La información del Indec sobre el cambio de base de cálculo del Producto Interno Bruto incluyó otro reporte sobre cómo se distribuye el ingreso. El marcado sesgo hacia las finanzas ha reducido el análisis de la nueva serie estadística a que no se creció tanto desde 2004 como se había difundido, aunque igualmente a tasas elevadas, y, en especial, a que no se pagará este año a inversores bursátiles el aguinaldo Lavagna-Nielsen, el Cupón PBI como es denominado en el mercado. Además de la estimación base 2004 del PIB, el Indec publicó la serie “Cuenta de generación del ingreso y distribución funcional del ingreso”. Este indicador muestra cómo es el reparto de la riqueza producida durante un año entre el capital y el trabajo. Es un dato que dejó de publicarse de manera oficial en 1974, y el Indec volvió a hacerlo con una revisión inicial para el período 1993 y 2005, para luego informarlo cada año. El último fue para 2013 con el siguiente resultado: el trabajador asalariado se apropió del 51,4 por ciento del PIB. Es una participación muy elevada en términos históricos, en línea con otros máximos alcanzados en 1954 y 1974. Es una cifra que facilita la comprensión acerca del origen de las actuales tensiones económicas.

El reparto del “valor agregado bruto a precios básicos” (PIB) en 2005 era de 31,9 por ciento para la “remuneración al trabajo asalariado” y el 62,3 por ciento para el “excedente bruto de explotación” (retribución al capital). En cada uno de los años siguientes el factor trabajo fue mejorando posiciones en esa distribución, con un estancamiento en 2009 y 2010, en el 41,6 y 41,5 por ciento, respectivamente, hasta alcanzar el mencionado 51,4 por ciento. En el último año el factor capital recibió el 42,2 por ciento. La suma de ambos porcentajes no es 100 porque en la evaluación se considera un sector denominado “ingreso mixto bruto”, constituido por cuentapropistas y autónomos, tareas donde no puede diferenciarse la porción del ingreso correspondiente a la retribución al trabajo de la del capital. En ese período, la participación de ese grupo en el reparto del ingreso también ha subido del 5,8 al 6,5 por ciento de 2005 a 2013.

Varias de las tensiones que se están registrando en la economía se originan en la puja sobre cómo se reparte la riqueza, y la tendencia que ha adquirido en estos años. La distribución progresiva del ingreso no es un suceso mágico. Es un espacio de disputas donde intervienen sujetos económicos con intereses antagónicos. El Estado a través de diversas medidas participa también en el modo en que se reparte la riqueza. Lo hace a través de cómo cobra impuestos y cómo orienta el gasto público. Las estructuras tributaria y del gasto público influyen entonces en cómo se construye el bienestar social.

En ese sentido el sistema de seguridad social se ha convertido en un potente redistribuidor de ingresos hacia los sectores más vulnerables. Lo hizo a través de la moratoria previsional, los aumentos de las jubilaciones, las asignaciones familiares (del régimen general y la universal por hijo) y el más reciente plan Progresar. El dinero de la Anses de cada uno de esos derechos sociales y económicos está aplicado en mayor proporción a la población de más bajos recursos. Puede parecer una obviedad que fondos de la seguridad social tengan como destino a los grupos más vulnerables. En años pasados no era así. Había una distribución bastante pareja entre los hogares más pobres y los más ricos. Esa forma regresiva de direccionar el dinero de la seguridad social fue virando en los gobiernos de CFK y ahora se ha convertido en un importante vehículo de redistribución progresiva del ingreso.

El cuadro adjunto muestra ese cambio: el 10 por ciento de los hogares más pobres recibía transferencias monetarias de la Anses que equivalían al 14 por ciento de sus ingresos totales en 2003 saltando al 44 por ciento en la actualidad, mientras que el 10 por ciento más rico descendió del 11 al 8 por ciento. Esta orientación de la cobertura social tiene impacto en la reducción de la brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres. En términos comparativos, en 2003 el sistema de seguridad social tendía a ser neutro al no acortar distancias entre ricos y pobres. Ahora la reduce.

El gasto social beneficia en una magnitud varias veces superior a los tramos de ingresos más bajos, mientras que esta proporción decrece a lo largo de los deciles. Esto se refleja en la evolución del índice de Gini, indicador que cuanto más cercano a 1 sea el valor mayor es la desigualdad en la distribución del ingreso. El gasto público y los impuestos pueden intervenir además para mejorarlo. Es lo que se ha verificado en los últimos años. En la investigación “Impacto del Presupuesto sobre la equidad”, publicada por el Cefid-Ar, Jorge Gaggero y Darío Rossignolo realizaron un cálculo para 2010, con el siguiente resultado: el Gini retrocede de 0,479 a 0,227 pre y post acción fiscal del gasto público y recursos necesarios para financiarlo. La intervención del Estado disminuye a la mitad el índice. Esto significa que la distribución del ingreso determinada por el mercado es definida hacia una mayor progresividad por el Estado.

Es una corrección del Gini por intervención de políticas públicas. En un artículo publicado en este diario el pasado 16 de mayo, Javier Lewkowicz destaca un reciente estudio de la Cepal, “Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible”, que muestra que un Estado interventor incentiva el desarrollo en lugar de trabarlo al mejorar la distribución del ingreso. Ese documento detalla que en Finlandia el Estado corrige el Gini de mercado en un 46 por ciento, en Alemania lo reduce en un 42 por ciento, en Dinamarca y Noruega en un 41, Francia en un 40, y Suecia en un 39 por ciento. Según el cálculo de Gaggero y Rossignolo, la Argentina también tiene un factor de corrección del Gini de esa magnitud por la intervención del Estado: el tipo de gasto público y los impuestos han mejorado la distribución del ingreso. Este resultado es por la combinación de la disminución de la desigualdad (mejora de la distribución entre el trabajo y el capital, como arriba se indicó) y luego por la directa intervención vía cobro de impuestos (16,6 por ciento de lo recibido por la Anses proviene del Impuesto a las Ganancias) y destino del gasto público (ampliación de la cobertura social).

Por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo involucra el 0,6 por ciento del PIB. Un informe de la OIT indica que en comparación con los programas de transferencias condicionadas en otros países de la región, la Argentina es el país que más recursos destina en relación con su PIB. Ese 0,6 por ciento deja en segundo lugar a Uruguay, con el 0,5 por ciento, y luego se ubica Brasil, con el 0,4 por ciento. México invierte 0,2, Perú 0,1 y Chile 0,06 por ciento de sus respectivos PBI en ese tipo de cobertura social. El documento de la OIT “Aportes para la construcción de un piso de protección social en Argentina: el caso de las asignaciones familiares”, coordinado por Fabio Bertranou, afirma que “Argentina ha ido aumentando, en el tiempo, las capacidades fiscales para incrementar el gasto público, particularmente el gasto público social. Tan es así que para el contexto de América latina, junto con Brasil y Uruguay, el país presenta los mayores indicadores en relación con su PBI”.

La convención política postula el deseo colectivo de mejorar la distribución del ingreso. Pero cuando las palabras pasan a los hechos emergen tensiones porque empiezan a colisionar las frases políticamente correctas de querer un país con menos pobres, de mayor inclusión social, con la realidad de quienes deben disminuir un poco sus privilegios en términos relativos para poder alcanzar el objetivo redistributivo. Esto ha quedado en evidencia con el régimen de seguridad social, que pasó a ser un relevante actor de la redistribución del ingreso porque se clausuró el negocio financiero especulativo de las AFJP y, de ese modo, se recuperaron recursos a manos del Estado que permitieron mejorar el financiamiento del sistema de cobertura social. Sólo afectando algunos privilegios, en este caso del sistema financiero, lo que no implican que no sigan gozando de muchos otros, se puede avanzar en la distribución del ingreso.

Más a los que tienen menos

Fuente: Anses, elaboración propia en base a la EPH (IV T 2003 y II T 2013).