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El Gobierno prorrogó hasta fin de octubre el plazo para que las firmas del complejo hidrocarburífero presenten su plan de inversiones para 2014. Lo hizo ayer a través de una resolución en el Boletín Oficial. La medida fue en respuesta al pedido de compañías del sector. “Diversas empresas han manifestado, con fundamento en la complejidad que supone la reunión y sistematización de la información requerida, la posibilidad de contar con un plazo mayor para la presentación del correspondiente formulario”, indicó el documento. El objetivo de pedir por adelantado a las firmas sus estrategias de mediano plazo apunta a recuperar capacidades de control del Estado y avanzar en materia de autoabastecimiento.

El incremento de inversiones en toda la cadena de producción de petróleo y gas; la integración de capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de recursos convencionales y no convencionales; la promoción de la industrialización de hidrocarburos y la protección de los intereses de los consumidores son algunos objetivos del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. Este plan se creó a mediados del año pasado, con la idea de coordinar estrategias anuales para el sector.

Como resultado, las empresas dedicadas al amplio abanico de rubros que nuclea la actividad, desde la exploración hasta la venta de combustibles en el surtidor, tienen ahora obligación de informar al sector público las decisiones de inversión para el ejercicio siguiente, con metas y presupuestos definidos. Si estas propuestas privadas no coinciden con el objetivo local de lograr autoabastecimiento, el Gobierno pedirá a esas firmas que rearmen sus planes de inversión. A partir de las auditorías trimestrales de organismos estatales se podrá aplicar sanciones, suspensiones y retiro de concesiones a empresas que no cumplan con los objetivos acordados en el plan nacional.

Tras años de gestión de los hidrocarburos en manos del mercado, la producción local de gas y petróleo registró una fuerte caída, lo cual provocó importaciones crecientes de combustibles y la aparición del déficit de la balanza comercial. En 2006, el superávit del intercambio de energía ascendió a 6022 millones de dólares, mientras que en 2011 la balanza computó un rojo de 2784 millones de dólares. Esto muestra la relevancia de que el Estado haya recuperado instrumentos para intervenir en las decisiones estratégicas del sector.