”Se movió el tablero.” El hasta hace poco inconmovible esquema de poder del sistema financiero mundial, con países sometidos y grupos económicos dominantes, parecería haber perdido su status de “verdad absoluta e incuestionable”. La derrota de los fondos buitre en los tribunales de Hamburgo, que posibilitó el regreso de la Fragata Libertad a puertos argentinos, se dio en paralelo a un insólito alineamiento de sectores políticos y económicos del lado argentino en la disputa que se dirime en los tribunales de Nueva York, frente al mismo adversario. La frase del inicio, “se movió el tablero”, es una expresión coincidente en la opinión de especialistas en derecho económico tanto del país como del exterior, que siguen con atención este proceso que protagoniza Argentina y que podría derivar en cambios profundos en la organización financiera internacional. Nueva York, pero también Santiago (Chile), Quito (Ecuador) y Buenos Aires podrían ser escenarios de pasos importantes que estarían por darse, en ese sentido.

Las perspectivas para una solución favorable para Argentina en los tribunales de Nueva York cuentan hoy con muchas más chances que 45 días atrás, cuando una corte de apelaciones ratificaba el fallo del juez Thomas Griesa a favor de la pretensión de dos fondos buitre y, simplemente, accedía a suspender la medida para prorrogar su aplicación. Argentina estuvo a punto de ser declarada en default técnico, por el embargo que podría haberles impuesto un tribunal a los fondos que dispusiera para pagar los vencimientos de diciembre a los bonistas que adhirieron al canje.

Desde aquel momento dramático (primeros días de diciembre) al actual, varias son las cuestiones que se han movido de lugar. “En aquel momento hubo una decisión del juez Griesa influida por factores políticos, que siempre pesan, incluso dentro de la legalidad. En ese momento, el peso político estaba a favor de los buitres y en contra de Argentina”, repasa Tullio Zembo, abogado italiano que patrocinó a bonistas de su país en la demanda inicial contra Argentina tras el default, pero que terminaron aceptando el canje. “Hoy la situación política es otra. En principio, el tribunal aceptó que se expresaran las terceras partes, las que denunciamos el efecto muy dañino que tendría el fallo a favor de que los fondos buitres cobren el 100 por ciento de lo demandado”, señala. Un segundo aspecto que Zembo evalúa que juega a favor de Argentina es que, “por razones legales, y por lo que indica la jurisprudencia, con más tiempo de análisis es improbable que pudiera sostenerse un fallo tan absurdo como el dictado en primera instancia”. Y un tercer aspecto, “fundamental en este proceso”, es que al haber ofrecido una tercera oportunidad de canje, Argentina pone en manos del juez “una opción distinta al todo o nada, al 100 por ciento o cero, que tenía en primera instancia; una opción realmente respetuosa del pari passu, y una posibilidad de decir que cambia el fallo porque algo ha cambiado”.

Cuando el 25 de enero los fondos buitre NML y Aurelius deban presentar su argumentación para sostener el reclamo de cobro del 100 por ciento del valor nominal de los bonos más los intereses, también tendrán en la cuenta la reversión de aquel fallo que los beneficiara en Ghana con el embargo de la Fragata Libertad. No es lo mismo que hubieran pedido un embargo y habría sido rechazado, que haber conseguido el embargo durante sesenta días, pero al costo de abrir un debate internacional en el que su forma de proceder y el mecanismo del sistema financiero que les dio origen quedó bajo cuestionamiento. Esta discusión ahora también pesa en la decisión del tribunal neoyorquino, junto a la presión de opiniones en contra del fallo de Griesa como las del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos, de la Reserva Federal, del Bank of New York Mellon, de cámara de compensaciones, instituciones financieras y hasta de otros fondos buitre.

Los alcances de esta discusión son, a esta altura, impredecibles. En forma simultánea, tanto en Argentina como en Ecuador se está agitando la idea de hacer un cuestionamiento de fondo a los acuerdos y tratados que impusieron, en décadas pasadas, la renuncia a la soberanía jurídica en los países dependientes. “No es suficiente denunciar los tratados, hay que anularlos”, se animó a proclamar Rafael Correa, presidente de Ecuador, en la más reciente cumbre presidencial del Mercosur. Fue un guiño al gobierno argentino que, como el de Correa, trabaja en un proyecto para buscar romper esas ataduras.

La referencia es tanto a las renuncias de soberanía jurisdiccional a favor de tribunales extranjeros en casos de emisión de títulos de deuda, como a las cláusulas en el mismo sentido de los tratados bilaterales de inversión y la adhesión al Ciadi como tribunal de arbitraje para las controversias por inversiones. En el caso de Argentina, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat trabaja en un anteproyecto de ley para declarar la nulidad de todo contrato que someta la resolución de conflictos a un tribunal extranjero o supranacional.

“El proyecto apunta a la anulación del artículo 1 del Código Civil y Comercial, que faculta al Estado a someterse a una ley extranjera para lograr inversiones o préstamos; esa fue una modificación introducida por José Alfredo Martínez de Hoz para someter al país a la ley del Estado de Nueva York”, explicó Barcesat. El sustento del reclamo de nulidad es el artículo 27 de la Constitución nacional, según el cual no puede firmarse ningún acuerdo o tratado que afecte los intereses nacionales.

El gobierno de Ecuador trabaja en un proyecto en igual sentido. En Santiago de Chile, cuando el 28 de enero se haga la próxima cumbre de Unasur, es factible que se proponga un pronunciamiento conjunto en contra de la pérdida de soberanía de los países por cesión de jurisdicción.

El tablero se movió. Las piezas ya no volverán a estar en el mismo sitio.