La informalidad laboral alcanzó al 34,6 por ciento de los asalariados en el último trimestre de 2012. Aunque la incidencia de la precariedad laboral es elevada, el último dato oficial evidencia que durante un año de fuerte desaceleración económica la degradación de las condiciones laborales no funcionó como una variable de ajuste relevante. Las cifras del Indec reflejan un leve incremento de 0,2 punto frente al mismo período del año anterior y una reducción de 0,9 si se lo compara con el período julio-septiembre del año pasado. Si se incluyera al sector rural, trabajadores autogestionados y trabajadores de casas particulares, no relevados por la encuesta del organismo estadístico, el número de empleo no registrado sería mayor. En la actividad agropecuaria, según los últimos datos de la cartera laboral, la no registración alcanza al 77 por ciento de los asalariados y entre las trabajadoras del servicio doméstico llega al 85 por ciento del total. El Ministerio de Trabajo impulsará este año un conjunto de políticas para enfrentar los elevados y persistentes niveles de empleo precario.

Después de una década de sostenido crecimiento económico y marcada mejora de los indicadores sociolaborales, el empleo no registrado permanece en niveles altos. De la mano de la desregulación y la flexibilización laboral, la tasa de empleo no registrado llegó hasta el 50 por ciento en 2003, su máximo histórico. Desde entonces se redujo alrededor de 14 puntos porcentuales, pero en los últimos años las mejoras se estancaron.

La investigadora del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del Conicet Florencia Medici explica que “la tercerización y contratación de mano de obra no registrada fue un fenómeno generalizado para reducir el costo de producción, disciplinar a la fuerza de trabajo y transferir los riesgos a terceros, sobre todo en las empresas más débiles de la cadena de valor”. La economista destaca que “en la última década hubo una reversión de este proceso gracias a una activa participación del Estado en el otorgamiento de derechos indispensables para reducir las brechas social y económica entre quienes pueden acceder a los beneficios salariales y laborales que ofrece el sistema productivo y los que no”. No obstante, Medici advierte que “todavía quedan instaladas diversas estructuras de organización de la producción apoyadas en la tercerización, la subcontratación y el no registro. Incluso la pérdida de conciencia de los asalariados ante la individualización de los contratos laborales.”

El Ministerio de Trabajo tiene listo un plan integral para abordar la problemática, que contempla un fuerte incremento de la fiscalización y un abordaje específico para los sectores más vulnerables de servicio doméstico, trabajo agrario y trabajadores autogestionados –de hecho, el nuevo Estatuto del Peón Rural y la flamante Ley del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares ofrecen herramientas para comenzar a trabajar en ese camino–. Además, reforzará los incentivos económicos para que los empleadores, principales responsables de las condiciones precarias de empleo, formalicen a sus asalariados. La iniciativa será presentada en los próximos meses.

El plan no tendrá metas explícitas, pero en el Gobierno entienden que un resultado “más que aceptable” sería lograr una reducción de un punto porcentual del empleo en negro por año. En el equipo económico, y desde distintos organismos internacionales especializados, advierten que por más complejo y abarcador que sea el plan, para obtener mejoras es necesario que la actividad económica repunte en forma sostenida y dinamice el mercado de trabajo.