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“La medida anunciada por el Poder Ejecutivo constituye un claro ataque a la propiedad privada, un avasallamiento a los derechos plasmados en nuestra Constitución Nacional y es también una fuerte agresión al campo en su conjunto”, disparó ayer la Sociedad Rural. La entidad ruralista rechazó el decreto que dispone la nulidad de la compra del predio ferial de Palermo, sosteniendo que fue realizada conforme a derecho, hace más de 20 años, y que ocupa desde 1875.

El documento sostiene que esta medida se utiliza para “intentar acallar aquellas voces que piensan diferente”. “Se utiliza para esto organismos estatales con el objetivo de amedrentar a periodistas, jueces y dirigentes sociales, gremiales y políticos”, denuncia la entidad que en 2008 realizó el mayor lockout en la historia del país para evitar que se aplique un esquema de retenciones móviles.

“El 80 por ciento del precio ya fue pagado. El saldo remanente por el pago del predio fue informado por el jefe de Gabinete con cifras absolutamente inexactas. La Sociedad Rural Argentina no ha transgredido ninguna ley y ha sostenido y crecido su actividad en el predio en cantidad y calidad en beneficio del campo argentino, la ciudad y el país”, señala el comunicado. Según la entidad, la compra del predio “fue realizada respetando estrictamente el marco legal vigente y los procedimientos de valuación y venta de activos del Estado”.

“La venta directa estuvo encuadrada en las disposiciones aplicables a propiedades históricamente ocupadas y utilizadas por instituciones existentes”, señala la SRA, que adquirió el predio durante el menemismo.

“La venta incluyó obligaciones y restricciones significativas”, agrega. Según explica, la entidad se comprometió legalmente “a construir modernas y avanzadas instalaciones para ferias internacionales, las que están hoy a la vista”, y sostiene que estas obras demandaron “cuantiosas inversiones que superaron los 100 millones de dólares”.

“Además, se obligó a conservar y a rehabilitar los pabellones históricos y a ceder una parte de la recaudación al gobierno nacional, que fue siempre cumplida. Por eso, el decreto 2552 constituye una aberración jurídica que deberá ser dirimida en los tribunales de la Nación”, agrega. “Esta medida se enmarca dentro de un sistemático ataque a nuestra institución que debe interpretarse como un ataque al sector productivo en general y al campo en particular”, concluye.