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El Gobierno firmará hoy un acuerdo con Southern Winds para lanzar sobre la estructura de esa firma la compañía de aeronavegación estatal, denominada Lafsa. Esta “alianza estratégica” se basa en un nuevo sistema de subsidio para el sector. Con esa asociación, la administración Kirchner intenta sostener en el mercado local una empresa que compita con Aerolíneas Argentinas y que evite el despido de centenares de empleados de LAPA, de Dinar y de SW.
La fórmula para ese salvataje sectorial aún no es muy nítida y terminará de pulirse sobre la marcha, cuando la estatal Lafsa comience a operar. En principio, la nueva compañía se montará sobre la estructura operativa de SW, que se encuentra en una crítica situación financiera. Esta última empresa, cuya propiedad se reparte entre Juan Maggio y Eduardo Eurnekian. La crisis de SW es de tal envergadura que hace ya dos semanas el combustible que consume corre por cuenta del Estado, que quiere evitar el tercer colapso de una firma aérea en pocos meses.
Lafsa y SW tendrán estructuras jurídicamente independientes, pero operativamente entrelazadas. Tanto, que al momento es difícil precisar con claridad qué actividad quedará a cargo de quién. Por lo pronto, el Estado costeará todo el combustible que consuma la compañía hasta 3,2 millones de pesos por mes. Y haría lo mismo con el leasing de los nuevos aviones, que desde el primer mes se incorporarían de a dos hasta completar una flota de diez. Pero aunque el propio Estado contactará a los leasors y asuma como propias esas obligaciones, las naves deberían incorporarse a la flota de SW, ya que Lafsa aún no tiene permiso para operar.
La administración estará sujeta al control de un trío a integrar por un representante de la empresa privada, otro de Lafsa y otro del Ministerio de Planificación, de quien depende la Subsecretaría de Transporte Aéreo, a cargo del sindicalista Ricardo Cirielli. Pero la cuestión es quién y cómo manejará la caja de la compañía y de qué modo se socializarán las previsibles pérdidas o las hipotéticas ganancias.
Por ahora, lo que surge nítido es que habrá un subsidio estatal no inferior a los 10 millones de pesos mensuales. Esa cifra sería la mitad de la que los funcionarios de Planificación habían calculado como necesaria para poner en funcionamiento una empresa del Estado con estructura propia, en lugar de hacerlo sobre otra que ya existe, y por ello el acuerdo a firmarse hoy pone de manifiesto “el ahorro” que consigue para el fisco.
Otro misterio aún no develado es qué cantidad de personal será incorporado a esta compañía mixta. SW tiene una dotación cercana a 800 empleados a los que se podrían ir sumando gradualmente los de LAPA y Dinar, hoy beneficiados con un subsidio de desempleo. Pero ese acople será muy gradual, ya que por cada avión que consiga sumar Lafsa, los gremios aeronáuticos hacen el generoso cálculo de que podrían ocuparse unas 100 personas.
Tampoco es claro cómo se honrará la consigna contenida en el decreto 1238 del año 2002 de privatizar la aerolínea estatal en un máximo de 180 días. El cometido es difícil de lograr por varias causas, entre ellas, que no hay activos para ofrecer a un eventual adjudicatario. Sólo para obtener el derecho a explotar rutas deberá cumplir antes el trámite de audiencia pública y demostrar allí que hay una demanda insatisfecha en el mercado. Aquí tendrá que sortear la firme oposición de otros operadores.