La Corte Suprema de Estados Unidos informó ayer que el 30 de septiembre tratará, en audiencia privada, si acepta la apelación pedida por el gobierno argentino para que tome en sus manos la demanda de los fondos buitre contra el país, tramitada ante el juez de Nueva York Thomas Griesa. La resolución de aceptación o rechazo no se conocería inmediatamente, ya que usualmente el máximo tribunal de apelación se toma unos días (o semanas) para darla a conocer. Pero ese día, a puertas cerradas con sus asesores, los miembros de la Corte permanecerán reunidos por varias horas para considerar el caso argentino y otros que ingresaron con pedido de tratamiento en esa instancia, hasta alcanzar una definición en cada uno.

La interpretación de los abogados argentinos a esta instancia es la siguiente:

- La publicación de la agenda de la Corte está en línea con los tiempos que preveíamos en referencia a todas las instancias del proceso judicial y de vigencia del stay.

- El 30 de septiembre la Corte se reúne en un proceso interno para definir qué posturas tomará en relación con un listado de pedidos de “certioraris” de distintos casos.

- Este proceso administrativo interno podría demorar varios días.

- No se trata de una audiencia sino un pedido de Argentina a la Corte referido a la causa del 26 de octubre del año pasado. La Corte puede ahora decidir tomar o rechazar el caso, pero también pedir nuevas opiniones.

- La decisión de la Corte no modifica la vigencia del stay porque éste es parte de la orden del 23 de agosto pasado y se mantiene vigente hasta que Argentina complete todas las instancias de apelación correspondientes.

- Esas instancias son: el pedido de revisión del plenario (en banc); si la Cámara decidiera rechazarlo, medida que se conocerá en octubre, Argentina tiene 90 días más para presentar un pedido de “certioraris” a la Corte Suprema vinculado con esta segunda causa.

- Es decir, Argentina tiene al menos hasta enero para presentarse a la Corte. Desde ese momento corren tiempos para realizar presentaciones y respuestas de los demandantes.

La estrategia defensiva argentina tuvo el siguiente recorrido. La representación legal del país en Estados Unidos había presentado el 23 de junio último, un recurso de apelación ante la Corte Suprema rechazando el fallo de la Cámara de Apelaciones del 26 de octubre de 2012, que ratificó el embargo de Griesa sobre los pagos que Argentina realiza a los bonistas que entraron al canje a través del Bank of New York Mellon (BNYM). Este recurso, vale advertir, fue anterior al último fallo de la misma Cámara de Apelaciones, del 23 de agosto pasado, señalando la legalidad del reclamo de los fondos buitre por el ciento por ciento del valor original de los bonos en default en su poder.

La decisión de la Corte Suprema de considerar el caso argentino está referida a la apelación del 23 de junio, para decidir si acepta o rechaza ese recurso. Si lo acepta, tomaría el caso y, por tanto, le correspondería a esa Corte decidir si es legítimo el reclamo de los fondos buitre o si, por el contrario, es legítima la argumentación argentina que, por igualdad de derechos con la mayoría de acreedores que aceptaron el canje (93 por ciento hasta el momento), correspondería que los buitres reciban igual tratamiento, en quita y plazos de pago.

El mismo día 30 de septiembre, Argentina debe afrontar el pago de un vencimiento por 70 millones de dólares en Nueva York correspondiente al Bono Par, correspondiente al canje. Este pago no correría ningún riesgo y, según la evaluación de los abogados de Argentina, tampoco lo habrá para los vencimientos siguientes de bonos con ley extranjera (Global 2017 por 47 millones de dólares el 2 de diciembre, y el Discount por 157 millones el 31 de diciembre), fondos que estarán en la mira de los buitres.