto de los metrodelegados, aseguró que el criterio es retomar las medidas. “Lo de la UTA es un circo que no va a poder sostener. El conflicto sigue hasta que se revise el acta firmada por ese gremio a espaldas de los trabajadores”, sostuvo Segovia.

Si votan continuar con el plan de lucha, lo harán desconociendo la conciliación obligatoria. Desde el macrismo anticiparon que la Subsecretaría de Trabajo evalúa sanciones para el gremio. En el conflicto anterior, la cartera de Sabor llegó a pedir incluso al Ministerio de Trabajo de la Nación que se les quitara a los metrodelegados el reconocimiento legal, y ayer el subsecretario recordó que la Agtsyp no tiene personería gremial, sino que sólo es un sindicato libremente inscripto. “Los metrodelegados no tienen personería para negociar paritarias y salarios”, remarcó en este sentido.

Aunque la UTA y la Agtsyp tienen una larga historia como adversarios en la interna del subte, el voltaje de este conflicto no se veía desde la época en que los metrodelegados se escindieron de la UTA para crear un nuevo gremio. El titular de la Asociación, Roberto Pianelli, acusó al macrismo de “entrometerse en las internas gremiales” y aseguró que sus funcionarios colaboraron para que estallara el conflicto al cerrar la paritaria con la UTA con cláusulas a la baja.