Sin reuniones previstas en Nueva York para lo que resta de la semana, el juez del Distrito Sur, Thomas Griesa, analizará las solicitudes de las cámaras compensadoras para que libere el cobro de los vencimientos de la deuda argentina, cuyos fondos el Gobierno depositó el 26 de junio último. Griesa retomó ayer sus funciones en el juzgado de Manhattan, en donde lo esperaban los documentos de los distintos bancos con el pedido de aclaración de sus órdenes que mantienen trabados los fondos. El 30 de este mes vence el período de gracia para que los bancos intermediarios habiliten el cobro a los tenedores sin que se incurra en un incumplimiento. Esta semana no se prevén nuevas reuniones de funcionarios argentinos con el mediador Daniel Pollack. La posición argentina de que Griesa establezca un stay –medida cautelar suspensiva de la sentencia– fue reiterada a Pollack como condición para negociar sin las presiones de un eventual default técnico. En tanto, el país continúa recibiendo apoyo de distintos sectores, como el caso de la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y La Red de Mercociudades.

Griesa interrumpió esta semana sus vacaciones de verano (boreal) con el objetivo de seguir de cerca la negociación entre los representantes del Estado argentino y un grupo de fondos buitre para acordar una solución al fallo que obliga al país a salvar una supuesta discriminación entre acreedores. Desde el tribunal de Nueva York se confirmó además que todavía no hay reunión agendada por el tema, aunque en Economía sostienen que hay contactos telefónicos permanentes con el special master, Daniel Pollack, quien cobrará a razón de 12.000 dólares por día por sus servicios. La cuenta ya lleva 225 mil, que pagarán en partes iguales la Argentina y los buitres.

Durante la reunión anterior, que encabezó el secretario de Finanzas, Pablo López, el Gobierno dejó en claro al mediador la necesidad de una suspensión del fallo, el cual agrega que la supuesta discriminación debe salvarse cuando la Argentina pague algún compromiso de deuda reestructurada. Sobre esa base, Griesa emitió una serie de órdenes que bloqueó a los tenedores del Discount cobrar los vencimientos del 30 de junio último, pese a que el Estado argentino depositó los fondos. Kicillof participó ayer de la reunión de los Brics (ver aparte) con la Unasur, y hoy arriba al país para recibir al presidente chino, Xi Jinping, quien llega pasado mañana.

En su ausencia arribaron distintos pedidos en el despacho de Griesa para que destraben los fondos propiedad de los tenedores de deuda argentina con legislación que no sea estadounidense. En ese listado se inscriben las compensadoras europeas Euroclear y Clearstream y el JP Morgan Chase por el lado de los bonistas japoneses. En todos los casos se argumenta que el magistrado neoyorquino excedió la jurisdicción de sus órdenes. El primer pedido lo hizo la filial local del Citibank, quien fue autorizado por Griesa, antes de irse de vacaciones, para que habilite el cobro a bonistas con títulos en pesos y legislación argentina. Los buitres presentaron el fin de semana, previo a la vuelta del juez, un escrito en el que solicitan rechace los pedidos de aclaración y modificación de las órdenes impartidas.

“Es imperativo buscar un puente de cobertura legal que brinde protección para los pagos de los bonos reestructurados. Dicho puente no puede construirlo Argentina por sí misma, sino que necesita de los litigantes y del juez Griesa”, explican desde el estudio Garrido. En las dos reuniones que la semana pasada mantuvieron los secretarios de Legal, Federico Thea, y de Finanzas, Pablo López, con el negociador, se insistió en la necesidad de que Griesa instruya nuevamente el amparo permitiendo que los bonistas puedan cobrar. Establecido el stay se impide que Argentina a fin de mes caiga en default. Mientras tanto, y hasta que se establezca una fecha para una nueva reunión en Manhattan, continuarán los intercambios con el mediador en forma telefónica.

Por su parte, el bufete Bingham McCutchen está organizando lo que denomina un grupo ad hoc de otros acreedores no reestructurados y los invitó a unirse a sus esfuerzos para una posible negociación. Desde la SELA se insistió en la necesidad de que los acuerdos alcanzados entre acreedores y deudores en el marco de los procesos de reestructuración de las deudas soberanas sean respetados, La Red de Mercociudades emitió una declaración que advierte los riesgos que el fallo de Griesa conlleva para el sistema financiero internacional.