A punto de empezar su sexto día de huelga y a última hota de ayer, la UTA acató la conciliación obligatoria decretada por el Ministerio de Trabajo y levantó el paro de los micros de larga distancia. Durante el día,una nueva ronda de negociaciones en el ministerio había terminado sin acuerdo cuando los empresarios del sector, con el apoyo de la Unión Tranviarios Automotor, insistieron en reclamar al Estado un auxilio de 100 millones de pesos.

Sin embargo, a última hora hubo una nueva reunión con la participación de empresarios, sindicalistas y funcionarios deTrabajo y el gremio decidió levantar en forma inmediata el paro de micros. “Por suerte primó la cordura”, declaró el ministro Carlos Tomada al finalizar la reunión.

Las compañías argumentaban que sin esa asistencia de subsidios no podrán pagar el aumento salarial del 23 por ciento fijado en la paritaria de este año. El titular de la cartera, Carlos Tomada, insistió a lo largo de toda la negociación en que el Gobierno no volverá “a los sistemas de subsidios generalizados” y advirtió que de mantenerse el paro – que de hecho ya se había transformado en lockout patronal– el Poder Ejecutivo tomaría medidas contra las compañías y contra el sindicato.

La huelga de los choferes comenzó el jueves, con el reclamo de un 23 por ciento de aumento salarial reatroactivo al 1º de abril. Sin lograr un acuerdo en la paritaria, el viernes el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Transporte dictaron una resolución con la que homologaron la suba que pedía el sindicato. Sin embargo, algunas empresas anticiparon que no estaban en condiciones de pagarlo y los choferes continuaron la huelga. Ayer, al salir de la fallida reunión de cuatro horas en Trabajo, el dirigente de la Cámara de Empresarios de Transporte de Larga Distancia, Mario Verdaguer, dejó en claro que el motivo de la prolongación del conflicto ya no es la negociación paritaria con la UTA, sino el reclamo empresarial de los 100 millones. “Llámenlo subsidio o como quieran”, dijo, sin vueltas.

Su argumento de fondo es que las compañías no pueden absorber los costos del aumento y se verán obligadas a despedir entre cinco y seis mil empleados si no son auxiliadas económicamente. Otro elemento que la cámara puso sobre la mesa para reclamar su tajada es la política de subsidios al transporte aéreo, que se ha convertido en una competencia para el sector, ya que viajar a algunos destinos cuesta prácticamente igual en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que en ómnibus.

También habló el representante de la empresa Vía Bariloche, Néstor Carral. “El 23 por ciento decretado por el Gobierno no fue aceptado por las cámaras empresarias, porque las empresas no estamos en condiciones de pagar los salarios. Al no tener la plata, el tema no tiene solución. El incremento que pretende el gremio asciende a 840 millones de pesos anuales. No podemos pagar eso. Con la tarifa actual, el sector no tiene rentabilidad. Y no podemos seguir incrementado las tarifas porque quienes viajan en nuestros servicios son las clases pobres.”

El anuncio de que el paro seguía estuvo así a cargo de los empresarios, pero el sindicato hizo saber que respalda a la cámara. “No cualquiera tiene cinco días de paro, esto es más grave de lo que uno supone”, dijo en este sentido Roberto Fernández, el titular de la UTA. Mario Calegari, vocero del gremio, confirmó que los choferes no volverán todavía a conducir. “Fracasó todo, el paro continúa. Nos fuimos del Ministerio de Trabajo con las manos vacías”, pero “estamos disponibles las 24 horas y esperamos volver a ser convocados”.

A dos bandas

Desde el Gobierno criticaron a la UTA –un gremio muy cuestionado por sus bases, el ejemplo más conocido es el del subte– y la alianza de los dirigentes del sindicato con la cámara empresaria en el reclamo de los subsidios que, a criterio del Gobierno, no es justificado. Por el contrario, los funcionarios aseguran que las empresas han tenido en los últimos años altos márgenes de rentabilidad. “Uno no termina de entender cómo es posible que la UTA no haya levantado la medida cuando se les otorgaron los salarios que ellos peticionaban”, declaró Tomada.

El ministro habló de los 300 mil pasajeros afectados por los cinco días de paro calificándola de “una situación intolerable” y agregó que las sanciones posibles van desde multas a un pedido a la Justicia para que cancele concesiones a las empresas o, en el caso del sindicato, que suspenda la personería gremial.

También el interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Ariel Franetovich, negó que el sector atraviese una situación tan crítica de crisis como se plantea. Por el contrario, el funcionario sostuvo que “hay que desmonopolizar” al sector “porque hay empresas que se hicieron muy fuertes”. El organismo ya multó a 130 compañías.

El interventor apoyó la lectura de que el conflicto dejó “de ser un paro” para transformarse en un “lockout patronal”. “Dejó de ser un paro desde el mismo momento en que el viernes a última hora se agotó la vía administrativa y se dispuso un 23 por ciento desde el Ministerio de Trabajo.”

En cuanto a las empresas, dijo Tomada que deberían recibir “la máxima sanción, que es la caducidad de los permisos”. En ese marco, contó que la CNRT labró “600 actas por ventanillas cerradas y por falta de prestación reiterada del servicio”. De estas constataciones, “luego de las multas y sanciones, podremos proponer desde la CNRT la caducidad de los permisos, algo que no es fácil porque hacerlo sería arrancar de cero”.