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Los hombres más optimistas del oficialismo arriesgan que, con viento a favor, alrededor del 15 de septiembre el Senado podría suspender provisoriamente a Eduardo Moliné O’Connor. Esto sucedería mientras el proceso continúa su curso. Para acelerar los tiempos, el jefe de la bancada peronista, el rionegrino Miguel Angel Pichetto, reclamó que la sesión del miércoles próximo, en la que se escuchará la acusación de la comisión de Juicio Político de Diputados, comience a las 10 de la mañana, ya que el expediente consta de más de 300 fojas. En simultáneo con el proceso, la comisión de Asuntos Constitucionales que preside la santacruceña Cristina Fernández de Kirchner tendría que dictaminar sobre un proyecto en el que la frentista Vilma Ibarra propone modificar el reglamento para los casos de juicio político suprimiendo la imposición de secretas o reservadas a muchas audiencias del enjuiciamiento.
La iniciativa de Ibarra ingresó a la comisión de Asuntos Constitucionales el 8 de agosto. Ya que se trata de una modificación reglamentaria, la única comisión interviniente en el expediente es la que preside la santacruceña. Dada la importancia del tema, se desprende que será sometido a consideración del resto de los legisladores antes de que el proceso contra Moliné O’Connor avance. El anterior reglamento para los casos de Juicio Político data del ‘95 y lleva la firma del entonces senador por San Luis Oraldo Britos. En este lapso, la Cámara alta tuvo un importante cambio de reglamento, que redujo el número de comisiones. Se suprimió, entre otras, la Comisión de Juicio Político. Desde esa modificación, sus atribuciones son competencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Aunque allí se diligenciarán la mayor parte de los trámites del proceso, será el plenario del cuerpo el que se comporte como tribunal.
En su artículo 5 el reglamento afirma que “en caso de que se haya ofrecido prueba, el Senado se reunirá a fin de determinar si corresponde la apertura de prueba. Esta sesión podrá ser pública o secreta”. Este es precisamente uno de los puntos que Ibarra plantea modificar incorporándole la modalidad de audiencia pública. En esta sesión se podrá hacer lugar a la desestimación de algunas de las pruebas. Para ello será necesario contar con los dos tercios de los votos de los presentes. El artículo concluye afirmando que “no se admitirán las pruebas que fueran manifiestamente improcedentes, superfluas o meramente dilatorias”.
Las otras dos audiencias que Ibarra propone convertir en públicas son las que decidirán “si son ciertos los cargos” y la que decidirá “si el acusado es culpable de los cargos que se le hacen”. Al fundamentar su iniciativa, la senadora sostiene que las audiencias se conviertan en públicas para que “los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a la fundamentación, argumentación y lógica empleada por los legisladores para definir su voto”. Remarca que sus propuestas van en línea con el reglamento aprobado el año pasado que resalta la necesidad de audiencias públicas y publicidad de lo actuado por las comisiones. En la misma línea, hace unas semanas el Senado dispuso hacer públicas las audiencias en que se designarán a los jueces de la Corte y de los tribunales inferiores. Incluso destacó que fue el presidente Kirchner quien “estableció el mecanismo de audiencia pública, autolimitando su facultad” en la designación de los miembros del máximo tribunal.
A pesar de que la iniciativa va en línea con los gestos que el propio Senado y el Gobierno alentaron, en la Comisión de Asuntos Constitucionales dejaron trascender a Página/12 que por el momento no accederán a modificaciones reglamentarias. Destacan que no se trata de “diferencias con el proyecto de Ibarra, sino de una cuestión de oportunidad política”. En la comisión no quieren introducir cambios que le otorguen algún argumento a la defensa de Moliné O’Connor para realizar impugnaciones.