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¿Cómo hará un Estado en default y con millonarias demandas pendientes para desembolsar en el próximo año y medio 4800 millones de pesos en obras públicas, tal como prometió ayer públicamente el ministro de Planificación, Julio De Vido? No hay magia ni ningún proyecto grandilocuente en el horizonte, según dejó en claro ayer el propio presidente Néstor Kirchner frente a los constructores, pero sí la firme apuesta oficial de mover la economía con inversión pública. Sólo se trataría de administrar los fondos del presupuesto de que ya dispone el Estado Nacional, incluida parte de la plata que hasta ahora administraban algunas privatizadas.
Aunque no hay un megaemprendimiento ni una fórmula original para paliar la falta de crédito, los representantes de la Cámara Argentina de la Construcción, incluidos su presidente, Aldo Roggio, y su vice, Eduardo Baglieto (Techint), juzgaron “auspicioso” al encuentro de ayer. Los entusiasma el espíritu keynesiano del Presidente y la percepción de que, en esta coyuntura, la obra pública es de las pocas herramientas que tiene disponible para reactivar.
Ni una ni otra parte precisó si los ajustes de precios de las obras en ejecución fue puesto sobre la mesa. Tras la devaluación, Roberto Lavagna admitió esa actualización como ministro de Eduardo Duhalde, pero las empresas aseguran que nunca pudo aplicarse en los términos previstos.
“El Estado decidió comprometerse no sólo en la inversión sino en la planificación de la obra pública”, remarcó ayer De Vido. No hay dudas que bajo la gestión kirchneriana el Estado tendrá un rol más activo, recuperando parte de las potestades delegadas durante las privatizaciones. Por esta razón, los millonarios planes de inversión de los concesionarios de rutas por peaje –club en el que tienen un rol prioritario los visitantes de ayer– o los programas de obras de los ferrocarriles urbanos en un futuro cercano serán ejecutados por Economía y Planificación.
A semejanza de administraciones anteriores, Kirchner decidió anunciar como un plan singular lo que, en realidad, es una serie de proyectos diversos –en parte previstos en el presupuesto en curso o a incluir en el de 2004–, parte de la rutina propia de la Dirección de Obras Públicas.
La lista incluye algunos emprendimientos casi simbólicos como la remodelación de la Basílica de Luján o del geriátrico de San Martín que el jefe de la Casa Rosada visitó días atrás. Pero también otros mayores, como una presunta partida de 400 millones para levantar escuelas, obras para saneamiento hídrico o el tendido de una línea de transporte eléctrico en la Patagonia.
El paquete incluiría también otras iniciativas regulares como las viviendas del Fonavi, segmento para el que el Estado dispone de no menos de 800 millones de pesos este año. Si las provincias administradoras de esos fondos se comprometen a no desviarlos para gastos corrientes, será posible levantar nuevos barrios en todo el país. Otra importante fuente de recursos para obra pública son los fondos fiduciarios que permiten destinar a obras más de 1000 millones de pesos por año.
Uno de ellos es el de Infraestructura del Transporte, un paquete de alrededor de 1200 millones de pesos por año, de los cuales más de 700 están destinados al sector vial, bien sea financiando directamente algunos emprendimientos o, básicamente, subsidiando a los concesionarios de rutas nacionales por peaje, cuyas contratos expiran en octubre. Con las nuevas licitaciones, sin subsidio, el Estado recuperará el control absoluto de esos recursos. El otro fondo es el de Infraestructura Hídrica, que reúne más de 300 millones de pesos anuales y ya se destina a inversiones.
Los empresarios de la construcción tienen ahora tranquilidad respecto a esos dineros que la gestión duhaldista en parte derivó para cubrir baches del Tesoro: el presupuesto en ejecución no habilita ese desvío, de modo tal que estos recursos serán volcados plenamente a la inversión pública. Los constructores también saben que hay créditos del BID otorgados, pero no utilizados, que podrían aprovecharse de ahora en más, si hubiera la correspondiente contrapartida local. Y apuestan a que en algún futuro resucite el crédito para movilizar la inversión privada.
Pero esto, admiten, es en una segunda etapa. Para entonces quizás esté cerrada la actual negociación con las AFJP para que vuelquen sus recursos al mercado de créditos hipotecarios.