A las seis de la tarde del viernes, cuando vencía el plazo, eran catorce las impugnaciones presentadas en la Legislatura porteña para cuestionar la posible designación como juez en lo contencioso de la Ciudad de Buenos Aires de Martín Farrell, el ex director de Habilitaciones de la gestión macrista que fue indagado diez días atrás por las muertes de Leticia Provedo y Ariana Lizarraga en el derrumbe del boliche Beara y por presuntas coimas para permitir su funcionamiento y el de otros locales. Legisladores de la oposición y familiares de las víctimas de aquella tragedia ocurrida en 2010 denuncian una maniobra del PRO para conseguir que Farrell quede nombrado de manera automática, “ficta”, sin votación de los legisladores, en medio del Mundial de Fútbol. Analizan la posibilidad de presentar un amparo.

El mecanismo de designación de jueces porteño establece que pasados 60 días desde que el pliego de un candidato ingresa a la Legislatura, si no es rechazado por el cuerpo, se lo considerará aprobado de hecho. Lo habitual es que se convoque al candidato a la toga a una audiencia pública con participación de los ciudadanos, previo a cualquier decisión, y que luego la Junta de Etica y la Comisión de Justicia elaboren un dictamen para que sea tratado en el recinto. La audiencia de Farrell está convocada para el 25 junio al mediodía, casi a la misma hora del partido de fútbol Argentina-Nigeria. El plazo de dos meses desde que ingresó su pliego se cumple el 1º de julio. La única sesión ordinaria previa es la del 26 de junio, un día después de la exposición del candidato, de modo que no habrá tiempo para ningún dictamen ni para que su candidatura entre al temario por los métodos y tiempos naturales del trámite de todo concurso para juez.

La mayoría de los legisladores de la oposición ya pidió adelantar la audiencia pública para el 11 de junio, pero no tuvieron respuesta. Ante este escenario, intentarán que el mismo 26 de junio haya una sesión extraordinaria que tenga como tema la designación de Farrell, de lo contrario quedará a libre voluntad del PRO la posibilidad de incluirlo en los debates de ese día. Para que haya una sesión especial, hacen falta 20 firmas y los legisladores ya tienen 30. Por este camino obligarán al oficialismo al menos a sentarse en el recinto y a dejar en evidencia la maniobra: si se niegan a tratar el pliego, será para que quede aprobado de manera ficta antes de la sesión siguiente. En el PRO es evidente que intentarán eludir una discusión pública sobre las cualidades para ser juez de un ex funcionario de sus propias filas que para colmo está imputado de homicidio, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Cualquier opción parece peliaguda: para designar jueces o rechazar un pliego hace falta una mayoría de la mitad más uno, es decir 31 votos. El PRO tiene 28, la oposición (integrada por varios bloques) tendría por lo menos 29. Si no se alcanza el número, habrá un nombramiento automático. Los dos votos inciertos, por lo menos para empujar el tratamiento, pertenecen al bloque Suma Más (que integra Unen). El resto de los partidos de oposición al oficialismo propicia que por lo menos haya una discusión concreta y pública.

Las impugnaciones fueron presentadas por familiares de las chicas que murieron en el derrumbe de Beara y por Familias por la Vida, que también nuclea a familiares de víctimas del incendio de Cromañón, y hubo una impugnación de Rocío Sánchez Andía (ex legisladora de la Coalición Cívica). Tendrán que ser analizadas por la Junta de Etica, que preside el macrista Jorge Garayalde. Las que sean aprobadas darán pie a quienes las presentaron a participar de la audiencia pública que tendrá Farrell.

El eje de algunos cuestionamientos presentados, según explicó a este diario Juan Lizarraga, el papá de Ariana, una de las chicas que murieron en Beara, “son las cinco causas penales en trámite que involucran a Farrell”. “La de Beara es una de ellas. Si hablamos de moral y ética, por lo menos quisiéramos que se resuelvan las causas antes de que lo nombren juez. El argumento del PRO es que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Nosotros quisiéramos que por lo menos haya un debate legislativo, si no vamos a tener que confiar en un juez nombrado de manera ficta por primera vez en la ciudad”, explicó.

Los familiares y algunas organizaciones analizan la posibilidad de presentar un amparo judicial para modificar el cronograma que estableció el PRO. Aunque Lizarraga también apuesta a que se anule todo el tratamiento del pliego en función de los principios de Bangalore (de Naciones Unidas) “según los cuales una persona sospechada no debería ser juez”. El procedimiento para nombrar jueces en la Ciudad ha tenido cuestionamientos de organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que advierte que ya en el Consejo de la Magistratura puede ser fuerte la injerencia política en la etapa de concursos.

Farrell, hijo de un ex camarista civil y comercial (quien tuvo cuestionamientos por la causa de la ley de medios), está imputado desde hace tiempo en la causa penal por las muertes en Beara, un expediente que puso en cuestión las habilitaciones y los negocios detrás de ellas. Pese al impulso y la investigación del fiscal Andrés Madrea, que implicó a funcionarios, policías, gestores y empresarios, la jueza Alicia Iermini apuntó sólo contra los dueños (por homicidio) y se resistió a indagar al resto de los sospechosos, algo que tuvo que comenzar hacer después que se lo indicara la Cámara del Crimen. Farrell aparecía implicado en escuchas telefónicas de otra causa, mencionado por personajes como el fallecido ex marido de Nazarena Vélez, Fabián Rodríguez, y por el gestor Leandro Camani.

El fiscal Madrea analizó las computadoras de los socios de Beara y de allí surgió que habrían destinado por lo menos 114.600 pesos a sobornos para la habilitación de sus locales. Beara primero estuvo habilitado como bar y luego como casa de fiestas, aunque en los hechos se usaba como boliche bailable en donde también se hacían recitales. El local de al lado, Caramel, era de los mismos dueños. Por los sobornos, la fiscalía imputó a Farrell, al director de Habilitaciones Especiales, Pablo Saikuskas, y a Norberto Cassano, jefe del Departamento de Esparcimiento. Farrell fue indagado el 14 de mayo último y negó todos los cargos en su contra, responsabilizando a los dueños del boliche y/o a los inspectores y verificadores municipales. A la vez, señaló que una nota que había recibido en la que se lo alertaba acerca de que Beara era un boliche clandestino era improcedente y no vinculante. Además, negó las coimas.

Iermini no resolvió su situación procesal porque aún está tomando indagatorias. Es incierto si habrá definiciones antes de que se defina la suerte del pliego de Farrell.

“Es lamentable que el PRO impulse de la designación de Farrell con un procedimiento tramposo y oscuro, sin permitir la participación de la oposición y convocando a una audiencia pública en el día de un partido de Argentina, cuatro días antes del vencimiento de los plazos. No nos permiten oponernos en una sesión ordinaria. Así, la participación de la Legislatura en ratificar o no a los candidatos a jueces que pasan por un concurso es casi nula”, se quejó la legisladora del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre, quien integra la Junta Etica.

Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, le dijo a Página/12: “Estamos en contra y haremos todo lo posible para evitar que sea juez una persona de dudoso currículum y antecedentes, por su conducta administrativa más allá de la responsabilidad penal, y nos preocupa que el PRO no quiera dar la cara ante la sociedad para discutir este tema”. “Macri nos está tomando el pelo a todos, por eso juntamos las firmas para que bajen a una sesión especial”, dijo Oliveto, también integrante de la Junta de Etica. Anunció que están analizando otras posibles medidas.