La Secretaría de Comercio comenzó una serie de relevamientos en farmacias del área metropolitana de Buenos Aires para detectar si se está cumpliendo el acuerdo de precios que comenzó a regir el 1º de marzo. El sector se comprometió el 24 de febrero a retrotraer el valor de los medicamentos al 31 de diciembre y aplicar aumentos promedios del 4 por ciento sobre esa base. En los hechos, la medida debería implicar una baja, porque en enero las subas estuvieron muy por encima del aumento autorizado ahora.

Luego de la devaluación de mediados de enero, los laboratorios aplicaron subas del 15 al 50 por ciento en cinco mil medicamentos. “La mayor parte de esos medicamentos son los prescriptos para adultos mayores y tienen descuentos del PAMI del 50, 60 y el 80 por ciento”, indicó a comienzos de febrero la Asociación de Consumidores y la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados. Debido a esta situación el Gobierno comenzó a negociar para que dieran marcha atrás con los ajustes. El secretario de Comercio, Augusto Costa, reconoció en declaraciones radiales que no fue fácil cerrar el acuerdo con las empresas del sector, porque la canasta que habían ofrecido rebajar en un primer momento estaba compuesta en su mayoría por medicamentos poco consumidos.

En los días siguientes, las partes continuaron conversando y se logró que los empresarios se comprometan a aplicar una suba promedio de sólo el 4 por ciento con respecto a los valores vigentes el 31 de diciembre. La rebaja debía concretarse a partir del sábado pasado. Por ese motivo, los inspectores de la Secretaría de Comercio comenzaron a recorrer farmacias en los últimos días para ver si se está cumpliendo.

En lo que respecta a los alimentos, Costa aseguró que el programa Precios Cuidados, que ayer cumplió dos meses desde su puesta en vigencia, está funcionando correctamente. “Esta política es un éxito total, en gran parte por el liderazgo ejercido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la idea de cuidar el bolsillo. Avanzamos en una política que implicaba una nueva lógica. No era congelamiento de precios, sino un plan a mediano plazo, anual, con revisión trimestral. Un proyecto ambicioso”, aseguró. La iniciativa ahora podría ser imitada por Uruguay. El senador del Frente Amplio Eduardo Lorier aseguró ayer que “es perfectamente viable instrumentar una política de control de precios como se viene implementando con éxito hace unos meses en Argentina”. Los precios al consumo en el país vecino subieron 1,66 por ciento durante febrero, la mayor alza para ese mes desde 1995, por lo que el registro de inflación en los últimos 12 meses trepó a 9,82 por ciento, el máximo desde 2004.

Costa recordó que el plan de Precios Cuidados es de carácter voluntario, pero aclaró que si los que se comprometen no cumplen son pasibles de sanciones. El funcionario habló de las multas que se han venido aplicando y los proyectos para que primero tengan que pagar y luego apelar. “Ayer (por el miércoles) estuvimos reunidos con presidentes de las principales cadenas de supermercados y se mostraron inquietos por las actas labradas y previsiones a tomar por las multas”, indicó. “Hoy la normativa vigente establece que la Secretaría de Comercio, como autoridad de aplicación, aplica la multa pero si el supermercado presenta un recurso ante la Justicia, el pago se suspende, hasta que la Justicia se expida”, describió. El secretario recordó que los proyectos que se presentaron últimamente establecen un orden inverso, que implica primero pagar la multa y luego apelar. “Si la Justicia establece que no corresponde, se devuelve el monto de la multa”, dijo. Al preguntársele dónde denunciar incumplimientos, dijo que están las páginas de Internet de precios cui dados.com; los aplicativos de celular –elaborados por los propios consumidores y ahora se lanzará uno oficial–, el 0800-666-1518, y el envío de inspectores.