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Los represores que fueron beneficiados con la Ley de Obediencia Debida en la causa del Primer Cuerpo de Ejército podrían ser los primeros en sentir las consecuencias de la apertura de los expedientes sobre los crímenes de la última dictadura ordenada por la Cámara Federal porteña. El fiscal federal Eduardo Freiler planea pedir las detenciones de los militares y civiles que estaban procesados antes de la sanción de las leyes de impunidad. La medida abarcaría a cerca de treinta personas.
Freiler y el fiscal Federico Delgado están analizando el expediente que les envió el juez Sergio Torres. Se trata de ocho mil hojas de una investigación que abarca hechos ocurridos en decenas de centros clandestinos de detención ubicados en Capital Federal, provincia de Buenos Aires y La Pampa y que se inició como un desprendimiento de la llamada causa Camps, en la que fue condenado el ex jefe de la Policía Bonaerense.
El primer paso de los fiscales será solicitar que la investigación se retrotraiga a la situación en que estaba antes de que se sancionaran las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que fueron anuladas por el Congreso. Esto implicaría la detención de los acusados que fueron desprocesados gracias a esta última norma. Luego, pasarían a analizar qué hacer con los militares que fueron indultados, lo que traería aparejado un nuevo debate.
Los represores que serían involucrados en este primer pedido de detención sumarían cerca de treinta, aunque aún resta confirmar cuántos fallecieron. Algunos de los acusados serían:
- Coronel Alberto Durán Saenz: Fue procesado por su responsabilidad como jefe del centro clandestino El Vesubio por 17 homicidios y la desaparición de 47 personas.
- Coronel Enrique Carlos Ferro: Estaba procesado por 111 delitos cometidos como jefe de El Banco, El Olimpo y Club Atlético.
- Raúl Antonio Guglielminetti: Agente de Inteligencia. Por su actuación durante la dictadura se le imputaron 24 delitos. Actuó en El Banco, el Olimpo, Superintendencia de Seguridad Federal y Garage Azopardo.
- Suboficial de la Policía Federal Julio Simón: Conocido como “El Turco Julián”, estuvo prófugo cuando debía responder por 58 delitos cometidos en Club Atlético, El Banco y El Olimpo. Actualmente está preso por el secuestro de la menor Claudia Victoria Poblete y sus padres en la causa en la que el juez Gabriel Cavallo declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Además de los represores que ya estaban imputados en esta causa, habrá nuevos acusados. Esto dependerá de la investigación que se realice en el expediente, que se nutrirá de los testimonios de los sobrevivientes de los campos de concentración y familiares de las víctimas. Los fiscales están analizando cuál es la forma más eficaz para llevar adelante la tarea. Una posibilidad es profundizar en los hechos a partir de los crímenes cometidos en cada centro clandestino de detención.
El pedido de Freiler y Delgado tendría que ser resuelto por el juez Sergio Torres, a quien por sorteo le tocó el lunes el expediente del Primer Cuerpo del Ejército. Ese magistrado se encontró ayer con que tenía a su cargo, además, la causa sobre la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y la iniciada para que se investiguen en el país los hechos denunciados en los pedidos de extradición de Baltasar Garzón.
Servini de Cubría se excusó de seguir adelante con la investigación de la ESMA porque el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, uno de los eventuales acusados, fue empleado suyo en un juzgado. Torres de Tolosa no figura entre los represores que estaban procesados en la causa ESMA, pero sí entre los acusados por el juez Garzón. El ex marino Adolfo Scilingo lo señaló como uno de los colaboradores del dictador Emilio Eduardo Massera y aseguró que participó en los vuelos de la muerte. La investigación sobre la ESMA estaba avanzada cuando fue archivada por las leyes de impunidad ypor eso se especulaba con que se produjeran detenciones en un corto plazo. Sin embargo, por ahora se demora la designación definitiva del juez que se hará cargo del expediente.
Torres debe definir si eleva la excusación de Servini para que la defina la Cámara o acepta el planteo de la jueza. En este último caso, le mandaría “por compensación” otra causa. El magistrado, además, tomará en estos días las primeras medidas para impulsar la investigación abierta por los mismos hechos por los que Garzón había procesado a los 46 represores por genocidio, terrorismo y torturas. El magistrado pedirá toda la documentación que el juez español le había ofrecido al juez Rodolfo Canicoba Corral para que mantenga presos a los militares.