La presidenta de la Nación cerró el encuentro del Consejo del Salario. A diez años de la recuperación del mínimo, vital y móvil.
Imagen: Télam.

En una sola jornada, sin gran debate sobre el punto central y por acuerdo tripartito, el Consejo del Salario fijó el nuevo piso remunerativo para los trabajadores declarados en relación de dependencia en 3300 pesos a partir de agosto y 3600 pesos desde enero próximo. Este último valor representa un 25,2 por ciento de aumento sobre el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) vigente desde el inicio de este año, de 2875 pesos, definido por el propio Consejo del Salario un año atrás. Tras la sesión de ayer, la presidenta de la Nación llegó al Ministerio de Trabajo para saludar el acuerdo y anunciar que había resuelto eximir al medio aguinaldo de julio del alcance del Impuesto a las Ganancias (ver recuadro aparte).

El encuentro de dirigentes empresarios y sindicales en la cartera laboral comenzó a las 10 de la mañana, aunque previamente había habido reuniones de cada uno de los dos sectores para unificar posiciones. Los empresarios habían deliberado en la Bolsa de Comercio el miércoles. Los gremialistas alineados en la CGT de Antonio Caló, en Smata. En ambos bunkers había plena conciencia de que, en esta oportunidad, no habría debates muy prolongados y que el acuerdo llegaría en torno de una cifra de aumento que oscilaría entre el 24 y el 25 por ciento. El resultado final fue dos décimas superior a ese techo virtual.

Esta vez, el incremento del piso salarial corrió más en línea con el resultado de las paritarias que en años anteriores. El incremento del salario promedio en los convenios homologados por el Ministerio de Trabajo de este año se ubicó en el orden del 24 por ciento, por lo cual el incremento en el SMVM lo superó en más de un punto. El año pasado, el incremento promedio de paritarias había sido del 27, contra 25 del SMVM. Dos años atrás, en 2011, la diferencia había sido mayor: 31 por ciento de incremento promedio en salarios de convenio y 25 por ciento en el mínimo, vital y móvil. Ya en 2010 la diferencia había sido en contra de la suba del salario mínimo, que alcanzó entonces al 23 por ciento contra 28 por ciento de actualización promedio en los convenios colectivos.

Ya desde inicios de la actual semana, desde la cartera laboral hubo contactos y consultas permanentes con representantes empresarios y sindicales, buscando allanar el camino del acuerdo. En la cuestión salarial, prácticamente no hubo controversias. Sin embargo, fue un comentario deslizado por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, al representante de la UIA Daniel Funes de Rioja durante el martes, el que desató el mayor debate interno en las propias filas empresarias.

Según confió a Página/12 Augusto Santucho, que participó de la delegación de la CGE como dirigente del CEEN (empresarios nacionales), “Tomada le adelantó a Funes que Cristina iba a recalcar en su discurso el tema de la competitividad; cuando empezamos a discutir el asunto en la mesa de empresarios, ahí se dividieron las aguas”. Mientras un sector de las cámaras que agrupan a los núcleos empresarios más poderosos (UIA, Comercio, Construcción) pusieron el acento sobre el costo laboral y la carga impositiva como elementos determinantes de pérdida de competitividad, los sectores más identificados con la pequeña y mediana industria rechazaron el planteo y, en cambio, apuntaron al costo de la energía, de la tierra y de financiación. “Una respuesta a la necesidad de mejorar la competitividad, para nosotros, fue la renacionalización de YPF; otro factor a debatir es el costo de la tierra, que incide en el precio de los alimentos y, por ende, en el salario de subsistencia; otro es la falta de financiamiento del sector bancario a las pymes para equiparse; estos son los aspectos principales y no el costo laboral o impositivo, pero las corporaciones empresarias no lo entienden así”, sostuvo Santucho, quien además interpretó que esta controversia, y las palabras posteriores de la Presidenta ante el Consejo del Salario, “forman parte del debate que se viene sobre competitividad, que aparece constantemente en cada reunión que tenemos con (Guillermo) Moreno (secretario de Comercio)”.

Hubo otros dos aspectos del acuerdo cerrado ayer que, tanto el ministro Tomada en el cierre de las negociaciones como la Presidenta en su alocución posterior, subrayaron. El primero es que la de ayer fue la décima convocatoria ininterrumpida al Consejo del Salario, lo cual permitió modificar año tras año el piso de remuneración al trabajo tras una década de permanecer congelado (de 1993 a 2003) en 200 pesos. El otro punto subrayado es que, con este incremento, el sueldo mínimo, vital y móvil acumula un aumento de 1700 por ciento respecto del vigente hasta 2002.

Los titulares de las dos centrales disidentes, Hugo Moyano (CGT) y Pablo Micheli (CTA), se mantuvieron al margen de las negociaciones y cuestionaron su funcionamiento, aunque reclamando un piso salarial superior a los cinco mil pesos. Más atentos a la campaña políticas por las primarias abiertas que por cuestiones salariales, la Federación Agraria y la Sociedad Rural Argentina tampoco participaron de la discusión tripartita.