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El gobierno nacional definió ayer la nueva estructura organizativa de la Unidad de Información Financiera (UIF). Su titular, actualmente José Sbattella, pasa a tener rango de secretario de Estado. Según los considerandos del decreto, se establecen estos cambios con el objetivo de dotar a la UIF de una organización que le permita “alcanzar los objetivos de su creación, la coordinación con distintos organismos nacionales e internacionales en todo el territorio nacional y un adecuado sistema de control interno”. La medida amplía el poder de policía de este organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sbattella debe aprobar en un plazo de noventa días el proyecto de estructura organizativa correspondiente a las aperturas inferiores.

En el entorno de Sbattella aclararon que esta ampliación de facultades del organismo obedece a un pedido realizado por la UIF cuando se aprobaron los cambios en la ley contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a mediados de 2011. No obstante, el nuevo esquema se conoce luego de que la entidad fuera denunciada por supuesto encubrimiento de reportes de operaciones sospechosas (ROS) en la investigación sobre presunto lavado de activos que involucra a Lázaro Báez y a los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar. “Cuando tomaron estado público, la información no resultaba de suficiente entidad para realizar la elevación a la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos)”, señala un documento difundido por la UIF.

El jefe del bloque radical del Senado, José Manuel Cano, denunció ante la Justicia Penal a Sbattella por supuestos delitos de “encubrimiento de lavado de activos” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y pidió la renuncia del funcionario. La denuncia de Cano se basa en que la UIF tuvo “participación directa en el trámite del reporte de operación sospechosa (ROS)”. Al respecto, la entidad emitió el fin de semana un comunicado en el que defiende el procedimiento y lo actuado sobre el caso. “El procedimiento de búsqueda de información adicional y de análisis por parte de la UIF no debe variar su rutina de investigación o interrumpirse por presión de los medios de comunicación, de tal manera que se altere la aplicación del debido proceso y se produzca una violación de la presunción de inocencia”, señaló.

El organismo reiteró su condición de “auxiliar de la Justicia” y aclaró que los ROS que recibe de diversos sujetos obligados a reportar “no pueden ser considerados realizadores de un delito por el sólo hecho de ser reportados”. Las fuentes de información disponibles para la UIF provienen de la AFIP, el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, Inspección General de Justicia, Registros de la Propiedad Inmuebles y Automotores, Grupo Egmont y de entidades similares a la UIF en otros países. Las mayores atribuciones en el control del flujo de información, por encima de otros organismos nacionales, responden a una ampliación de facultades que se decretó en febrero último.

El decreto 469, publicado ayer en el Boletín Oficial, eleva los status de la UIF y del resto del organigrama de la entidad. El decreto determina las responsabilidades de la Secretaría General Ejecutiva de la Unidad, así como del Consejo Asesor. La medida recuerda en sus considerandos que las normas modificatorias y reglamentarias de la Ley 25.246, sancionada en 2000, ya habían ampliado las competencias y facultades oportunamente otorgadas a la UIF. El nuevo decreto concede al titular de la UIF todas las atribuciones que detentan los secretarios de Estado, entre ellas la de aprobar hasta un máximo de seis cargos de conducción dentro del organismo.

La normativa establece el nuevo esquema para el cumplimiento de la lucha contra el lavado de activos. Asistirán a la Presidencia de la UIF la Secretaría General Ejecutiva, un Consejo Asesor (para intervenir en los expedientes jurídicos en que participe la entidad), la Unidad de Auditoría Interna, una Dirección de Asuntos Jurídicos (para la aplicación de normas legales), una Secretaría General Ejecutiva para análisis de datos, otra para manejo de comunicaciones y una tercera para sistemas informáticos; una Coordinadora ante Organismos Internacionales y la Dirección de Supervisión y de Régimen Administrativo Sancionador.