El testigo clave no es un testigo clave. Y la denuncia de amenazas resultó cuanto menos extraña y con pocas posibilidades de investigación, ya que el único dato aportado es que provino de dos personas “una más alta que la otra”. Estas conclusiones surgen de los dos juzgados que tiene relación con las peripecias de José Guillermo Capdevila, el ex director de Jurídicos del Ministerio de Economía en tiempos de Amado Boudou. “No es imprescindible su declaración porque ya declaró, porque tenemos su dictamen y porque tenemos el dictamen de Boudou. Y, además, no hay diferencias significativas entre su opinión y lo que firmó Boudou”, sostienen en el juzgado de Ariel Lijo, que tiene la causa Ciccone. “No aportó ni siquiera el horario de la amenaza ni el lugar ni la vestimenta de los sujetos. Es muy raro”, reflexionan en el juzgado de Sebastián Casanello, que investiga la amenaza. Capdevila salió, con gran estruendo mediático, el lunes vía Buquebus a Uruguay y de ahí –según trascendió– a Estados Unidos.

La cobertura de la amenaza y “exilio” de Capdevila llama la atención porque el ex funcionario no sólo había declarado en línea con lo afirmado por Boudou sino incluso porque Capdevila inicialó el dictamen que firmó el entonces ministro de Economía. Pero lo más notorio es la secuencia de la trama denunciada por Capdevila:

- El 30 de abril supuestamente fue abordado por dos hombres que le dijeron: “Doctor, próximamente tiene que ir a declarar. Esperemos por su bien que lo haga bien. No se equivoque”.

- El ex funcionario no hizo la denuncia en ninguna comisaría ni en ningún juzgado. Tampoco la hizo de inmediato.

- Ocho días más tarde se presentó ante un escribano y narró lo ocurrido, lo que quedó reflejado en un acta. Pero lo asombroso es que, pese a que se acercó especialmente a una escribanía, no aportó datos y hasta desalentó que se investigue. Dijo que lo abordaron en horas de la noche –¿20 horas?, ¿medianoche?, ¿4 de la mañana?–; “en las inmediaciones del parque conocido como el Rosedal”, sin precisar ni siquiera de qué lado, cerca de qué calle; sólo dijo que de los dos individuos uno era más alto que el otro (?); no aportó cómo estaban vestidos y tampoco contó qué estaba haciendo él allí. Por ejemplo, para identificarlo en cámaras hubiera sido útil que dijera si estaba paseando un perro o haciendo jogging vestido de tal manera, porque ahora se sabe que Capdevila tiene poco pelo, pero en las cámaras, de noche, eso no se ve y cuando los investigadores aproximan la imagen con zoom, se pixela y tampoco se ve. Lo curioso es que Capdevila redondeó su declaración ante el escribano afirmando que no tiene datos para aportar y que por eso no hizo la denuncia, dado que resultará difícil investigar. Esta semana agregó “que en el lugar no hay cámaras”. Entre los que manejan el caso quedó flotando la pregunta: ¿cómo es que percibió que no hay cámaras y no puede describir la ropa de los desconocidos?

- Tampoco el texto redactado ante escribano fue entregado ni a la policía ni a la Justicia. La primera noticia de la amenaza fue publicada por un diario porteño. Trascartón, el fiscal del caso Ciccone, Jorge Di Lello, la judicializó. Ni aun así se hizo ninguna presentación formal por parte de Capdevila.

- Sorteada la causa por amenazas, que recayó en Casanello, tampoco hubo ningún aporte a ese juzgado en los primeros días. Recién este último lunes, de manera casi anónima, en mesa de entradas, se le hizo llegar al juez el acta ante escribano. Habían pasado 20 días desde lo ocurrido en el Rosedal.

Pero la otra cara de la misma moneda es que el testimonio de Capdevila no es clave como para que haya producido semejante ruido mediático y el ex funcionario equipare su situación a la de Jorge Julio López, el de-saparecido testigo del caso Etchecolatz, o hable que “no sirve un testigo muerto”.

“Es una declaración de poca importancia, al punto de que la dirección que teníamos de él es la del Ministerio de Economía”, ejemplifican en el juzgado. Capdevila ya declaró ante el fiscal original del caso, Carlos Rívolo, y su testimonio estuvo en línea con lo que él mismo firmó –un dictamen en respuesta a la AFIP en el caso Ciccone– y lo que luego firmó Boudou. El organismo recaudador consultó sobre un plan de facilidades para Ciccone, lo que permitiría levantar la quiebra y rescatar la empresa impresora de billetes, que estaba en manos de Boldt, la compañía que maneja buena parte del juego en la provincia de Buenos Aires. Capdevila dictaminó que debía resolver la AFIP, porque era un tema de recaudación, pero que Boudou podía añadir un comentario señalando que la política del Ministerio de Economía era no perder puestos de trabajo. Eso fue lo que firmó Boudou. Lo que la Justicia ahora investiga es si ese dictamen fue parte de una maniobra para que Ciccone terminara en manos de amigos del vicepresidente, lo que significaría incurrir en el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”. En el juzgado sostienen que una nueva declaración de Capdevila no pesa en el expediente, ya que están su primer testimonio, el dictamen que firmó y lo que firmó Boudou.

Aun así, resulta curioso que esta semana el testigo en peligro dio varias entrevistas por Skype. En ninguna dijo que va a cambiar su testimonio –declaró en su momento bajo juramento– y sostuvo al pasar que “lo dejaron en banda”. Cuando Boudou dejó la cartera de Economía, Capdevila terminó desplazado por el sucesor en el ministerio, Hernán Lorenzino, quien puso a alguien de su riñón en un puesto que requiere justamente confianza porque es quien debe evaluar qué debe firmar o no firmar el ministro. Capdevila pidió pista en el Senado, cuya presidencia ejerce el vicepresidente. Allí no le dieron “un contrato”, que es lo que esperaba. De todas maneras, Capdevila proviene de una familia muy tradicional de San Pedro y ha tenido puestos importantes, pese a lo cual parece que lo golpeó que no lo ubicaran en otro lugar. A eso se refiere cuando dice que lo dejaron en banda.

En el juzgado de Ariel Lijo afirman que no lo están buscando, es decir que no tienen vocación de hacerlo comparecer por la fuerza pública, como muchas veces sucede con testigos imprescindibles en una causa. Como se sabe, el Gobierno, a través del viceministro de Justicia, Julián Alvarez, le ofreció entrar al programa de protección de testigos, cosa que Capdevila no aceptó.

El ruido con el testigo clave que no es clave parece mucho más político que judicial.