La Argentina logró en 2005 la quita de deuda soberana más grande de la historia. Sin embargo, el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York podría hacer fracasar ese acuerdo si la Corte Suprema de Estados Unidos no lo revisa. El juez de primera instancia Thomas Griesa dictaminó el 23 de febrero de 2012 que el país le debe pagar la totalidad de la deuda a un grupo de fondos buitre que no aceptaron ninguna quita y litigaron en su juzgado. El 26 de octubre la Cámara ratificó ese fallo y ayer desestimó la apelación del gobierno argentino. La totalidad de la deuda que reclaman los buitres en esa demanda es de unos 1330 millones de dólares, pero el problema no es sólo el monto. Si la Argentina les paga a esos acreedores el ciento por ciento de lo reclamado, todos los que ingresaron al canje estarán en condiciones de reclamar lo mismo. Entonces la reestructuración que negoció Néstor Kirchner se habrá caído.

En diciembre de 2001, el efímero gobierno de Adolfo Rodríguez Saá declaró un default por 81.200 millones de dólares, el 62 por ciento de un total estimado entonces en 132.000 millones de dólares. En ese momento, la Argentina atravesaba la peor crisis económica y social de su historia. Por lo tanto, era imposible seguir pagando toda la deuda. Los primeros contactos para regularizar la situación comenzaron recién durante el gobierno de Néstor Kirchner. El 25 de septiembre de 2003, cuatro meses después de haber asumido, el mandatario pidió colaboración en la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconstruir la economía y recuperar la capacidad de pago. “Sin una concreta ayuda internacional, sin medidas que promuevan el crecimiento y el desarrollo sustentable, el pago de la deuda se torna una verdadera quimera”, sostuvo. Al mismo tiempo, advirtió que no se dejaría asfixiar por los acreedores. “Nunca nadie les pudo cobrar una deuda a los muertos”, agregó. Lo que vino después fue una dura negociación que cerró su primera etapa el 3 marzo de 2005, cuando el Gobierno concretó el primer canje de deuda con una quita nominal de 65,6 por ciento, la más grande de la historia. La adhesión fue del 76 por ciento.

Los que quedaron afuera incrementaron la presión contra el Gobierno con diversos pedidos de embargo ante tribunales internacionales. Varias demandas se radicaron en Nueva York porque parte de los bonos fueron emitidos bajo legislación estadounidense. A raíz de esa presión, en abril de 2010 la Argentina reabrió el canje con una nueva oferta, levemente mejor que la de 2005. El porcentaje de adhesión se elevó entonces al 93 por ciento, pero el 7 por ciento restante, en su gran mayoría fondos buitre, siguió litigando, logró embargar temporariamente algunos activos argentinos en el exterior, como la Fragata Libertad, y ahora puso al Gobierno en una nueva encrucijada.

Para lograrlo, los buitres contaron con el respaldo del juez Griesa. En febrero del año pasado, el magistrado emitió un fallo donde ordenó a la Argentina pagarle a los fondos Elliot, NML Capital, Dart, Aurelius, AC Paster y Blue Angel la totalidad de la deuda que reclaman, sin quita. El Gobierno apeló a la Cámara. En su escrito argumentó que esa medida discriminaba a los que entraron a los canjes de 2005 y 2010, poniendo en riesgo toda la reestructuración. El 26 de octubre de 2012, la Cámara de Apelaciones de Nueva York respaldó el fallo de Griesa y le ordenó al juez que defina con más precisión cómo hacer efectiva su resolución. “Jamás vamos a pagarles a los buitres”, respondió entonces el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.

El 1º de noviembre de 2012 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner habló de una campaña anti Argentina y cuestionó a la Justicia estadounidense: “La verdad es que cuando uno ve lo que pasó con la Fragata Libertad y con las decisiones de la Justicia de Nueva York, recomiendo como Presidenta, por favor, a todos los que tengan que reestructurar deuda, no vayan más a Nueva York. No cometan el error de ir a un Estado o a una Justicia que evidentemente desconoce su propia legislación”, sentenció.

Griesa se mostró molesto con la reacción del Gobierno y el 22 de noviembre de 2012 sorprendió al ordenarle que les pague a los buitres 1330 millones de dólares en efectivo el 15 de diciembre de ese año. Incluso exigió que la Argentina depositara esa cifra en una cuenta de garantía para los buitres, junto con el pago del Cupón PBI. De otra manera, los bonistas que sí entraron al canje no podrían cobrar. La decisión provocó una fuerte caída en los bonos de la deuda. “Lo único que le faltó a Griesa es ordenar que manden a la Quinta Flota”, respondió Lorenzino. Además, el ministro dijo que el fallo de Griesa era “colonialismo judicial”.

Cuando parecía que la Argentina se encaminaba a un default técnico, la Cámara de Apelaciones de Nueva York ordenó suspender el fallo. La decisión la tomó el 28 de noviembre. Ese día fijó además un cronograma de presentaciones para ambas partes que finalizó el 27 de febrero. Cuando le tocó su turno, el gobierno argentino flexibilizó su posición e informó a la Cámara de Apelaciones que estaba dispuesto a reabrir el canje de deuda. La Cámara pidió más detalles y el 29 de marzo el Gobierno le acercó una propuesta donde replicó las condiciones de la oferta que realizó en 2010. Los buitres ratificaron luego que no aceptarían quita y ahora la Cámara ratificó su postura inicial y se inclinó por los acreedores, dejando a la Argentina al frente de una nueva crisis financiera. Además, sentó un precedente que dificultará todas las renegociaciones de deuda futuras a nivel mundial ya que, a partir de ahora, mientras haya un acreedor que no acepte, todo el proceso quedará pendiendo de un hilo. El impacto del fallo no es automático porque la orden de pago quedó en suspenso hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos decida si interviene. Igual el panorama no es alentador, porque son muy pocos los casos que revisa la Corte.

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