Desde La Paz

Hoy se cumplen doce días de la huelga general iniciada por la Central Obrera Boliviana (COB) en reclamo de una ley de pensiones que les permita recibir una jubilación equivalente al 70 por ciento del salario cobrado en los últimos meses trabajados. Maestros, mineros, fabriles, trabajadores de salud, entre otros gremios, mantienen 35 cortes de ruta y puntos de bloqueo en toda Bolivia, según informó el gobierno nacional. Huelguistas y funcionarios de los ministerios de Trabajo y Economía mantienen reuniones cotidianas, que concluyen sin la posibilidad de llegar a algún acuerdo. Para mayor inquietud del presidente Evo Morales, la Policía Boliviana amenaza con amotinarse en reclamo del cumplimiento de una serie de acuerdos que beneficiarían a los uniformados.

Ayer, el presidente Morales reiteró que tras la extensa protesta de la COB se esconden intereses golpistas. Y llamó a sus bases campesinas a respaldar su mandato. Horas después, comunarios del Ayllu Chullpa, en Potosí, se valieron de piedras y palos para desbloquear una carretera donde había maestros rurales en huelga. El enfrentamiento terminó con siete heridos y con la vía expedita. “Algunos dirigentes de la COB, antes –y ahora siguen ahí– estaban golpeando (las puertas) del Estado Mayor para el golpe de Estado. Ahora están pidiendo a gritos el amotinamiento de la policía para que haya un golpe de Estado. Ya no es una reivindicación, sino una acción política. Por eso los convoco, compañeras, compañeros, a defender primero la democracia. Y si somos de este proceso, defender este proceso de cambio para todos los bolivianos y bolivianas, organizarnos y movilizarnos”, dijo el presidente en el Palacio Quemado. A pocas cuadras, los mineros hacían estallar mitades de dinamitas, mientras los policías cumplían con su tarea de gasificar a los huelguistas, lo mismo que en los últimos doce días.

En un principio, la COB exigía una jubilación de 8000 bolivianos para mineros y de 5000 bolivianos para el resto de asalariados (en este país, un dólar se cotiza a Bs 6,90). Para el gobierno, la propuesta no es sustentable. Luego de varios días y noches de negociación con la COB, los técnicos del Palacio Quemado sugirieron que la jubilación para los mineros fuera de Bs 4000 y de Bs 3200 para los demás trabajadores. Consideraban que era lo máximo que se podía ofrecer sin poner en riesgo la estantería económica del Estado Plurinacional.

Ayer, desde la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) indicaron que aceptarían jubilarse con Bs 4900. Hasta anoche no hubo una nueva reunión entre los huelguistas y el gobierno, para saber si era viable la cifra requerida por los mineros.

Mientras tanto, continúan bloqueadas todas las capitales departamentales y decenas de rutas que pasan por zonas rurales. En la ciudad de La Paz es donde más se siente y se ve el paro general. Aunque los transportes públicos y los negocios continúan funcionando, los múltiples cortes en calles y avenidas hacen un poco más insufrible el centro paceño. A las detonaciones de dinamitas les siguen gasificaciones de los policías, quienes custodian a cara de perro las entradas a la plaza Murillo, en torno de la cual están las sedes de los órganos Ejecutivo y Legislativo. Allí también para el carro Neptuno, que ocasionalmente moja y congela a los manifestantes.

Entre los huelguistas en esta ciudad hay cinco mil trabajadores de Huanuni, una de las minas más grandes del país, ubicada en el Departamento de Oruro. Ayer decidieron permanecer aquí hasta que se solucione el conflicto, o empeore. Por la mañana, marcharon junto a maestros y fabriles, para finalizar en un choque con la policía cerca de la plaza Murillo.

“Basta de ser pasivos. Basta de ver la fiesta desde el balcón, no-sotros vamos a entrar a bailar desde el día de mañana. Este gobierno va a empezar a sentir las movilizaciones acá en la ciudad de La Paz”, dijo Víctor Escobar, secretario de Relaciones del sindicato de Huanuni.

Ayer, un grupo de esposas de policías inició una huelga de hambre para exigir que sus maridos se jubilen con el 100 por ciento del haber mensual, además de la anulación de la Ley 101, de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana. Antes de que creciera el conflicto con este sector, el gobierno nacional abrió mesas de trabajo con delegados de los uniformados. Están atendiendo a las demandas de las mujeres de los uniformados y también acuerdan el texto de la Ley Orgánica de la Policía, que incluye la creación de la Defensoría del Policía.