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El sector empresario más concentrado volvió a criticar los alcances de la nueva Ley de Mercado de Capitales, especialmente en los aspectos referidos a la protección del inversor minoritario. El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), a través de su división jurídica, emitió un comunicado en el que detalla una serie de artículos que –considera– involucra principios constitucionales que pueden considerarse vulnerados por esta normativa y enuncia “posibles cursos de acción para cuestionarla”. Este grupo de lobby se suma a la solicitada que la Asociación Empresaria Argentina (AEA) presentó el mes pasado, en la que planteó una supuesta preocupación por el derecho que adquiere la Comisión Nacional de Valores (CNV) para designar veedores en empresas ante un pedido de los accionistas minoritarios.

La iniciativa, que contó con un apoyo mayoritario en el Congreso, recibió algunas críticas de parte de cámaras representantes de holding empresarios, “quienes pueden ver sus intereses tocados”, según palabras del propio presidente de la CNV, Alejandro Vanoli. Uno de ellos fue el secretario de la Unión Industrial, José Ignacio de Mendiguren, actualmente enrolado en las filas del massismo y de licencia en la entidad, quien dijo que la norma “desestimula la participación de las empresas en la Bolsa”.

El comunicado de IDEA, preparado por el estudio de abogados Cassagne (el mismo que defiende a Redrado, La Rural y el diario La Nación), detalla distintos preceptos supuestamente cuestionables. El primero es el artículo 19, inciso i, que le otorga atribuciones a la CNV para declarar irregulares e ineficaces los actos (asambleas) de sociedades, facultad que ya estaba prevista en la antigua ley. El “exceso” que señala en la actualización del nuevo marco se refiere a la posibilidad de declarar la nulidad de una asamblea “sin sumario previo”. Desde la CNV se había aclarado que la decisión puede ser apelada.

También hace hincapié en el artículo 20, inciso a, referido a la designación de veedores en las empresas que coticen en Bolsa, que permite proteger los intereses de inversores minoristas. “Se trata de una medida de intervención muy intensa sobre el funcionamiento de la sociedad que afecta en forma irrazonable el derecho de propiedad, de asociarse y de ejercer industria lícita”, señala el comunicado. El bufete de abogados sostiene una “dudosa constitucionalidad (sic) de la norma”, de la cual objeta ocho artículos.

El estudio plantea las alternativas de apelación que pueden utilizar las empresas que crean vulnerados sus derechos. “Las sociedades sometidas a fiscalización de la CNV contarán con legitimación para impugnar las disposiciones precedentemente analizadas. La vía de impugnación sería la interposición de una ‘acción declarativa de inconstitucional’”, detalla el estudio de abogados de la entidad empresaria.