El fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en la disputa de fondos buitre contra la Argentina no fue el esperado por el Gobierno, pero el escenario podría haber sido peor. La decisión difundida ayer convalidó la polémica fórmula de pago que propusieron los mismos fondos al juez Thomas Griesa a fines del año pasado: una cuota de 1330 millones de dólares en efectivo. Mantiene, además, condicionado el pago de la deuda a la cancelación de ese fallo ya que los intermediarios como el Bank of New York no podrían canalizar los fondos de los bonistas que entraron al canje si la sentencia no se cumple. Sin embargo, frente a la complejidad y relevancia del caso, la Cámara determinó que la implementación de su decisión quedará en suspenso hasta que la Corte Suprema decida si acepta tratar o no la apelación de este nuevo fallo que “oportunamente presente Argentina”. El país tiene 90 días para llevar al máximo tribunal el pedido de revisión –writ a certioriari– de la sentencia. Esa situación despeja, por lo menos, hasta principios de 2014 el escenario de “default técnico”. En su crítico y, por momentos, irónico y provocativo fallo los magistrados Daniels Barrington Parker, Rosemary Pooler y Reena Raggi convalidaron el pedido buitre al pie de la letra. Desecharon la propuesta argentina de abonar en las mismas condiciones del canje aceptado por el 92,4 por ciento de los dueños de bonos en default: quita de capital, reducción de la tasa de interés y extensión de los plazos de vencimiento. “Argentina no presentó ninguna propuesta productiva”, sostienen los jueces que confirmaron la polémica interpretación de la cláusula de tratamiento igualitario en beneficio de los fondos especulativos e ignoraron los argumentos de Argentina sobre la inequidad del fallo, el impacto sobre el país, el riesgo sistémico que implica y el impacto que podría tener sobre futuras reestructuraciones de deuda. “Argentina es un deudor particularmente recalcitrante”, sentencian los magistrados (ver página 5). El desenlace de esta etapa de la disputa legal con los buitre no fue el esperado por el Gobierno. El único aspecto “favorable” que rescataban en el equipo económico es que no genera problemas en el corto plazo. La conclusión del fallo suspende su ejecución hasta que el máximo tribunal decida si acepta o no la futura apelación que deberían presentar los abogados del país. De mínima, esa decisión desplaza el escenario de un posible “default técnico” –la imposibilidad de pagar en tiempo y forma por trabas judiciales a pesar de contar con los recursos y voluntad de pago– hasta fines de noviembre. A ese plazo se le debe añadir el tiempo que efectivamente demore la Corte en expresarse.

Argentina ya presentó otro pedido de revisión del fallo inicial de la Cámara ante la Corte Suprema. Esa solicitud realizada en julio está basada en el argumento de que la decisión de la Cámara de Apelaciones violó la ley de inmunidad soberana. Posiblemente, el máximo tribunal norteamericano informe en octubre si acepta analizar ese caso. Para esa fecha, los supremos estadounidenses suelen precisar qué casos tratan durante el período siguiente. Si accede a estudiar el tema, mejoran las posibilidades para el segundo planteo sobre la validez de la interpretación buitre del pari passu, un escrito que debería llevar Argentina en los próximos tres meses.

El escenario no es alentador, advierten fuentes diplomáticas y abogados especialistas. En abril, durante la presentación del “plan para democratizar la Justicia”, CFK remarcó que la Corte Suprema de los Estados Unidos resuelve aproximadamente entre 80 y 90 causas por año, una cifra insignificante ante los miles de casos que trata el máximo tribunal local. En 1994, por ejemplo, la Corte estadounidense recibió 6996 presentaciones a certioriari y sólo emitió 95 sentencias.

Las expectativas para que el juicio sea discutido en el máximo tribunal son bajas, pero la disputa entre Argentina y los fondos buitre posee los condimentos geopolíticos básicos para ser analizada. El pedido de revisión que ya fue presentado a fines de julio recibió el apoyo –amicus curiae– de la República de Francia a fines de julio a la posición argentina y las advertencias de las autoridades del Fondo Monetario Internacional sobre las implicancias globales que tendría el fallo sobre futuras reestructuraciones de deuda en el actual escenario de crisis internacional, pueden influir sobre la decisión de la Corte. No obstante, fuentes diplomáticas que siguen de cerca el caso afirman que es el gobierno de Barack Obama el que tiene los instrumentos para impulsar su tratamiento.

Las autoridades norteamericanas anticiparon el mes pasado que sólo presentarán un escrito formal si la Corte Suprema lo requiere porque evaluaron que ésa es la mejor estrategia para favorecer un fallo en contra de los intereses de los buitre. Una arista para que intervenga la administración Obama en la futura apelación son las limitaciones que impone el fallo sobre el funcionamiento del Bank of New York.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, ya anticiparon que Argentina no convalidará una sentencia que beneficie a los buitres en deterimento del 92,4 por ciento de los bonistas que ingresaron al canje (un elemento que remarcan con molestia los magistrados en su fallo, ver aparte). Pero, si la Corte Suprema rechaza tratar el caso y se ejecuta la decisión de la Cámara de Apelaciones, Argentina se verá en una situación de “default técnico”. A pesar de contar con los fondos y la voluntad para pagar a sus acreedores, no podría hacerlo en la forma acordada, ya que el Bank of New York no podría canalizar esos pagos. En ese escenario, el Gobierno debería modificar la ingeniería para realizar los pagos en otro lugar y con otro agente. En Economía reconocen que no se trata de un proceso legal y técnico sencillo.

El equipo del Ministerio de Economía comenzó a analizar ayer los alcances del fallo. Hernán Lorenzino se enteró de la noticia en un avión hacia Santiago de Chile, donde participó de la reunión binacional de ministros. El funcionario estuvo en contacto con los abogados de Economía y también con el estudio Clearly Gottlieb Steen & Hamilton que representa al país en Nueva York donde analizaron diferentes hipótesis y plazos. “No vamos a hacer comentarios hasta que no leamos el fallo con detenimiento y analicemos sus implicancias”, se limitaron a señalar desde su equipo, donde no ocultaron su malestar con las “provocaciones” que tiene el escrito.