El Gobierno descartó que la ley de blanqueo de capitales, en caso de ser sancionada, pueda ser revertida por la oposición. Fue en respuesta a una conferencia de prensa donde legisladores de partidos opositores plantearon que, de acceder a una mayoría parlamentaria, derogarían la ley e investigarían a los que accedieron al beneficio. “En el hipotético caso de que la oposición logre una mayoría en el Parlamento y pretenda derogar el régimen, la exteriorización voluntaria que hagan los contribuyentes no se verá afectada, ya que habrán obtenido de manera legal un derecho adquirido”, aclaró ayer la AFIP en un comunicado.

“Queremos hablarles a aquellos que estén interesados en este blanqueo ilegal. Nosotros no sólo vamos a derogar esta ley, sino que vamos a poner en evidencia a todos aquellos que se sumaron. Esto se termina cuando se cambien las mayorías parlamentarias. Vamos a pedir conocer de dónde vinieron estos fondos espurios”, dijo Enrique Thomas, diputado nacional por el Frente Peronista. En tanto, Alfonso Prat Gay, de la Coalición Cívica, dijo que “cualquier blanqueo es inmoral. Rechazamos además la postura del Gobierno, que en menos de cinco años vuelve a recurrir al blanqueo, lo que demuestra el fracaso en materia de recaudación. Vamos a poner el foco en los testaferros de los amigos del poder”. “No vamos a ser cómplices de la corrupción”, agregó el diputado Ricardo Gil Lavedra (UCR).

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, salió al cruce de la oposición, cuyo planteo, interpretan desde el Gobierno, está dirigido a generar temor con la intención de frustrar la atracción de capitales. El funcionario aseguró que el derecho que emerge del blanqueo, en caso de ser sancionada la ley que ya tiene dictamen de comisión en el Senado, “no podrá ser vulnerado por ninguna modificación normativa que pretenda avanzar de manera retroactiva. También estará protegido por el secreto fiscal, como lo está en la actualidad el acuerdo de 2009”.

Desde el Gobierno explicaron a este diario que desde el punto de vista patrimonial, una derogación del blanqueo supondría atentar contra derechos adquiridos. Por otro lado, “poner en evidencia a todos aquellos que se sumaron a este blanqueo”, como planteó Thomas, implicaría violar el secreto fiscal, que requiere modificar la ley de procedimiento tributario.

Otro legislador que criticó el blanqueo fue el jefe del bloque socialista, Juan Carlos Zabalza, quien opinó que “este es un proyecto en el cual se invita a los evasores a depositar sus dólares en el Banco Central. Para que el pueblo crea en el Estado debe saber que se maneja con Justicia”. Gabriela Michetti, del PRO, se sumó en la misma línea: “Estamos acostumbrados a que este gobierno avasalle todas las normas”.

En cambio, Echegaray resaltó que el régimen de blanqueo para ahorros en dólares “cumple con todos los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal, ya que incorpora los mismos parámetros del Acuerdo Fiscal”. Recordó que la amnistía fiscal de 2009 no recibió ninguna objeción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ni del Foro Global sobre la transparencia e intercambio de la OCDE. La AFIP recordó que al “acuerdo fiscal” de 2009 se sumaron 210.800 contribuyentes. Fueron 175 mil contribuyentes que adhirieron a la moratoria y regularizaron cerca de 15 mil millones de pesos. Además, 32 mil personas físicas y 3800 jurídicas exteriorizaron fondos por 4800 millones de dólares. “Esos derechos permanecen intactos y nadie podrá vulnerarlos”, subrayó Echegaray.