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Pienso en qué (no) se piensa al decidir avasallar derechos humanos en un hospital, enviando Infantería a disparar y gasear usuarios de salud mental. Pienso en qué (no) se piensa al suministrar violencia a personas en situación de extrema vulnerabilidad. Finalmente pienso en que NO se piensa, sino que se arrasan vidas. Esto, no sólo con la perpetuación del sistema manicomial, sino ahora también con la acción directa contra los cuerpos. Desde la Unidad de Letrados art. 22, ley 26.657, que se creó en la Defensoría General de la Nación, por orden de la Dra. Stella Maris Martínez, y gracias a la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, se intervino en los hechos desde el comienzo, asistiendo a nuestros defendidos, interponiendo un hábeas corpus colectivo preventivo y correctivo ante la Justicia penal, aún vigente, para cesar la intervención de la Metropolitana e impedir la reiteración de los hechos. Depende de todos que esto no quede impune y que la voz de los usuarios sea escuchada y se traduzca en el juicio y castigo a los (i)rresponsables. Nunca más.

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional hizo lugar a nuestro pedido y le ordenó al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y a su ministra de Salud, Graciela Reybaud, que adopten “las medidas necesarias a fin de salvaguardar la integridad psicofísica y la seguridad de las personas internadas en el hospital Borda” y, a la vez, también le ordenó al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, que debe “evitar reiterar por parte de la Policía Metropolitana un accionar similar al acontecido el 26 de abril”. Estas intimaciones de la Justicia penal tienen efecto además hacia el futuro, pues constituyen garantías de no repetición, según estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

A la vez, otras acciones continúan desarrollándose ante los juzgados civiles, que tienen a su cargo el control de las internaciones involuntarias, y ante los juzgados penales, en los que la Defensoría ya ha presentado dos denuncias por usuarios heridos. Uno de nuestros defendidos, víctima de 21 balazos de goma, refleja la vulneración de los vulnerables, la ausencia de las políticas de salud mental de la CABA y la contradicción en el ahínco que se ejerce en defender bienes materiales por sobre dignidades y vidas.

La movilización en repudio de la represión y las acciones judiciales interpuestas para paliar los terribles efectos que dicha situación ha provocado –y seguirá provocando en la salud mental de los afectados directos– no debe hacernos perder de vista que debemos, una vez más, reclamar el cumplimiento pleno de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 (y su reglamentación urgente) y la ley local 448, en el ámbito de esta Ciudad y, para ello, deben ejecutarse las políticas públicas necesarias para avanzar sostenidamente en la desmanicomialización. Este es el límite que debemos sostener frente a reacciones violentas y, al mismo tiempo, el piso que debemos defender todos los actores para que se materialicen derechos que ya son ley.

Según el análisis relevado por la Comisión de Salud Mental de la Legislatura, el presupuesto del área se dedicó, en 2012, en un 88 por ciento a sostener las grandes instituciones manicomiales y sólo el 12 a financiar dispositivos comunitarios que propendan a la reintegración social. Esto, a todas luces, contradice los principios de la salud mental comunitaria, que obliga al Estado a no profundizar la segregación de las personas en centros de encierro y a revertir la histórica discriminación.

En este año, cuando se desarrolla la Campaña Nacional contra la Tortura, impulsada por la DGN, debe servirnos como alerta lo dictaminado recientemente por el relator de Naciones Unidas contra la Tortura, que acaba de exhortar a todos los Estados a “sustituir el tratamiento y el internamiento forzosos por servicios en la comunidad (...) haciendo hincapié en otras opciones distintas al modelo médico de salud mental”.

Prueba de que la cultura manicomial sigue vigente es que la Unidad de Letrados ha debido intervenir, hasta este momento, en más de 3900 defensas de personas internadas involuntariamente, a razón de casi 200 nuevas internaciones por mes. Afortunadamente, de ese total, y con muchísimo esfuerzo dada la ausencia local de alternativas, más del 70 por ciento ha sido externado, derivado a dispositivos comunitarios menos restrictivos o aceptado la internación voluntariamente.

Depende de todos que la voz de los usuarios sea escuchada y se traduzca en la sanción de los responsables y, al mismo tiempo, que este consenso alcanzado nos interpele a exigir, con la misma convicción, la implementación de políticas públicas concretas que permitan a los usuarios de salud mental salir del abandono y transformarse en sujetos de derechos que vivan y cuiden su salud integrados en la comunidad. Nunca hay razones atendibles para ejercer la discriminación, la exclusión y la perpetuación del estigma. Nunca más.

* Abogado, coordinador de la Unidad de Letrados art. 22, ley 26.657, de la Defensoría General de la Nación.