“El Grupo Clarín está buscando el apoyo de otras empresas en su rechazo a la nueva ley que regula el Mercado de Capitales, de ahí el comunicado de AEA (Asociación de Empresarios Argentinos). Están buscando la manera de frenar este proceso de regulación. Lo que fijamos con el artículo 20 es la posibilidad del Estado de resguardar a los accionistas minoritarios”, sostuvo Alejandro Vanoli, titular de la CNV, en diálogo con Página/12. De esta manera, el funcionario salió al cruce de las críticas vertidas por Jaime Campos, titular de AEA, y José de Mendiguren, secretario de la Unión Industrial Argentina y candidato a diputado por el Frente Renovador de Sergio Massa. También elevó sus críticas Héctor Méndez, actual presidente de la UIA.

Según el titular de AEA, “la vigencia del nuevo régimen de Mercado de Capitales constituye un grave desaliento a las inversiones, ya que la normativa contiene artículos que permiten a la CNV intervenir de manera discrecional, y sin intervención judicial previa, a las empresas que participan en el Mercado de Capitales”. Desde la CNV aclararon que existe legislación internacional que avala los postulados del nuevo marco regulatorio.

A partir del artículo 20 de la nueva ley del Mercado de Capitales, la CNV podrá designar veedores con facultad de veto ante el pedido de un accionista minoritario (que deberá tener un piso del 2 por ciento de las acciones). También se contempla la posibilidad de separar al directorio por 180 días en caso de encontrarse notorias irregularidades, que deberán contar con un informe técnico ad hoc. Esto no es algo nuevo. La CNV ya contaba con un mecanismo abreviado para sancionar empresas, por fuera de los sumarios.

“Esta nueva reglamentación tiene que ver con las facultades del Estado de preservar a los accionistas minoritarios (no sólo al Estado). Tiene que existir un informe técnico previo. El desplazamiento del directorio por 180 días es recurrible sólo ante el Ministerio de Economía. Sin embargo, la Justicia podrá actuar en cualquier momento. Es decir, la Justicia no queda afuera de este proceso, como quieren hacer creer algunos”, enfatizó Vanoli.

En relación con este punto, lo que sí cambia es el fuero de actuación. Hasta ahora, las intervenciones judiciales vinculadas a la CNV se cursaban en el fuero Civil y Comercial. Sin embargo, por ser ésta una dependencia del Estado, la nueva regulación fijó como jurisdicción al fuero Contencioso Administrativo, que es el que suele actuar en cuestiones vinculadas al funcionamiento del Estado.

El titular de la UIA, Héctor Méndez, sostuvo que la norma es “arbitraria” y que le plantearía a la Presidenta las críticas de los distintos sectores empresarios. Mañana será el encuentro entre Cristina Fernández de Kirchner y los sectores empresarios. Quizá, Méndez aproveche para elevar las quejas.

“No hay ni por asomo una intención de utilizar estas atribuciones de manera generalizada. En todas las empresas donde el Estado tiene participación siempre hubo acuerdo frente a una situación complicada”, agregó Vanoli.

Tanto México como Perú tienen una legislación similar a la establecida en Argentina. A su vez, el Banco Central argentino establece en la ley 21.526 (Entidades Financieras) que dicha entidad podrá “designar veedores con facultad de veto cuyas resoluciones serán recurribles, en una instancia, ante el presidente del BCRA”.

En los últimos meses, el Grupo Clarín ha insistido con una versión propia en la que indicó que el Gobierno intervendría la compañía, una vez que estuviera vigente el artículo 20 de la ley de mercado de capitales. Al multimedios se le sumaron distintas cámaras empresarias, como la UIA y AEA. “Además de la fuga que genera o por lo menos las no ganas de participar de un sistema donde en forma arbitraria se puede intervenir la empresa, lo peor es que el crecimiento que necesitamos del mercado de capitales no se va a producir”, sostuvo Mendiguren.

El objetivo del artículo 20 es otorgarle a la CNV la facultad de “policía preventiva”, en forma rápida y eficaz, con la idea de “evitar daños mayores” que puedan perjudicar a los accionistas minoritarios, sean éstos el Estado o particulares. La Justicia podrá intervenir a pedido de la parte que se sienta perjudicada. Dicho artículo también le brinda la posibilidad a la CNV de constituirse como querellante en caso de iniciarse un proceso judicial.